El Mercurio
Durante la discusión sobre el preámbulo del proyecto constitucional, Jorge Baradit (Frente Amplio), al hablar sobre si incluir una mención sobre los pueblos originarios, afirmó que estos 'trascienden nuestras fronteras (...) son más grandes que nuestros territorios: el pueblo aimara va a Argentina, va a Bolivia; el pueblo quechua continúa hacia Perú; el pueblo mapuche hacia Argentina'.
Finalmente, el preámbulo solo menciona 'el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones', pero a continuación la propuesta declara en su primer artículo que Chile 'es plurinacional, intercultural, regional y ecológico'; y más adelante dice que 'la soberanía reside en el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones', que son las mapuche, aimara, rapanuí, lickanantay, quechua, colla, diaguita, chango, kawésqar, yagán, selk'nam 'y otros que puedan ser reconocidos en la forma que establezca la ley'.
Y si bien el texto señala que 'Chile, en su diversidad geográfica, natural, histórica y cultural, forma un territorio único e indivisible' y reconoce 'la coexistencia de diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado', a su vez señala que se 'facilita el contacto y la cooperación transfronteriza entre pueblos indígenas', para algunos expertos, esta forma de abordar la plurinacionalidad podría tener consecuencias de alcances internacionales hasta ahora inadvertidas.
José Rodríguez Elizondo, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2021, opina que 'puede que los convencionales mayoritarios hayan pensado solo en términos domésticos. Esto es, en crear un nuevo bloque histórico en el poder, para decirlo en términos gramscianos. De ser así, omitieron el inevitable impacto internacional de un Chile despotenciado'.
Argumenta que 'las naciones son el fruto de una evolución larga, que funde la diversidad social de originarios y afuerinos en un mínimo común. Este comprende, entre otros factores, territorio demarcado y defendible, autoridad reconocida, lingua franca, historia recordable y futuro proyectado (...), tales realidades no están en la propuesta'.
Similar visión tiene Óscar Godoy Arcaya, miembro de número de la Academia Chilena de Ciencias Sociales Políticas y Morales, exembajador de Chile en Italia (2014-2019), quien opina que en el texto 'no aparecen los límites (explícitos) (...) puede ser por incompetencia de algunos constituyentes, pero lo que quedó en la propuesta es muy insuficiente'.
El texto de la Convención entrega derechos a los pueblos indígenas; por ejemplo, como el que deban entregar su consentimiento en decisiones territoriales que afecten sus derechos establecidos en la Carta y la restitución de tierras y territorios a través de la expropiación como mecanismo preferente. Al omitir que se trata de los pueblos establecidos dentro del territorio nacional, Godoy proyecta que es posible que en las siguientes tres a cuatro décadas, los pueblos indígenas 'promuevan un movimiento de autodeterminación que traspase las fronteras, pues en otros países vecinos hay etnias similares en la misma posición, como en Perú y Bolivia'.
Argumenta que 'existe un proyecto de crear un Estado federal plurinacional en el corazón de América del Sur, un Estado indigenista tomando parte de Perú, Bolivia y el norte de Chile. Es un proyecto atractivo y muy peligroso', asevera.
Godoy se refiere a Runasur, iniciativa impulsada por el expresidente de Bolivia Evo Morales, nacida en 2020. En noviembre pasado, el sitio web argentino Canal Abierto publicó que un encuentro de Runasur 'terminó con la aprobación de una declaración que ratifica el apoyo a las organizaciones originarias que luchan en defensa de sus territorios, particularmente las comunidades mapuches en Argentina y Chile'.
La siguiente reunión se realizaría en diciembre pasado en Perú, pero se canceló luego que exministros de Relaciones Exteriores de dicho país acusaran que Runasur 'propone desmembrar al Perú otorgando a Bolivia una salida soberana al Pacífico y así conformar una ‘nación aimara' como extensión territorial boliviana'. La idea de 'nación aimara' se ha relacionado también con Álvaro García Linera, exvicepresidente de Bolivia.
Sobre el punto, Rodríguez Elizondo es claro: 'Runasur pretendía interrumpir la contigüidad geográfica y geopolítica entre el Perú y Chile, establecida en el tratado de 1929. Como la Constitución plurinacional de Bolivia ya había invalidado el tratado con Chile de 1904, se esfumaba el estatuto jurídico de la paz post Guerra del Pacífico. Nada menos. Fantásticamente, esto no se comentó ni debatió en la Convención ni mereció una alerta de nuestras autoridades'.
También entre Chile y Argentina hubo un altercado en marzo, luego que la ministra del Interior, Izkia Siches, utilizara el concepto Wallmapu y 13 diputados argentinos criticaran esta referencia, pues este hace alusión a territorios de ambos países. La secretaria de Estado tuvo que rectificar.
'Preexistentes'
Esta interpretación del texto constitucional es descartada por exconvencionales representantes de pueblos originarios. Luis Jiménez (aimara) argumenta que la propuesta establece en sus disposiciones transitorias que las leyes seguirán vigentes y la Ley Indígena dice que se considerarán como tales las personas de nacionalidad chilena que sean hijos de padre o madre indígena, descendiente de alguna etnia indígena que habite el territorio nacional y quienes mantengan rasgos culturales de alguna etnia indígena.
'Sin perjuicio de que muchos pueblos somos transfronterizos, la plurinacionalidad establecida en esta propuesta de Constitución solo es para los pueblos y comunidades originarias de este territorio', dice Jiménez y agrega que, de lo contrario, no hubiera sido necesaria una norma sobre la cooperación transfronteriza.
Aunque no lo explicite el texto constitucional, Isabella Mamani (aimara) asegura que 'los derechos reconocidos en la propuesta de Constitución están dispuestos para ejercerlos solo los pueblos originarios de Chile; no podrían ejercerlos los indígenas de otros países'. Por su parte Wilfredo Bacián (quechua) dice que 'en ningún caso hermanos quechuas de otros países pueden interferir en dichos procesos'.
A juicio de Sebastián Donoso, académico de la U. Católica, la propuesta 'reconoce la coexistencia de diversos pueblos y naciones ‘en el marco de la unidad del Estado', y agrega un reconocimiento a 11 pueblos y naciones indígenas ‘preexistentes', lo que debe entenderse ‘como preexistentes al Estado de Chile. Si bien no se indica expresamente que el reconocimiento se refiere a los pueblos indígenas de Chile, no cabe sino interpretarlo de esa forma, dadas las normas ya citadas y considerando que se trata de la Constitución Política del Estado de Chile'.
La académica de la U. de Concepción Jeanne Simon cree que 'a pesar de que sean transfronterizos', representantes de pueblos originarios de otros países no podrían reclamar los derechos establecidos en Chile y asegura que el Estado chileno tampoco aceptaría este tipo de interpretaciones.
