El Mercurio
Señor Director:
A propósito de la designación que debe hacer el Gobierno del nuevo defensor penal público, hay que recordar que también debe nombrar al primer defensor de los derechos de los contribuyentes, en este caso, a más tardar el 24 de febrero de este año.
Adicionalmente, deberá crear toda la reglamentación orgánica de la Dedecon y abrir los concursos públicos para el nombramiento de sus funcionarios.
La labor de la Dedecon es de vital importancia, ya que claramente en los próximos años se aumentará la carga tributaria, por lo cual es fundamental que exista un organismo público descentralizado que sea eficiente, para hacerse cargo de recibir, tramitar y tratar de resolver las quejas de los contribuyentes, cuando la administración tributaria en el ejercicio de su función recaudadora vulnere sus derechos.
Si bien existe el recurso de protección y el procedimiento de vulneración de derechos, la judicialización de estas quejas no ha ayudado a mejorar el cumplimiento voluntario de las obligaciones y la moral tributaria de los afectados. Asimismo, las personas de menores recursos económicos no han tenido una tutela efectiva por parte de la justicia tributaria.
Por esta razón, el que exista una entidad estatal que actúe como mediador en la relación jurídica tributaria, que proponga mejoras en la administración y aplicación de los impuestos, y preste defensa administrativa a las microempresas, constituye un gran avance en la legitimidad de nuestro sistema tributario.
Sin perjuicio de lo anterior, y para hacer realidad ese propósito, la Dedecon también debería hacerse cargo de la defensa judicial de las microempresas y recibir, denunciar y tramitar las quejas que presenten los contribuyentes por el mal uso de los recursos fiscales.
La autoridad no solo debe exigir a la ciudadanía una mayor contribución para solventar los gastos sociales que debemos asumir como país, sino también rendir cuenta a quienes financian con sus impuestos la existencia del Estado.
