La Segunda

Sandra Ponce 96x96

Pasó tranquilo y seguro ante las insistentes preguntas de la prensa a lo largo de diez metros, desde el baño a la oficina de la Segpres. Eran pasadas las 9:30 horas, pero el exministro de Salud Jaime Mañalich había llegado antes a la Cámara de Diputados, para enfrentar el primer trámite de la acusación constitucional presentada por la oposición en su contra, por su rol en el combate a la pandemia del covid-19. 'Todo bien, todo tranquilo (…) No voy a decir nada', comentó escuetamente sobre los últimos antecedentes que han surgido sobre el manejo de los datos en el Minsal.

Luego, y sin la compañía de ministros de Estado en ejercicio —más tarde ingresaron Cristián Monckeberg (Segpres) y Enrique Paris (Salud)— entró al hemiciclo, donde se sentó junto a sus abogados Gabriel Zaliasnik y Dafne Guerra, a quienes el diputado Iván Flores (DC) conminó a usar mascarilla en el hemiciclo. Esto, al inicio de una sesión donde había solo 85 legisladores de los 155 (entre presenciales y conectados vía telemática).

Las horas previas a la votación sobre la admisibilidad del libelo por mayoría simple de los presentes —que al cierre de esta edición aún no comenzaba—, estuvieron marcadas por tres factores: las dudas en la DC y de diputados exradicales, en cuyas manos, se decía, estaba el destino del exministro; la especulación sobre algunos descolgados en el oficialismo, aspecto que generaba inquietud en el Gobierno, comenzando por el UDI Joaquín Lavín León, quien había emplazado al extitular de Salud a disculparse con su esposa, la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga; y las últimas revelaciones sobre fallas en el sistema Epivigila.

'Un «knockout»' de la defensa

En este contexto, se habían levantado dos tesis: que habría votos para rechazar la cuestión previa (derecho del acusado para esgrimir que el libelo no cumple con los requisitos), pero que finalmente no se concretó, ya que los juristas decidieron ir directamente al fondo. Esto vino a desarmar la postura que se esperaba de algunos diputados de oposición, que se inclinaban a no apoyar la acusación, pero sí a dar al menos una señal de reproche a Mañalich, rechazándole ese trámite. 'Fue un knockout', comentó un legislador.

La segunda tesis era que, de ser aprobada la admisibilidad, sería más con los argumentos del segundo de los capítulos: vulnerar gravemente los principios constitucionales de probidad y publicidad, respecto de lo cual los parlamentarios acusaron 'ocultamiento de las cifras y mal manejo de éstas', a partir de las diferencias entre lo reportado en un comienzo por el Minsal en sus informes diarios y lo informado a la OMS. El primero, sobre vulnerar los derechos constitucionales a la vida e integridad física y psíquica de miles de personas, se veía más débil. Especialmente considerando que, si estuvieran los 155, el oficialismo necesitaba que 6 de oposición no respaldaran el libelo, entre los cuales ya estaba Pedro Velásquez: 'Voy a votar en contra, es una situación a nivel mundial. No hay en el mundo un funcionario que quiera hacer el mal'.

¿Efecto 10%?

Una de las lecciones amargas para el Gobierno sobre la primera votación de la reforma constitucional que permitió el retiro del 10% de la reforma de pensiones es que, mientras el Ejecutivo se enfocaba en desactivar a diputados opositores, por otro lado se filtraban a favor legisladores oficialistas. En ese sentido, esta mañana persistía la inquietud con al menos tres parlamentarios y el tema no era menor, aun cuando fuentes de RN señalaban a este medio que algunos aludidos como descolgados no eran tales. Lo confirmó de sí mismo Miguel Mellado: 'Es una acusación extemporánea, que nos desvía de lo principal y es solo para levantar banderas de pulcritud que no tiene la oposición. Mañalich puede no caerle bien a muchos, pero estuvo al frente de algo que ningún país tenía la receta exacta'.

En tanto, en la misma bancada, Andrés Celis señaló antes de la sesión que era 'vital escuchar la exposición de la defensa' y daba los siguientes argumentos: 'No podemos poner en duda las muy probables mejores intenciones que pudieron motivar al exministro cuando asumió la tarea desde su cartera para gestionar la crisis sanitaria, viendo todo lo que había ocurrido en China y en Europa pocos meses antes. Es cierto que la buena fe ha de presumirse, y la inquina debe ser probada sin dudas. Pero hay un espacio intermedio que es parte del estándar de análisis en la tramitación de una acusación constitucional, lo que puede llevar a su aprobación o a su rechazo', dijo. 'Y ese espacio es la temeridad, la imprudencia o la impericia negligente, cuando, desde el ámbito de los conocimientos especiales, se extrema la confianza en las propias capacidades, o se toman decisiones alternativas muy encapsuladas o no compartidas confiando en exceso en poder evitar resultados dañosos. Pero —agregó— sí ha quedado asentado que se optó por un sistema paralelo y propio de análisis de cifras y estadísticas, además alimentado por la deficiente plataforma Epivigila, lo cual fue representado tempranamente por los funcionarios a cargo, y se tardó un muy largo y precioso tiempo en reaccionar, lo que pudo contribuir a la expansión de la pandemia en el país'.

Diferencias en la DC

Esta mañana, en su cuenta Twitter, Gabriel Ascencio posteó que aprobaría la acusación, sumándose a Víctor Torres y a Flores: 'El punto no es la cuestión previa. Si un ministro miente, tergiversa o manipula datos a la gente, infringe la Constitución y las Leyes. Si escondió los correos deja de cumplir la ley. Ese es el fondo del asunto. Por eso yo hoy voto a favor de la AC contra Mañalich'.

En tanto, el jefe de bancada DC, Daniel Verdessi, decía que 'La mayoría de la bancada está por rechazar la cuestión previa, pero no hay orden de partido. Pero la idea es conocer el tema de fondo y, sobre todo, la explicación que dé la defensa respecto al ocultamiento de la información y el uso de un registro paralelo', señala Daniel Verdessi, jefe de bancada DC.

Matías Walker señaló antes de la votación que 'lo que podría justificar declarar admisible la acusación es la imputación de ocultamiento y manipulación de datos, porque configuraría la causal de infracción a la ley o a la Constitución, por infracción a los principios de publicidad, transparencia y probidad. Pero quiero escuchar a la defensa antes de decidir mi voto, para ver si logra desvirtuar este aspecto, en el capítulo II'.

Consultado por la versión de que algunos PS tendrían dudas, el jefe de bancada, Luis Rocafull, señaló: 'cada diputado y diputada va a escuchar los argumentos, luego de ello se va a tomar la decisión'.

Luego que la defensa anunció que no deduciría la cuestión previa y antes de que esta expusiera sus argumentos sobre el fondo, fue el turno de la diputada Marcela Hernando (PR), representante de los acusadores. La legisladora, médico de profesión, le indicó a Mañalich que podía ser 'que usted está convencido de que lo que hizo, lo hizo bien', pero que 'aquí no estamos para juzgar intenciones. Con su actuar temerario, soberbio e intransigente, puso en riesgo grave la salud de la población'. Entre otros reproches, mencionó la 'ausencia de un plan de trazabilidad' que podría haber haberse implementado en forma barata, incluso en marzo. 'Me importan un comino los cientos de rebuscados argumentos de la defensa (…) Estoy convencida de que el ministro no cumplió con su deber, no respetó a nada ni a nadie, hizo lo que se le vino en gana y privilegió la economía por sobre la salud de las personas'.

Mañalich se disculpa

'Lo primero que quiero destacar es soy una persona acostumbrada a dar la cara', dijo Mañalich, quien remarcó que sobre la pandemia 'no había tablas de la ley' y recordó que este era el segundo gran desafío de su vida, citando que hoy se cumplieron 10 años del rescate a los 33, 'donde hubo que inventar todo'.

Luego, hizo un mea culpa: 'Esta acusación se ha transformado en una crítica a la gestión, pero también al carácter del exministro Jaime Mañalich. Quiero reconocer una vez más que soy una persona extraordinariamente áspera, que no trabajo por simpatías, que no estoy preocupado de las fotos, ni del sí ni del no; estoy preocupado de hacer la pega. Y quiero ser humilde en este momento, para que no queden dudas, cualquiera sea la suerte de la votación: ciertamente he cometido errores y he ofendido a mucha gente y lamento que eso haya ocurrido y pienso especialmente en los alcaldes y alcaldesas, que quisieron hacer lo mejor (…) En la alcaldesa Cathy Barriga, a quien traté duramente en un momento; en el alcalde Carter, Codina. Y aprovecho de terminar estas palabras pidiendo sinceras disculpas por aquellos malos ratos a estas personas'.

 Ponce de León: Libelos no debieran ser usados para desestabilizar

Sandra Ponce de León, constitucionalista, académica de la UC e integrante del Instituto Chileno de Derecho Administrativo, señala que la acusación es un 'mecanismo de control que persigue realizar una evaluación política de la actuación de algunas autoridades por parte de órganos con legitimidad democrática', como la Cámara y el Senado. 'Su finalidad es asegurar el cumplimiento del principio del gobierno responsable en el marco del sistema de distribución equilibrada de funciones públicas. Se trata de una herramienta que sirve de freno al poder que ejercen las principales autoridades del Estado… Este mecanismo de control constitucional da lugar a una responsabilidad político-constitucional', explica.

—¿Por qué han proliferado las acusaciones constitucionales en el actual período presidencial? Hoy se dio cuenta de la novena presentación desde marzo de 2018.

—Desde la perspectiva jurídica, no debiera asombrarnos el número de veces que se ha usado esta herramienta de control constitucional. Lo que sí debiera preocuparnos es que la mayoría de las que se han presentado últimamente no ha prosperado. Esta situación es la que nos plantea la legítima inquietud respecto de la real motivación que se ha perseguido por los grupos de diputados que las han formulado. Es de esperar que esta herramienta jurídico constitucional no sea usada como una fórmula de desestabilización del orden institucional, ya que su objeto y finalidad es otro y muy importante: Servir de límite al abuso en el ejercicio del poder político por parte de las principales autoridades del Estado, lo que redundará en un deficiente cumplimiento de su principal deber que es estar al servicio de las personas y promover el bien común, con pleno respeto de los derechos fundamentales.