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Semanalmente, todos los viernes en la mañana, y durante dos meses, los profesores de Derecho Constitucional de la UC, Alejandra Ovalle (Presidenta), José Luis Cea, Arturo Fermandois, Germán Concha, Juan José Romero, Cecilia Rosales, Sebastián Soto y Francisco Javier Urbina (secretario), se reunieron para analizar la propuesta final de nueva Constitución.
Finalmente, estos siete académicos —de los 47 que conforman el Departamento de Derecho Público de la Facultad— llegaron a un texto final, que será dado a conocer mañana a la opinión pública.
'La reflexión que se expresa en estas páginas intenta recoger lo mejor de nuestra valiosa tradición constitucional, a la vez que se abre a los cambios e ideas novedosas que contribuyan a un genuino progreso en la búsqueda del bien común', dicen en la introducción.
En 30 páginas, el documento expone un análisis técnico —en equivalente lenguaje— de lo que definen como los cinco principios fundamentales del constitucionalismo: la dignidad de la persona humana y sus derechos; la soberanía, Estado e integración internacional; la democracia; el Estado de Derecho, y la separación de poderes, controles y contrapesos.
En los diversos puntos, los académicos advierten sobre algunos temas centrales de la nueva Carta Magna. Por ejemplo, sobre la plurinacionalidad, señalan que 'no se trata del necesario reconocimiento de los pueblos originarios y sus respectivas culturas, tradiciones y cosmovisiones, sino de la afirmación, por primera vez en la historia constitucional chilena, de que no existe una sola nación, forjada a lo largo del tiempo y a partir de la contribución de personas y grupos distintos, sino de varias naciones basadas en consideraciones étnicas'. Además, agregan que 'esto genera el riesgo de una soberanía fragmentada entre el Estado de Chile y los pueblos o naciones indígenas'.
También miran con preocupación la eliminación del Senado. 'Con el término de este se pierde un elemento central del sistema de controles y contrapesos, el que no es reemplazado adecuadamente por la Cámara de las Regiones. La existencia de dos cámaras ha sido tradicionalmente una forma de control del poder, ayudando a prevenir que una mayoría política del momento subvierta la institucionalidad democrática'.
En la misma línea, el análisis de los académicos da cuenta de que la nueva propuesta constitucional 'no avanza en el fortalecimiento de los partidos políticos, desatendiendo un importante elemento del diagnóstico sobre el régimen político vigente'. Advierten que el rol de estos puede ser asumido por agrupaciones o movimientos sociales, un escenario que califican como 'altamente perjudicial para el funcionamiento del sistema democrático, pues inevitablemente debilitaría a los partidos, actores insustituibles en una democracia representativa, en cuanto tienen un importante rol en la mediación y procesamiento de intereses políticos con una mirada de conjunto respecto de los problemas que aquejan a la sociedad'.
Un tema en el que la crítica es fuerte es en el derecho al aborto que elabora la propuesta. 'La omisión de los derechos del niño que está por nacer es especialmente grave por cuanto la propuesta contiene un amplio reconocimiento a los derechos sexuales y reproductivos, incluida la interrupción voluntaria del embarazo (art. 61.2). Como se explica más adelante, esta norma constitucionaliza un derecho al aborto en Chile —un serio atentado a la dignidad de la persona humana que adquiere rango constitucional'.
Entre las cosas que valoran del nuevo texto, están la inclusión de personas vulnerables y especialmente desfavorecidas, el reconocimiento de los pueblos indígenas, la profundización de la participación ciudadana y la existencia de algunos mecanismos de democracia directa.
Siete profesores de Derecho Constitucional, de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, analizaron durante dos meses la propuesta de nueva Constitución, trabajo que concluyó en un texto de 31páginas titulado: 'Análisis de la propuesta de nueva Constitución a la luz de principios del constitucionalismo'. Se trata de los docentes Alejandra Ovalle, José Luis Cea, Germán Concha, Arturo Fermandois, Juan José Romero, Cecilia Rosales y Sebastián Soto (lea el texto completo en foroconstitucional. uc.cl o en bit.ly/3pAKInt). Aquí, algunos de sus comentarios en temas que han generado debate:
Enseñanza y salud
Los constitucionalistas advierten en la propuesta un 'debilitamiento de ciertas libertades y derechos individuales cruciales' como abrir, organizar y mantener colegios, privando así a la sociedad de la libertad de enseñanza. En materia de salud, observan que 'la propuesta de nueva Constitución deja la participación de clínicas, médicos y otros prestadores privados a la discreción del legislador'. Concluyen que en estas y otras materias 'el Estado eclipsa el rol de la sociedad civil y de la iniciativa privada en asuntos de relevancia pública'.
Derechos de la naturaleza
Sobre la naturaleza como sujeto de derecho, comentan que 'se trata de un cambio de paradigma con efectos jurídicos difíciles de predecir', porque la actividad humana en general y los derechos de las personas 'pueden entrar en conflicto con alguna forma de preservación de la naturaleza'.
Aborto
Sobre el aborto los docentes UC observan que 'la preocupación de la propuesta por la protección de los más vulnerables no se condice con la exclusión de la persona en gestación, la primera de las vulnerables', y agregan que esto contrasta con la protección especial que la propuesta entrega a los animales, la naturaleza, las aguas, glaciares y humedales.
Plurinacionalidad
El análisis destaca el reconocimiento a los pueblos indígenas, pero advierte que la noción de plurinacionalidad 'no se trata del necesario reconocimiento de los pueblos originarios y sus respectivas culturas, tradiciones y cosmovisiones, sino de la afirmación, por primera vez en la historia constitucional chilena, de que no existe una sola nación. Esta afirmación genera el riesgo de una soberanía fragmentada entre el Estado de Chile y los pueblos o naciones indígenas'. Respecto al pluralismo jurídico consideran que 'la jurisdicción indígena envuelve una compleja implementación, incrementa las posibilidades de conflicto y genera elevados grados de inseguridad jurídica'. Agrega que 'aunque la propuesta enuncia la coexistencia de diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado, no contiene elementos unificadores que afirmen dicha unidad en reemplazo de la idea de nación, que ha jugado dicho rol durante toda nuestra historia republicana'.
Fin del Senado
'Especial preocupación' causa en los expertos el término del Senado: 'La existencia de dos cámaras ha sido tradicionalmente una forma de control del poder, ayudando a prevenir que una mayoría política del momento subvierta la institucionalidad democrática', dicen y añaden que las menores atribuciones de la Cámara de las Regiones hacen de ésta un débil contrapeso y que, por el contrario, su fortalecimiento 'contribuye a frenar eventuales tentaciones populistas y autoritarias'.
Partidos políticos
Los abogados concluyen que la propuesta 'no avanza en el fortalecimiento de los partidos políticos', que el texto evita referirse a ellos y los llama 'organizaciones políticas'. Cuestionan si la propuesta abre la posibilidad a que 'el rol que tradicionalmente han cumplido los partidos pueda ser asumido por agrupaciones o movimientos sociales. Este escenario sería altamente perjudicial para el funcionamiento del sistema democrático', alertan y agregan que 'la democracia no puede descansar –ni exclusiva ni primordialmente– en entidades que se crean, justifican y operan en torno a intereses y causas específicas'.
'Precio justo'
Los docentes observan que, por ejemplo, en el derecho a la propiedad 'un aspecto especialmente sensible para la certeza jurídica es el de las garantías ante una eventual expropiación', al mencionar el derecho a una indemnización por el 'precio justo', término que consideran 'vago e impreciso'.
Consentimiento indígena
En la consagración del consentimiento indígena observan que 'la seguridad jurídica también se ve afectada en un nivel importante', en las materias o asuntos reconocidos por la Constitución que los afecten, y consideran que la norma no sólo excede el Convenio 169 de la OIT, sino que 'es incierta respecto de su alcance'.
Derechos redundantes
Destacan que se reconozca la dignidad de los seres humanos como un 'valor intrínseco e irrenunciable', pero advierten que hay 'una referencia redundante a derechos de ciertos grupos, para reconocerles, en diversas ocasiones, los mismos derechos de todas las personas'.
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