El Mercurio
Una causa es de imputado por robo que está preso, otros dos serían formalizados y cinco que la fiscalía se fue de nulidad a la Corte.
El Tribunal Constitucional (TC) acogió en los últimos días diez requerimientos de inaplicabilidad por el artículo 318 del Código Penal, que sanciona a quienes ponen en riesgo la salud pública.
Hasta ahora, la única decisión que ha sido unánime es la del secretario del Senado y exfiscal metropolitano Sur, Raúl Guzmán, en la que se declaró inconstitucional el artículo y se suspendió su formalización por asistir a un restaurante junto a antiguos colaboradores durante la pandemia y sin el permiso respectivo.
En su caso se consideró además el doble juzgamiento en materia penal y administrativa. El secretario del Senado ya había sido sancionado por la Seremi Metropolitana de Salud Metropolitana y se le había aplicado la multa máxima en el juicio sanitario: pagó $2,5 millones.
Otros casos
Dentro de los otros nueve casos —ninguno contagiado con covid-19—, hay dos en los cuales el Ministerio Público solicitó también la formalización. Uno es de una estudiante de Derecho que viajó de Chimbarongo a Santiago por su práctica en la Corporación de Asistencia Judicial, sin salvoconducto, y una persona sorprendida en Arica sin permiso durante el toque de queda. Otra causa es de un formalizado por robo con intimidación, quien fue detenido en su domicilio y se lo formalizó además por el art. 318 y está en prisión preventiva.
Hay otros cinco casos de procedimientos simplificados, en que si bien infringieron la medida de aislamiento sanitario por no portar permiso, el tribunal descartó un delito, y se los condenó como autores de la falta y aplicó multa. El Ministerio Público recurrió de nulidad a las respectivas cortes de apelaciones. El otro caso fue enviado por un juez de Cochrane por una persona que infringió el toque de queda.
Por acoger los nueve casos votaron a favor seis de los integrantes del TC: Iván Aróstica, Juan José Romero, Cristián Letelier, Nelson Pozo, José Ignacio Vásquez y Rodrigo Pica. El voto en contra fue el de la presidenta, María Luisa Brahm; Gonzalo García, María Pía Silva y Miguel Ángel Fernández.
El TC ya había acogido otro requerimiento de la jueza del 4º Juzgado de Garantía de Santiago, Andrea Díaz-Muñoz, y se declaró inconstitucional parte del artículo 318, que tiene relación con la pena de presidio y se mantuvo como alternativa la multa.
Efecto para la fiscalía
El docente de Derecho Administrativo y de Teoría del Derecho de la PUC, Alejandro Vergara, cree que estas decisiones tendrán un efecto en la política de persecución de la fiscalía.
El abogado, que hizo un informe en derecho en una de las causas del TC, piensa que en el caso de Guzmán, 'la causa penal debe ser sobreseída por no constituir delito los hechos imputados, pues para que una conducta lo sea, debe existir un tipo penal válido'.
A su juicio, los fallos del TC 'incidirán indudablemente en todos los casos en que la fiscalía está persiguiendo meras desobediencias o descuidos que no son delitos, y que sufren doble persecución (penal y administrativa). Los órganos respectivos tendrán que coordinarse y decidir una política estatal de persecución, esto es, o meramente administrativa o penal, según los casos; pero no ambas'.
Según Vergara, 'esto descongestionará a los juzgados de garantía, que podrán abocarse a resolver hechos que efectivamente son ilícitos penales y de interés para las víctimas'.
¿Es legítimo que esta cuestión de política penal la zanje el TC? Es una de las inquietudes que han surgido.
'Esta seguidilla de fallos del TC tendrá efectos en las políticas persecutorias del Ministerio Público y en las decisiones de los juzgados de garantía; pero es el efecto de la tarea propia de todo TC de verificar la legitimidad constitucional de las normas que aplican los jueces penales', explica Vergara. Y agrega que estos casos muestran 'lo importante que es para la sociedad la existencia de la justicia constitucional, a través de un órgano autónomo y especializado, que resuelve casos y fija criterios en base a principios contenidos en la Carta Fundamental'.
Hasta ahora, la única decisión que ha sido unánime es la del secretario del Senado y exfiscal metropolitano Sur, Raúl Guzmán, en la que se declaró inconstitucional el artículo y se suspendió su formalización por asistir a un restaurante junto a antiguos colaboradores durante la pandemia y sin el permiso respectivo.
En su caso se consideró además el doble juzgamiento en materia penal y administrativa. El secretario del Senado ya había sido sancionado por la Seremi Metropolitana de Salud Metropolitana y se le había aplicado la multa máxima en el juicio sanitario: pagó $2,5 millones.
Otros casos
Dentro de los otros nueve casos —ninguno contagiado con covid-19—, hay dos en los cuales el Ministerio Público solicitó también la formalización. Uno es de una estudiante de Derecho que viajó de Chimbarongo a Santiago por su práctica en la Corporación de Asistencia Judicial, sin salvoconducto, y una persona sorprendida en Arica sin permiso durante el toque de queda. Otra causa es de un formalizado por robo con intimidación, quien fue detenido en su domicilio y se lo formalizó además por el art. 318 y está en prisión preventiva.
Hay otros cinco casos de procedimientos simplificados, en que si bien infringieron la medida de aislamiento sanitario por no portar permiso, el tribunal descartó un delito, y se los condenó como autores de la falta y aplicó multa. El Ministerio Público recurrió de nulidad a las respectivas cortes de apelaciones. El otro caso fue enviado por un juez de Cochrane por una persona que infringió el toque de queda.
Por acoger los nueve casos votaron a favor seis de los integrantes del TC: Iván Aróstica, Juan José Romero, Cristián Letelier, Nelson Pozo, José Ignacio Vásquez y Rodrigo Pica. El voto en contra fue el de la presidenta, María Luisa Brahm; Gonzalo García, María Pía Silva y Miguel Ángel Fernández.
El TC ya había acogido otro requerimiento de la jueza del 4º Juzgado de Garantía de Santiago, Andrea Díaz-Muñoz, y se declaró inconstitucional parte del artículo 318, que tiene relación con la pena de presidio y se mantuvo como alternativa la multa.
Efecto para la fiscalía
El docente de Derecho Administrativo y de Teoría del Derecho de la PUC, Alejandro Vergara, cree que estas decisiones tendrán un efecto en la política de persecución de la fiscalía.
El abogado, que hizo un informe en derecho en una de las causas del TC, piensa que en el caso de Guzmán, 'la causa penal debe ser sobreseída por no constituir delito los hechos imputados, pues para que una conducta lo sea, debe existir un tipo penal válido'.
A su juicio, los fallos del TC 'incidirán indudablemente en todos los casos en que la fiscalía está persiguiendo meras desobediencias o descuidos que no son delitos, y que sufren doble persecución (penal y administrativa). Los órganos respectivos tendrán que coordinarse y decidir una política estatal de persecución, esto es, o meramente administrativa o penal, según los casos; pero no ambas'.
Según Vergara, 'esto descongestionará a los juzgados de garantía, que podrán abocarse a resolver hechos que efectivamente son ilícitos penales y de interés para las víctimas'.
¿Es legítimo que esta cuestión de política penal la zanje el TC? Es una de las inquietudes que han surgido.
'Esta seguidilla de fallos del TC tendrá efectos en las políticas persecutorias del Ministerio Público y en las decisiones de los juzgados de garantía; pero es el efecto de la tarea propia de todo TC de verificar la legitimidad constitucional de las normas que aplican los jueces penales', explica Vergara. Y agrega que estos casos muestran 'lo importante que es para la sociedad la existencia de la justicia constitucional, a través de un órgano autónomo y especializado, que resuelve casos y fija criterios en base a principios contenidos en la Carta Fundamental'.
2020: más de 148 mil delitos sanitarios
En 2020 y en el marco de la pandemia bajaron las denuncias en la fiscalía, según un balance del Ministerio Público. Se informaron 106.493 denuncias menos que en 2019 y un total anual de 1.349.042 casos. La mayor disminución de delitos ocurrió en el uso fraudulento de tarjetas de crédito, que cayó en un 55%. Pese a ello, se mostró un alza en los casos de delitos sanitarios, estafas y amenazas. Solo el año pasado hubo 148.032 denuncias por delitos sanitarios; se registraron 135.563 por amenazas y las de estafa llegaron a los 56.617 casos. Cayeron, además, las formalizaciones, con un 34%: en total hubo 51.695 audiencias. Pero el mayor retroceso fue en los juicios orales, con 60,5% (3.816 juicios).
