La Segunda
Mientras avanza la acusación constitucional contra el Presidente Piñera a raíz de la venta de sus acciones en el proyecto minero Dominga en el 2010, dos grupos opositores pidieron la semana pasada que la iniciativa -aprobada en agosto pasado por la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo- sea vista por el Comité de Ministros, el órgano político liderado por el ministro del Medio Ambiente de turno y que da el visado final a las inversiones que buscan validar sus permisos ambientales.
Ambos recursos buscan nuevamente derribar el proyecto que tuvo una breve resurrección. Según fuentes del área ambiental del Ejecutivo, con estas reclamaciones la suerte de la minera no se definirá en este gobierno y el 'conflicto' llegará a la administración que asuma en marzo.
Los opositores a Piñera también coinciden con el cálculo de los plazos: 'El Comité de Ministros no va a sesionar para ver el proyecto', estima el exministro Marcelo Mena, quien lideró el comité que rechazó por primera vez a Dominga en el 2017, generando la renuncia del equipo económico liderado por Rodrigo Valdés.
El actual portavoz de Yasna Provoste recuerda que en caso de proyectos emblemáticos, las definiciones pueden tardar varios meses y hasta un par de años. Mena agrega que de ganar su abanderada, lo rechazará y formularán un área marina protegida en el área de influencia. En el caso de Gabriel Boric, la definición es la misma. En el comando de José Antonio Kast, dicen que el candidato aún no lo define.
Complejidades en el camino
A pesar de las intenciones de los presidenciables, los expertos adelantan que el proyecto no puede ser rechazado sin fundamentos legales.
'Con el escenario político actual, creo que se postergará la decisión del Comité de Ministros para el nuevo gobierno, pero el caso Dominga debiese ser revisado utilizando el marco normativo vigente', opina la socia de EeLaw Paulina Riquelme.
La especialista reconoce que siempre se ha hablado de aspectos políticos en el caso de Dominga, tanto en la administración Piñera como en la de Bachelet.
'Siempre va a existir un grado de componente político en toda decisión, pero como sociedad, debemos decidir qué porcentaje y cómo se ‘objetiviza' ese componente político', agrega.
El director de PPU Legal Jorge Femenías sostiene que se habría ahorrado mucho tiempo en la discusión de Dominga (que inició su tramitación en 2013) si es que hubiera un ordenamiento territorial previo a la instalación de proyectos en las distintas regiones. El profesor de la UC agrega que es claro que la definición del caso la deberá tomar el próximo gobierno. 'Como observador, creo que influirán demasiado los aspectos políticos y no creo que se tomen los aspectos técnicos como bandera de lucha', añade.
Sin embargo, Femenías aclara que el gobierno no tendrá la última palabra, ya que la empresa puede aún acudir al Tribunal Ambiental y a la Corta Suprema: 'Por eso, creo que Dominga será de largo aliento, por lo menos para unos tres años más'.
Por su parte, la socióloga experta en relacionamiento de proyectos de inversión Paula Troncoso sostiene que a pesar de que el caso Dominga tiene una muchas posibilidades legales de subsistir, la marca ya cuenta con 'una cicatriz'.
'Dominga está pidiendo algo legítimo, que es que se respete la legalidad vigente. Ellos pueden obtener su permiso ambiental, pero el problema es que no tienen viabilidad política, y no me refiero a política partidista, sino que reputacional. Hagan lo que hagan, les pondrán problemas. Y por el lado de Piñera, él ya está muy enredado con el proyecto, por lo que cualquier decisión que tome este gobierno, puede ser cuestionada en cuanto a su legitimidad. Por eso, de seguro será tema del próximo gobierno', concluye la consultora.
