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Cada semestre comienzo mi curso de Derecho Internacional Público reflexionando sobre qué es el Derecho Internacional, si acaso califica o no como «verdadero Derecho» y cuál es su importancia para las relaciones entre los estados. Todos estos temas admiten discusión: hay quienes apuntan a la ausencia de mecanismos e instituciones para que el Derecho Internacional haga cumplir sus normas y sancione a quienes las vulneran; y están quienes desestiman su relevancia argumentando que los estados más poderosos no cumplen con el D.I. o, en el mejor de los casos, lo hacen selectivamente.
La invasión de Ucrania por las tropas rusas desde el pasado 24 de febrero no ha hecho más que intensificar estos cuestionamientos: lo que ocurre en el este de Europa demostraría, una vez más, la irrelevancia e ineficacia del sistema jurídico internacional. ¿Pero es tan así?
Como saben estudiantes y profesores de Derecho Internacional, Louis Henkin afirmó en 1979 que «casi todos los Estados cumplen casi todos los principios de derecho internacional y casi todas sus obligaciones internacionales casi todo el tiempo» [1]. En otras palabras, si bien existe un porcentaje de normas del D.I. que son violadas, éste sería una cantidad menor, incomparable con la abrumadora mayoría de obligaciones que los Estados sí cumplen cotidianamente. Lo que genera la impresión de que el Derecho Internacional es ampliamente vulnerado es que las transgresiones a sus normas fundamentales van de inmediato a las portadas de los diarios ―y con justa razón―, mientras que su operación diaria pasa inadvertida. Además, cabe recordar que el Derecho Internacional no sólo regula el uso de la fuerza, los derechos humanos y el cuidado del medioambiente, por nombrar algunas materias de alto perfil donde el incumplimiento de algunas de sus normas causa mucho interés público, sino que también se ocupa de temas como el comercio, la salud, las telecomunicaciones, el tráfico aéreo y espacial, el mar y el uso de sus recursos, entre otros. Muchas de las reglas internacionales referidas a estas materias inciden en nuestras actividades y se cumplen de forma cotidiana, aunque no lo notemos.
Lo anterior no mitiga el hecho de que en el actual conflicto entre Rusia y Ucrania el Derecho Internacional parece estar siendo violado sin contemplación, como si sus normas no jugaran ningún rol ante el poder de la fuerza militar. Sin embargo, los hechos de estos días demuestran otra cosa. Para partir, Vladimir Putin no inició su «operación militar especial» sin antes intentar justificarla jurídicamente. Primero, reconoció como estados soberanos independientes a las repúblicas de Donetsk y Lugansk, anunciando tratados de amistad y cooperación con ellas. Luego, justificó el ingreso de las tropas rusas a Ucrania en la necesidad de poner fin al «crimen de genocidio» que ese país estaría cometiendo contra los rusos y prorrusos residentes en la región del Donbás.
Por su parte, la respuesta de la gran mayoría de la comunidad internacional de estados también se ha basado en principios del Derecho Internacional: la agresión rusa sobre Ucrania es condenable pues viola normas fundamentales, tales como la prohibición del uso de la fuerza y el respeto por la integridad territorial de los estados, ambas establecidas en la Carta de las Naciones Unidas. Así lo afirmaron el pasado 2 de marzo 141 de los 193 estados que forman parte de la ONU, al aprobar una resolución en la Asamblea General que condena la agresión rusa sobre Ucrania (cabe destacar que, en 2014, la resolución del mismo organismo que condenó la anexión de Crimea por parte de Rusia fue aprobada por sólo cien del total de estados, y que lo ocurrido hace algunos días fue considerablemente más contundente).
Vemos, entonces, cómo el Derecho Internacional no sólo fue considerado lo suficientemente relevante como para que Putin intentara revestir de legalidad sus acciones con éste, sino que además proveyó el estándar y el lenguaje común utilizados para abordar y condenar transversalmente la acción.
Pero el rol del Derecho Internacional no queda ahí. Si bien es efectivo que la capacidad del sistema jurídico internacional para juzgar y sancionar violaciones a sus normas no se asimila a la de los sistemas nacionales, ello no significa que ésta no exista ni que no pueda tener efectos en los estados involucrados. De hecho, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ya está conociendo de un caso presentado por Ucrania que busca su pronunciamiento sobre lo que está ocurriendo en su territorio. En un primer momento, Rusia no se presentó ante la Corte, quizás por estimar que su posición es vulnerable de sufrir una derrota que signifique aumentar aún más la presión en su contra. A fin de cuentas, la CIJ es el tribunal internacional más importante, y Rusia ha comparecido ante ella previamente (por ejemplo, cuando en 2011 obtuvo un resultado favorable a sus pretensiones en Georgia). Pero el pasado 7 de marzo Rusia decidió manifestarse presentando un escrito que nuevamente intenta justificar legalmente su invasión de Ucrania y que además hace ver que este tribunal no tendría jurisdicción para conocer del caso (es posible inferir que si un pronunciamiento adverso de la Corte no tuviera ningún impacto sobre los cálculos rusos, difícilmente habrían enviado tal documento). Desde luego este juicio recién comienza, pero sus efectos ya se pueden ver: el miércoles de esta semana la Corte ordenó como medida provisional la suspensión de las actividades militares por parte de Rusia, lo que aumentará la presión sobre Putin y sus aliados.
Por otro lado, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció hace unas semanas que investigará los posibles crímenes de guerra que se estén verificando en territorio ucraniano. Si bien la CPI no tiene jurisdicción para procesar a rusos por el crimen de agresión (pues Rusia no es parte del Estatuto de Roma), sí la tiene para conocer de crímenes de guerra ocurridos en Ucrania, dado que este país autorizó antes dicha jurisdicción (en 2013 y en 2014; esta última sin limitación de tiempo). Ciertamente esta investigación y sus resultados son complejos y tomarán tiempo, pero ello no impide que puedan llegar a puerto ni que el efecto disuasivo que tiene la existencia de este tribunal afecte a los distintos actores. Además, la CPI podría estar especialmente motivada para actuar en este caso, ya que los acontecimientos en desarrollo en Ucrania le brindan una oportunidad para desmentir a quienes sostienen que la Corte se concentra sólo en enjuiciar lo que ocurre en países menos desarrollados y no actúa frente a hechos que involucran a ciudadanos de Estados más poderosos.
Así, a pesar de las tradicionales críticas a la juridicidad y relevancia del Derecho Internacional, éste ha jugado y seguirá jugando un papel importante en los acontecimientos desencadenados en Ucrania. Es cierto que las crudas imágenes que nos llegan en estos días motivan pedir aún más al respecto. Pero ello no desmiente que, ante éste y otras tragedias humanitarias provocadas por conflictos entre estados, el Derecho Internacional ofrece, a lo menos, un lenguaje globalmente compartido que permite enjuiciar y condenar los hechos, así como mecanismos que, si bien en ocasiones no producen efectos inmediatos, contribuyen a aumentar la presión sobre quienes violan sus normas.
