El Mercurio
Desde la carrera presidencial de 1989, que enfrentó a Patricio Aylwin y a Hernán Büchi, el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios ha sido tema de debate, promesa de campaña y se ha incorporado a los programas de gobierno. Aunque en 30 años, esta reforma no se ha materializado, hoy es parte de la denominada “agenda legislativa indígena”, que considera los proyectos que crean un Ministerio y un Consejo de Pueblos. A estos temas, el proceso constituyente incorporó el debate sobre escaños reservados para que los pueblos indígenas participen en la redacción de una nueva Constitución. “El Mercurio” consultó a tres abogados constitucionalistas y docentes universitarios, vinculados, respectivamente, a Chile Vamos, la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio, sobre cuáles son las razones de fondo que han trabado la discusión. Arturo Fermandois, académico de la Universidad Católica, ligado a Chile Vamos, aclara de entrada que no es experto en legislación indígena.
No obstante, advierte que “hace muchos años existe la propuesta de efectuar un reconocimiento constitucional a los pueblos originarios”. Detalla que las iniciativas iniciales sugerían que se incorporara en el Capítulo Primero de la Constitución, referido a las “Bases de la Institucionalidad”. Sobre las razones que han impedido que esta reforma se plasme, argumenta: “Imagino que se ha debido a consideraciones provenientes del Derecho Político, en cuanto a qué significado concreto puede sobrevenir con este reconocimiento, en relación a facultades o potestades, más o menos intensas de eventual autogobierno o incidencias en decisiones del Estado, provenientes de estos pueblos”. Patricio Zapata, también académico de la UC, ligado a la DC y presidente del Centro Democracia y Comunidad, coincide en que “la verdad es que desde hace muchos años hay proyectos de reforma constitucional presentados por los gobiernos de la ex Concertación para que se hiciera este reconocimiento y una y otra vez esto quedaba entrampado por el temor de algunos de que ese reconocimiento pudiera significar problemas para la unidad de la nación chilena”. Según Zapata, “no es una afirmación infundada plantear que este reconocimiento constitucional ha sido frenado por la derecha”. Aduce que ese sector considera “peligroso” hablar de Pueblos originarios “y se proponen reconocimientos más tímidos como el de valorar la existencia de las comunidades y sus culturas o de grupos ancestrales, pero no se ha querido usar la expresión pueblos”.
Fernando Atria, profesor de la U. De Chile y líder del partido en formación Fuerza Común, postula que “esto da cuenta de un problema mucho más generalizado, en el diseño de la Constitución, y que impide tomar decisiones transformadoras”. Dice que “en la medida en que el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas implica un replanteamiento de la relación entre el Estado y esos pueblos, entonces no se puede tomar esa decisión, porque exige, en forma fáctica, un acuerdo transversal”. Atria agrega que “cuando uno necesita tomar una decisión que afecta intereses, estos intereses afectados van a oponerse, porque defienden el statu quo y esto ocurre en todos los sectores políticos”.
