La Segunda
Las compañías aseguradoras reaccionaron hoy a la aprobación en la Cámara de Diputados, el día de ayer, del proyecto de ley que busca permitir un tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones, y que esta vez incluye también el retiro de recursos desde las rentas vitalicias, donde esta industria es el principal actor. “Como industria observamos problemas de legalidad y funcionamiento”, afirmó hoy a La Segunda la Asociación de Aseguradoras de Chile.
Con 120 votos a favor, incluidos apoyos de parlamentarios del oficialismo, el proyecto aprobado considera montos que van desde 35 UF hasta 150 UF, con retención para los deudores de pensiones alimenticias y 365 días para hacer el retiro. Hasta ahí, muy similar a los anteriores retiros. La novedad fue que se incluyó el retiro de las rentas vitalicias, que con anterioridad había sido discutido, pero no había logrado ser aprobado.
Este último punto ha sido criticado por la industria y por expertos, quienes argumentan que podría interferir con el derecho a la propiedad privada en la Constitución. propiedad respecto de las compañías de seguros, ya que los fondos transferidos por las personas son parte del patrimonio de las estas, y se han destinado a enterar una parte de las reservas, las que junto con el patrimonio de las compañías hacen frente a los compromisos de pago de pensiones”, comentó hoy el gremio de las aseguradoras. “Respecto a las rentas vitalicias, hemos señalado que no existen cuentas individuales, por lo que no hay un saldo sobre el cual se pueda calcular un eventual monto de retiro.
Además, es relevante considerar que las compañías de seguros tienen inversiones en activos ilíquidos de muy largo plazo, a 30 e incluso 40 años”, agregó la Asociación. Abogados constitucionalistas también han expresado críticas, y adelantado que el actual proyecto podría llegar al Tribunal Constitucional.
“El principal problema en lo referido a las rentas vitalicias, es que colisiona con el principio de realidad por cuanto dispone que habrá un “retiro” de sumas que ya fueron íntegramente retiradas y transferidas a una compañía de seguros. Y cuando algo se opone a la más mínima, básica lógica jurídica, tiene naturalmente problemas de constitucionalidad”, explica el abogado constitucionalista y profesor de la Universidad Católica, Arturo Fermandois.
