El Mercurio
Señor Director:
En la comisión de Sistemas de Justicia de la Convención Constitucional se realizaron recientemente diversas propuestas que, en su conjunto, se dice, intentan acercar la labor judicial a la realidad nacional y, especialmente, al avance académico, las que han sido motivo de análisis en estas páginas. Pero echo de menos un tema relevante, como es la uniformidad de la jurisprudencia, la cual tiene graves efectos en los ciudadanos, dado que es esencial en una democracia sana que los tribunales aseguren a la comunidad que todos serán juzgados por la misma vara.
La principal función de la Corte Suprema es desarrollar una jurisprudencia uniforme; sobre lo cual, cabe agregar, hay pleno acuerdo en la comunidad jurídica. No obstante, algunas salas y ministros de esa corte siguen incurriendo en la conducta contraria, como se ha puesto en evidencia en diversos estudios académicos sobre la materia, los que este diario ha dado a conocer en los últimos años.
Esta situación es de antiguo conocimiento de la opinión pública y de los tres poderes del Estado, pero hasta ahora la Corte Suprema (su Pleno) no se ha pronunciado ni adoptado decisión institucional alguna para enfrentarla; tampoco ha habido reacción alguna sobre la materia de parte del Congreso Nacional ni del Ejecutivo. A pesar de que esos tres poderes tienen competencias respecto de la conducta de los jueces.
Lo anterior es sorprendente, pues la jurisprudencia zigzagueante no es coherente con valores democráticos como la igualdad ante la ley y la certeza jurídica; y se supone que esos tres poderes deben cuidar esos valores. Nada los ha movido a reaccionar, lo que no es precisamente una contribución a la mejoría institucional. Se trata de un tema esencial que los convencionales constitucionales podrían agregar a su trabajo en la mencionada comisión. Quizá ellos sabrán captar mejor los valores que reclama la sociedad y que están ausentes de la actual regulación institucional de la jurisprudencia.
