El Líbero
Pretender un constitucionalismo sin separación de funciones, sin límites claros preestablecidos, sujeto al capricho de las mayorías circunstanciales, sin respeto por las minorías y a merced del poder de turno, sea este la calle, la voluble opinión pública o cualquier otro, es decir, sujeto a la ley del más fuerte, implica traicionar la esencia misma de una Constitución.
Pese a los intentos de algunas personas por boicotear el proceso, los desafíos impuestos por la pandemia y algunos errores de organización por parte del Gobierno, finalmente se logró constituir el pasado 4 de julio, la Convención Constitucional, cuya única misión es redactar una propuesta de nueva Constitución para nuestro país, a fin de que sea el soberano, es decir la ciudadanía, la que decida en un plebiscito de salida, con voto obligatorio, si acepta o no el texto que la Convención le proponga.
Sin embargo, tal como algunos sectores políticos lo habían anunciado, ya en la mañana del pasado 4 de julio, pero especialmente en los días siguientes, todo Chile ha podido observar los intentos por transformar la Convención Constitucional en algo muy distinto del mandato que la ciudadanía le ha entregado en las votaciones populares de octubre y mayo pasados.
Un grupo importante de constituyentes está intentando transformar a la Convención en un poder absoluto, argumentando, algunos por convicción y otros por conveniencia, que la misma detentaría la calidad de poder constituyente originario, no sujeta a límite alguno.
Estas personas lo que buscan es transformar a la Convención en un verdadero Leviatán, ese monstruo bíblico cuya descripción contenida especialmente en el libro de Job, sirve al filósofo inglés Thomas Hobbes para titular su obra más famosa, que en gran medida logró ser una justificación filosófica del absolutismo y muchas de sus barbaridades, las que justamente vinieron a ser atajadas por los principios del constitucionalismo.
Sin entrar en la discusión sobre si el actual proceso constituyente chileno es una manifestación del poder constituyente originario o derivado, lo que sí es claro es que el poder constituyente reside en la ciudadanía, no en los miembros de la Convención Constitucional. Cada una de las 155 personas que la integran, les guste o no, son representantes de la ciudadanía, y, por lo tanto, no están autorizadas a traicionar el mandato que la ciudadanía como un todo, tanto las personas que votaron, como las que no, tanto las que votaron apruebo como las que votaron rechazo, les dieron, única y exclusivamente para redactar una propuesta de nueva Constitución. Cada actuación de la Convención distinta a ese mandato claro y precio, cada intento por burlar el marco político y jurídico bajo el cual ocurrieron las votaciones populares de octubre de 2020 y mayo de 2021, es una traición a la ciudadanía, en quien de verdad reside el poder constituyente.
Adicionalmente, una convención constituyente que busca transformarse en un poder absoluto, aún cuando lo busque sólo temporalmente, es una contradicción flagrante a los principios más básicos del constitucionalismo. En efecto, desde sus orígenes, lo que se busca a través de todo proceso constituyente es organizar y limitar el poder, garantizar el gobierno de las leyes por sobre el capricho o la arbitrariedad, incluso el de las mayorías circunstanciales. En todo ordenamiento Constitucional, la separación de poderes o funciones, y la sujeción del poder a reglas predeterminadas que no son modificables arbitrariamente, es de la esencia de este. El respeto a esas limitaciones es lo que ha hecho más democráticos y prósperos a los países más desarrollados de nuestro planeta.
Pretender un constitucionalismo sin separación de funciones, sin límites claros preestablecidos, sujeto al capricho de las mayorías circunstanciales, sin respeto por las minorías y a merced del poder de turno, sea este la calle, la voluble opinión pública o cualquier otro, es decir, sujeto a la ley del más fuerte, implica traicionar la esencia misma de una Constitución, es prostituir un proceso constituyente. Es lo que han hecho la mayoría de los países que han devenido en tiranías y que han caído en el subdesarrollo político, institucional, social, cultural y económico.
Por lo tanto, si queremos que el actual proceso constituyente llegue a buen puerto, que sea un impulso para un Chile más moderno, democrático, plural y próspero, es urgente que los miembros de la Convención no traicionen el mandato claro y específico que les dio la ciudadanía, el único y verdadero soberano: redactar una propuesta de texto de nueva Constitución, nada más que eso, pero nada menos tampoco.
No hay tiempo que perder, ni confianzas que traicionar, la Convención Constitucional no puede ni debe seguir jugando al Leviatán.
