El Mercurio
La abogada, académica de la Universidad Católica y expresidenta del Tribunal Constitucional (TC) Marisol Peña dice que, hasta el jueves pasado, era optimista respecto a cómo se estaba trabajando en la Convención Constitucional. Sin embargo, asegura que ese día se desordenó el panorama, cuando algunos convencionales volvieron a oponerse a la aprobación de normas por 2/3. Algo que, insiste Peña, está normado en la Constitución.
Peña afirma que no hay que olvidar que durante el trabajo del órgano constituyente existe una Carta Fundamental aún vigente y critica que algunos convencionales persistan en la idea de saltarse sus reglas.
-¿Cuál es su visión de lo ocurrido en los últimos días en la Convención?
-Tenía una visión optimista porque encontraba que había logrado vencer los primeros escollos, tanto de su instalación como de su funcionamiento. La comisión de Reglamento estaba desarrollando una labor muy seria. Lo ocurrido el jueves, cuando dos representantes de los pueblos originarios increpan a la mesa respecto de la calificación de 2/3 para la aprobación de ciertas normas, desordena todo el panorama. Es una vuelta atrás, ya había habido una votación muy justificada al interior de la comisión de Reglamento y se estaba cumpliendo la Constitución. En este punto no hay espacio para el debate, porque la Constitución es la que señala que la Convención adoptará sus normas por un quorum de 2/3 de sus miembros en ejercicio.
-¿El hecho de no reconocer lo que está establecido en la Constitución a qué lo atribuye?
-Al intento de algunos convencionales de mantenerse aferrados a la idea de no respetar las reglas constitucionales. La Convención se instaló no en el vacío, sino que con un conjunto de reglas que le iban a servir de marco para su funcionamiento. En segundo lugar, me parece delicado el hecho de que todavía algunos convencionales persistan en la lógica de creerse poseedores de la verdad absoluta y desconocer acuerdos que han sido adoptados por las vías institucionales creadas por la misma Convención.
-Hay convencionales que hoy le restan validez al acuerdo que desembocó en la reforma constitucional que permitió la creación de la Convención...
-Tienden a confundir a la ciudadanía. Es cierto que la ley que concretó la reforma constitucional, permitiendo que hoy tengamos una Convención funcionando, se generó en un acuerdo político el 15 de noviembre de 2019. Pero ese acuerdo podría haberse mantenido en ese carácter, de una mera declaración política. Ese acuerdo fue tomado por el órgano que ejercía y sigue ejerciendo el poder constituyente derivado, es decir, el poder de reformar la Constitución, y lo vertió dentro de la Constitución, que sigue teniendo vigencia absoluta durante el trabajo de la Convención. Por lo tanto, quienes desconocen la regla de los 2/3 confunden a la ciudadanía, porque la remiten al acuerdo del 15 de noviembre, en circunstancias de que esta es una regla que fue incorporada por el órgano legítimo.
-Se habla del poder constituyente versus el poder constituido.
-Eso no pasa de ser un anhelo trasnochado de experiencias ocurridas en otros países, donde lo que han funcionado son asambleas constituyentes que durante su trabajo han mantenido en suspenso el funcionamiento de los poderes constituidos, mientras no exista la nueva Constitución. El camino que Chile eligió por las urnas fue distinto, en virtud del cual lo que iba a funcionar no era una asamblea constituyente soberana, sino que una Convención Constitucional que iba a operar en virtud de reglas que están establecidas en la Constitución. Cuando se están elaborando reglas que obedecen a las pautas que están contenidas en la Constitución vigente, eso se llama poder constituyente derivado y no originario. El intento de algunos convencionales de atribuirse el poder constituyente originario, basado en que recibieron una delegación de parte de la ciudadanía, es profundamente erróneo, porque esa delegación parte de la propia Constitución, que sigue estando vigente hasta el mismo momento en que el pueblo de Chile decida en un plebiscito de salida si desea o no acoger la propuesta de nueva Constitución que logre -y quiero subrayar esa palabra- la Convención, porque hoy tenemos razones para estar pesimistas, dado lo ocurrido el jueves.
-Ha habido discusión respecto del eventual reemplazo de Rodrigo Rojas Vade y se ha dicho que el TC no tiene atribución para calificar una renuncia. ¿Cuál es su opinión?
-En las competencias del Tribunal Constitucional se indica que puede pronunciarse sobre renuncias de parlamentarios y no sobre la renuncia de convencionales. La reforma de 2019 generó un vacío normativo porque no hizo la adecuación sistémica de forma de otorgarle competencia específica al Tribunal Constitucional para pronunciarse sobre una renuncia.
-¿Entonces habría que hacer una reforma constitucional?
-Sí, que no solamente le concediera competencias al TC para pronunciarse sobre la renuncia de los convencionales, sino además sobre las causales de cesación en el cargo, donde ocurre exactamente lo mismo: se les aplican las de los parlamentarios, pero en este minuto no hay órgano que se pronuncie.
-Convencionales plantean que se puede regular vía reglamento y que sea el pleno el que califique una renuncia.
-Es inconstitucional que la Convención pudiera calificar la renuncia de un convencional. Está regulado en la Constitución. Lo que falta es la atribución de competencia específica al órgano natural que corresponde que se pronuncie sobre esto, que es el TC. ¿Cómo podría hacerse a nivel reglamentario? La única forma que podría significar que Rojas Vade no participara de los debates de la Convención, en razón del grave hecho que ha cometido, es que dentro de las atribuciones de la comisión de Ética se contemplara una causal de suspensión indefinida en el ejercicio del cargo, pero no de renuncia. Él no perdería su estatus de convencional, cuyo título emana de la elección popular. Lo que no se le podría cortar es el derecho a remuneración, para eso también se requeriría reformar la Constitución.
-Se ha cuestionado el rol de la mesa directiva. ¿Cuál es su visión?
-El jueves la mesa hizo lo mejor que pudo, y ese llamado desesperado del vicepresidente Jaime Bassa, de no entorpecer lo que se había logrado hasta ahora, refleja el riesgo que se corre por este tipo de conductas que yo las denominaría asistémicas, porque están fuera del sistema establecido para el funcionamiento de la Convención. Otra cosa es que yo no me sienta interpretada por una serie de declaraciones de la presidenta Elisa Loncon. Ha tenido oportunidades valiosísimas para condenar, por ejemplo, la violencia en La Araucanía, y no lo ha hecho. Y al mismo tiempo, ha adelantado ciertos conceptos de fondo del debate constitucional, en circunstancias de que es la presidenta de toda la Convención y tiene el deber de representar la multiplicidad de visiones que hay. Quisiera destacar el rol de Bassa porque creo que, como es abogado, profesor de Derecho Constitucional, es una voz de cordura cuando suceden este tipo de cosas. Y adicionalmente, agregaría que el episodio del jueves me dejó la impresión de que el resto de las siete vicepresidencias adjuntas juegan un rol simbólico, porque se le atribuía a la mesa, liderada por Elisa Loncon y Jaime Bassa, el hecho de haber calificado ciertas normas como propias de aprobación por los 2/3.
-Hay conceptos que se han instalado, como Chile plurinacional. ¿Eso es parte de los debates de fondo que dice que se han adelantado de manera incorrecta?
-Ciertamente. Se ha aprobado un conjunto de principios orientadores del trabajo de la Convención, donde algunos de estos conceptos se están viendo reflejados, como la plurinacionalidad o las visiones feministas. Me parece que es adelantar lo que debiera ser el debate de fondo. Efectivamente se trata de conceptos, como la misma visión de la equidad de género, que debieran estar presentes en distintas disposiciones de la Constitución e iluminar de alguna manera la letra de sus disposiciones. Aprobarlas a nivel de comisiones, pensemos por ejemplo en la conducta del negacionismo, hace preguntarse: si esto va a ser así, ¿cuál va a ser el tipo de pluralismo que se va a recoger en el texto de la nueva Constitución? Son debates de fondo que si vienen aprobados erradamente por las comisiones, se introduce una suerte de veto de la comisión para el pleno.
-¿Qué expectativas tiene para esas discusiones que vienen?
-Me complican las actitudes de algunos convencionales que no tienen claridad respecto del rol que están cumpliendo. Y, además, me parece prepotente que cada vez que esas personas que van manifestándose, sobre todo contra las reglas constitucionales vigentes, nos levantan el gran argumento de los colectivos y de los pueblos que están detrás de esto. Ellos representan a un segmento del electorado, presentarlo como si fuera la misión de los pueblos de Chile, que nos obligara a todos a cambiar nuestra forma de pensar, me parece que es profundamente prepotente. Por lo tanto, estoy preocupada por lo que se le viene, preocupada incluso por la estabilidad de la mesa. No tengo una visión negativa de la Convención, pero me preocupan ciertas dinámicas que si no se corrigen a tiempo, pueden significar que la Convención termine con un trabajo frustrado.
-¿Qué le parece el rol de los pueblos originarios? El jueves fueron uno de los principales críticos de los 2/3.
-Rescato su rol en el sentido de que representan uno de los segmentos que ha logrado visibilizar de forma importante sus demandas. De ahí a que eso signifique un cambio del modelo de Estado que actualmente tenemos, me parece preocupante, porque los Estados que han consagrado la plurinacionalidad dentro de la Constitución, como Ecuador y Bolivia, son naciones en las que el porcentaje de pueblos originarios alcanza alrededor del 50% o más. En Chile la realidad es muy diferente. Creo que la gente no ha logrado comprender lo que significa la plurinacionalidad. Supone irles reconociendo progresivamente grados de autodeterminación a los pueblos. Esta sola noción hace pensar que tener dentro de un mismo territorio pueblos que se autodeterminen en forma independiente, inevitablemente lleva a debilitar el concepto de una nación unida y fuerte. Una cosa es reconocer el derecho de los pueblos originarios sobre las tierras, su cultura, sus sistemas educacionales, pero llegar a un grado completo de autonomía dentro de la nación, me parece que Chile no está preparado aún para dar ese paso.
