Diario Financiero
¿Participación orientadora o vinculante? Las dudas en torno a la democracia ambiental y los derechos de la naturaleza
Una histórica elección se llevará a cabo el próximo 4 de septiembre: las y los chilenos decidirán si aprobar o rechazar la propuesta de nueva carta magna en la que ha trabajado sin parar la Convención Constitucional en los últimos diez meses. Si bien aún falta que la Comisión de Armonización entregue la versión definitiva de texto a la ciudadanía, ya se desprenden ciertas preguntas de algunos artículos aprobados hasta el cierre de abril por el pleno del organismo y que configuran el borrador del documento.
Diario Financiero reunió el lunes a cuatro abogados y abogadas constitucionalistas para analizar seis dimensiones de particular interés. Aunque hay muchas otras aristas que abren debates respecto al Chile del futuro -esta semana se sumaron muchas más-, para este primer ejercicio se decidió priorizar artículos con impacto en la organización del Estado, la democracia, la economía y los negocios.
Marisol Peña, Tomás Jordán, Claudia Sarmiento y José Francisco García intercambiaron impresiones sobre la aplicación y los bordes que tendrán tópicos relativos a plurinacionalidad e interculturalidad, Estado regional, democracia directa, propiedad privada, derechos de la naturaleza y pluralismo jurídico. En la conversación se identificaron avances que significan ciertas propuestas, así como inquietudes sobre los tiempos de implementación de algunos mecanismos.
La sequía y el calentamiento global, entre otros fenómenos, han generado un mayor interés de las personas por la salud del medioambiente. Y con este telón de fondo, que se ha traducido en una demanda de más información sobre lo que ocurre en determinadas zonas y territorios, el tema se instaló en la Convención Constitucional.
De hecho, uno de las materias que ha cruzado el debate de la nueva carta magna se relaciona con los derechos de la naturaleza y su protección, aspecto valorado por los abogados reunidos por DF, los que -no obstante- advierten que hay materias que se deben precisar.
Algunas interrogantes, por ejemplo en cuanto a funcionamiento y grado de incidencia de la opinión de los actores, se generan a partir del reconocimiento que ya está en el borrador de la Constitución del derecho de participación informada en materias ambientales.
Para Claudia Sarmiento, al momento de analizar este tema, se debe tener presente que el aterrizaje concreto será resuelto a través de una legislación. Aun así, para ella este tema eleva la relevancia de que las comunidades sean partícipes de los proyectos, lo que tiene aspectos positivos y negativos.
Por el lado crítico, repara en que evidentemente los tiempos de tramitación serán otros, pero en lo positivo destaca que la participación de las comunidades les dará más viabilidad y sostenibilidad a los proyectos de largo plazo.
Marisol Peña considera natural que la ausencia de los mecanismos de participación genere interrogantes. Con todo, para ella lo clave es resolver qué tanta incidencia tendrá ese proceso en materia medioambiental al momento de resolver el futuro de una iniciativa.
'¿Las decisiones van a ser orientadoras de la política o van a ser vinculantes de la política? Hay una gran diferencia entre una y otra alternativa', plantea.
Sus interrogantes son compartidas por los otros abogados convocados.
La decisión del pleno de que la naturaleza sea titular de derechos es otro aspecto que genera inquietud, pues se cruza con otras dimensiones y entidades.
'Es un derecho de los nucleares', dice Tomás Jordán, agregando que a su juicio es un tema que reordena la relación que hay constitucionalmente entre Estado, personas y mercado. 'Ese es un reequilibrio que se tiene que volver a escribir a partir de la entrada en vigor de la Constitución', advierte.
Para Peña, esto supone un cambio en la tradición que se venía observando en el constitucionalismo chileno, que desde su punto de vista era 'antropocéntrico', centrado exclusivamente en la persona. Sin embargo, la experta recalca que esto en la práctica se traducirá en que las ONG o personas con intereses relacionados a la protección de la naturaleza, la representen.
Para José Francisco García, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza cambia el entendimiento convencional acerca de los derechos fundamentales, acerca de la titularidad estos, la que -desde su perspectiva- 'ahora se expande a nuevas categorías, incluyendo personas naturales, jurídicas, colectivos, la naturaleza'.
A esto, dice, se suma la cuestión de diseño institucional: quién está legitimado para intervenir en la protección de la naturaleza.
De hecho, esta semana el pleno de la Convención aprobó la creación de una Defensoría de la Naturaleza, propuesta por la Comisión de Sistemas de Justicia, la que 'tiene entre sus roles institucionales proteger los derechos de la naturaleza y ambientales', detalla el académico de Derecho UC sobre las funciones del futuro organismo.
_
Por años se ha ido profundizando el desprestigio de la democracia representativa y sus instituciones, de la mano de 'cierta incapacidad del sistema' de recoger demandas que han sido protagónicas del proceso constituyente, como regionalización, pueblos indígenas o paridad.
Este diagnóstico comparten los constitucionalistas reunidos por DF, quienes explican que el borrador de la nueva Constitución no busca eliminar el sistema representativo, sino actualizarlo hacia uno con más instancias de participación que las elecciones actuales, cada cuatro años.
Tomás Jordán, académico de la Universidad Alberto Hurtado, dice que la discusión constituyente ha relevado el rol de la representación. 'Va a haber una mixtura de un modelo en que va a ser representativo, pero que requiere oxigenarse a través de estos instrumentos particulares definidos o por la Constitución o por la ley, porque es una discusión pendiente', señala.
Un cambio más profundo concibe Claudia Sarmiento, profesora de la misma casa de estudios, quien sugiere que las propuestas sobre democracia directa 'están asociadas a un concepto de igualdad en la participación política' que, desde su perspectiva, 'es el principio que inspira estos cambios'.
Citando la experiencia comparada, Marisol Peña, investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad Del Desarrollo, explica que países que han tenido procesos constituyentes participativos y ciudadanos -como Colombia- se han inclinado por respuestas similares a la nacional, con mecanismos como la iniciativa popular de ley. Pero advierte que, según lo que ha conversado con académicos colombianos, el proceso generó grandes expectativas al comienzo, pero progresivamente 'el péndulo se ha ido volviendo nuevamente hacia la representación más clásica', ya que estos modelos de participación directa 'terminaban igualmente siendo manipulados por fuerzas políticas'.
José Francisco García, de la Universidad Católica, considera que 'hay buena sinergia entre la democracia representativa y la democracia directa a la hora que se implementan los mecanismos de democracia directa'. Pero alerta que le preocupa 'la capacidad que tenga un caudillo en tratar de echar mano con estos mecanismos para tratar de esquivar en particular el Congreso Nacional'.
El rol de los partidos
Pese a su desprestigio, el grupo destaca la importancia de tener partidos políticos robustos para el buen funcionamiento de la democracia. De hecho, ponen una nota de alerta sobre la homologación entre partidos y movimientos políticos para participar justamente en el sistema político, que se vota hoy en el pleno de la Convención.
Peña enfatiza que las organizaciones políticas deben estar reguladas de forma similar a los partidos, y advierte que, si esto no ocurre, en lugar de favorecer una mayor participación y articulación de demandas postergadas 'se podría favorecer el clientelismo'. Sarmiento coincide, y suma la preocupación de que los espacios no regulados podrían llegar a ser cooptados por fenómenos de criminalidad o narcotráfico.
García añade al debate las diferencias que podrían darse entre la política nacional y regional. Afirma que no tiene problema con que haya una Cámara de las Regiones, pero señala que se va a armar un 'subsistema de política regional que va a tener muchos efectos distintos de la política nacional', considerando el Senado no formaría parte del cuadro.
También puntualiza en el número de partidos políticos que persistirían al alero de la nueva Constitución. 'Ese número es clave y es lo que permite cierta gobernabilidad en un presidencialismo atenuado, donde va a tener más fuerza la cámara política que el Presidente', señala.
