La Tercera
Doce reconocidos académicos publicaron recientemente una propuesta para incorporar un nuevo crimen en el Estatuto de la Corte Penal Internacional: el ecocidio (el documento puede encontrarse en https://stopecocidio.org/). De acuerdo con el texto, el ecocidio consiste en “actos ilícitos o arbitrarios perpetrados a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medioambiente”. La iniciativa ha motivado un intenso debate en la comunidad jurídica internacional y también ha generado reacciones en nuestro país.
Los autores de la propuesta han señalado que esta busca contribuir a un cambio de conciencia en la humanidad que fortalezca la protección del medio ambiente. En este sentido, destacan el valor simbólico que tendría el establecimiento del crimen de ecocidio. Pero no todo sería simbolismo: según sus redactores, la propuesta también sería suficientemente pragmática para que los estados consientan en establecer este nuevo crimen y sea efectivo una vez aprobado.
Con todo, diversas voces han criticado la propuesta. No lo hacen oponiéndose al objetivo final —la protección del medio ambiente—, sino cuestionando la estrategia elegida para lograrlo. Por ejemplo, dudan del efecto disuasivo del Derecho Penal Internacional como herramienta para alcanzar propósitos medioambientales. Por otro lado, reprochan aspectos sustantivos de la definición propuesta. Estas críticas, que involucran incluso el nombre “ecocidio”, derivan principalmente de la dificultad conceptual y probatoria que supone que las acciones que dañan el medio ambiente típicamente no se realizan buscando ese objetivo en particular, sino que se vinculan a actividades que también producen efectos deseables. Entre otras cosas, este problema haría que el crimen de ecocidio sea muy difícil de probar y, en consecuencia, su utilidad práctica sea limitada.
En nuestro país, la propuesta generó dos respuestas concretas desde el Congreso. Primero, la Cámara de Diputados aprobó una resolución en que solicita al Presidente que Chile apoye la incorporación del crimen de ecocidio al Estatuto de la Corte Penal Internacional (Res. 1620). Segundo, un grupo de diputadas y diputados presentó un proyecto de ley que busca modificar el Código Penal incorporando el delito de ecocidio (Boletín 14537-12). El proyecto se encuentra actualmente en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Esta discusión continuará y habrá que ver cómo evoluciona tanto en su dimensión internacional como nacional. En el intertanto, es destacable que estemos en presencia de un debate que podría introducir cambios significativos en la forma como protegemos el medio ambiente desde el Derecho.
