El Mercurio
El litio, conocido como el oro blanco del siglo XXI, es un elemento clave en la fabricación de baterías de ion litio, esenciales para dispositivos electrónicos como smartphones, computadores y vehículos eléctricos. Chile tiene un 41% de las reservas mundiales, seguido por Australia (25,4%), Argentina (9,8%) y China (6,7%), según datos del Banco Central.
En conjunto con Argentina y Bolivia, forma parte del Triángulo del Litio, hogar del 60% de las reservas globales de este mineral, recurso estratégico para la transición energética, explica Jorge Sahd, director del Centro de Estudios Internacionales de la UC.
Sin embargo, en Chile desde 1979, el litio no es concesible. 'A diferencia de la mayoria de los recursos minerales, el litio tiene en Chile la calidad de inconcesible, de manera que el concesionario minero que es propietario de concesiones otorgadas con posterioridad a la reserva del litio para el Estado -en 1979- no tiene derecho a explorar ni explotar litio en el área de su concesión de manera independiente y amparado únicamente en las concesiones mineras de las cuales sea propietario', explica Felipe Allende, socio a cargo de la práctica minera de Barros & Errázuriz.
Pese a que, en abril de 2023, el Gobierno dio a conocer la Estrategia Nacional del Litio, un plan para que el Estado de Chile participe en su actividad productiva mediante colaboraciones público-privadas, 'de ella no se han derivado modificaciones al marco legal aplicable al litio', afirma Allende.
La nueva estrategia declara como uno de sus objetivos el liderazgo mundial de Chile, articulándose con actores nacionales e internacionales. Sin embargo, 'no incentiva la entrada de nuevos actores, y la participación mayoritaria del Estado en los proyectos público-privados lo hace poco atractivo para un inversionista extranjero. La excepción estaría en la inversión china, cuyo 'capitalismo estatal' lo hace operar con lógicas distintas y cuya presencia en las exportaciones chilenas —más del 40%— le da un mayor poder de negociación con el Estado chileno', menciona Sahd.
'El gobierno debería flexibilizar su propuesta inicial y aceptar que, en algunos proyectos de explotación, el Estado no necesariamente deba ser mayoritario o parte de la propiedad. Así Chile podrá incentivar la participación de privados en igualdad de condiciones', agrega Sahd.
Chile es el segundo productor del mundo de litio, y sobre el 90% del total a nivel nacional está en el salar de Atacama. Corfo es la propietaria de sus activos mineros y mantiene contratos de arriendo y de explotación con dos compañías: la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) y Albemarle Corporation, ambas otorgadas antes de que el litio fuera declarado inconcesible.
'Dichos contratos establecen tanto los mecanismos para la generación de recursos en beneficio del país como una serie de parámetros asociados a la operación que, además, es consistente con las respectivas resoluciones de calificación ambiental respectivas y los acuerdos vigentes con las comunidades locales', comenta Claudio Maggi, gerente de Asuntos Estratégicos de Corfo.
Hace 40 años, Albemarle realizó la primera producción de litio en Chile, de la mano de Corfo. En 2016, firmó un nuevo acuerdo con la entidad, vigente hasta 2043. Este contrato establece una serie de exigencias, por ejemplo, 'pagamos la mayor comisión por kilo de carbonato de litio vendido a nivel mundial, superior en más de un 300% a la de otros países. Esta comisión puede llegar hasta el 40% sobre el precio de venta del producto', afirman desde Albemarle Chile.
La Nueva Era del Litio —que promueve una transición energética justa y la sostenibilidad de sus operaciones— es un gran desafío para Albemarle, ya que implica encontrar nuevas fuentes de agua y el estudio de tecnologías que ayuden en la transición hacia tecnologías de extracción directa de litio (DLE). Desde la empresa explican que es crucial colaborar con otros para viabilizar el acceso de agua desalada de mar a la cuenca del salar de Atacama.
Desde el punto de vista regulatorio, el desafío está 'en el uso del agua en el proceso asociado a la explotación del litio y su impacto en ambientes inestables como los salares del norte, que en algunos casos contienen altas concentraciones de este mineral', explica Allende.
El panorama de SQM es otro. Su contrato con Corfo vencía en 2030, por lo que con Codelco crearon un joint venture, una nueva empresa en la que Codelco poseerá el 50% más una acción, lo que le permitirá al Estado tener la mayoría accionaria desde enero de 2025, un punto defendido por el Ejecutivo. Esto autoriza a Codelco a utilizar el know how y la tecnología de SQM.
Hasta 2030, SQM tendrá la mayoría de los votos en las juntas de accionistas y el poder para dirimir empates en votaciones de directorio. Y desde enero de 2031, Codelco tendrá la mayoría de un directorio impar y la mayoría de los votos en las juntas de accionistas. La nueva empresa tendrá los derechos en el salar de Atacama hasta 2060, y cada parte recibirá como beneficios económicos la prorrata correspondiente a su participación accionaria.
