El Mercurio
El sumario contra carabineros encendió el debate sobre el contralor. Algunos creen que esta vez 'corrió demasiado el cerco' y muchos, incluido el Gobierno, ven con buenos ojos que se discuta sobre un cambio en el modelo de fiscalización. Mientras, en Contraloría, creen que deben hacerse cargo de 'la creciente demanda ciudadana en temas de probidad'.
'¿Quién fiscaliza al fiscalizador?, ¿quién controla al contralor?'. Son preguntas que se han hecho recurrentes esta semana en Chile Vamos y entre varios abogados de todos los colores políticos.
Y es que para muchos, la expresión, originalmente pronunciada por el abogado Ciro Colombara ante la Corte Suprema, en el caso entre Dorothy Pérez y el contralor Jorge Bermúdez, grafica perfectamente la nueva polémica —la última de muchas— protagonizada por el organismo fiscalizador.
Una sucesión de eventos que, además, tiene a La Moneda en alerta.
Cuando el pasado jueves 17, el contralor Jorge Bermúdez llegó a Palacio, para reunirse con el Presidente Piñera, ninguno de los dos, ni el visitante ni el dueño de casa, estaban contentos.
Por un lado, el mandatario estaba intranquilo por los efectos del sumario que el ente fiscalizador inició contra siete generales del Alto Mando de Carabineros, por su eventual responsabilidad administrativa en 12 denuncias sobre el actuar de la institución durante el estallido social. Una acción que ha sido calificada como algo que 'sobrepasa' las competencias de Contraloría.
En la vereda del frente, Bermúdez tampoco estaba feliz. No había esperado, dicen, que el Gobierno —sobre todo el Ministerio del Interior— diera tan temprano y tan abiertamente su apoyo a la policía uniformada.
En el Gobierno dicen que no hubo una 'llamada de atención'. Y cuentan que, en general, existe buena sintonía entre el Presidente y el contralor, principalmente debido a que los dos tienden a conocer al detalle todos los temas. Pero a la vez, se reconoce que la confianza está algo lesionada. Consideran que Bermúdez está 'estirando el elástico', más allá de sus prerrogativas. Noción que se vio fortalecida luego de la carta del excontralor Arturo Aylwin a 'El Mercurio', en la cual decía que en el último año de su gestión se estableció que 'la Contraloría General no podrá evaluar los aspectos de mérito o de conveniencia de las decisiones políticas o administrativas'.
Bermúdez, en cambio, siente que está cumpliendo con el rol que se le entregó. Y que lo que se califica como 'intromisiones' son parte de una evolución de la entidad que dirige.
Desde ahí cuentan que en este período Contraloría ha tenido varios logros. 'Las auditorías realizadas crecieron un 32%, las denuncias y sugerencias de fiscalización recibidas se incrementaron en un 249%, los requerimientos parlamentarios recibidos, un 17%; además emitimos un 44% más de pronunciamientos jurídicos', dicen.
Pero también ha tenido varios encontrones.
Seguidilla de conflictos
Para varios abogados consultados, el sumario contra los siete generales de Carabineros sería 'inédito'.
'La Contraloría está impedida de inmiscuirse —tanto en sede de control de legalidad como de fiscalización— en materias de mérito, conveniencia u oportunidad (artículo 21 b). Ello, a objeto de mantener su independencia en relación con las decisiones de la autoridad, pues de lo contrario —en caso de permitírsele— entrar al mérito de la decisión, a la postre se estaría inmiscuyendo en el ámbito propio de la administración activa (servicios públicos)', dice el profesor de Derecho Administrativo de la UC, José Luis Lara.
Otro punto que los expertos discuten es que Contraloría no habría considerado los procesos ya abiertos, en la misma policía uniformada y los tribunales, sobre los mismos temas. De hecho, según un exfuncionario de la entidad, la ley dice específicamente que 'la Contraloría debe velar porque todos los sumarios que están en trámite puedan ser llevados por una misma mano para que no haya resultados diferentes'.
Consultados al respecto, en la entidad responden que 'la facultad para perseguir responsabilidades administrativas en Carabineros se funda en el artículo 98 de la Constitución, que le encarga el control de legalidad de los actos de la administración y en el artículo 133 de la Ley 10.336, que sostiene que ‘el contralor, o cualquier otro funcionario de la Contraloría especialmente facultado por aquel, podrá ordenar cuando lo estime necesario la instrucción de sumarios administrativos''.
Pero el caso Carabineros es el último de una seguidilla de intervenciones del contralor que le ha costado estar enfrentado con varias instituciones importantes y le ha valido el mote, algo burlesco, de 'Robin Hood moderno', entre quienes no gustan de su estilo.
Quizás el más llamativo, y uno de los que más preocupa al Gobierno y al sector empresarial, es el proceso que lo enfrenta a Codelco, abierto en 2017.
Según cuentan fuentes desde la Corporación, ese año, varios auditores de Contraloría se instalaron durante meses en sus oficinas para hacer una investigación, tras la cual se emitió un sumario denunciando diversas 'irregularidades en contrataciones de Codelco'.
Ante esto, en la empresa estalló la molestia. Si bien reconocen la facultad fiscalizadora de Bermúdez, aducen que este basa sus conclusiones asumiendo que las operaciones de Codelco, al igual que todas las otras empresas del Estado, se regirían bajo la Ley de Compras Públicas. Algo que no sería cierto, pues, según explican, desde 2009 Codelco funciona bajo la Ley de Sociedades Anónimas, como una empresa privada, para aumentar su competitividad.
Es por esto que la empresa recurrió por el sumario ante los Tribunales de Justicia. Y si bien, en principio, estos le han dado la razón a Contraloría, en Codelco anuncian que acudirán ante la Corte de Apelaciones y, de ser necesario, ante la Corte Suprema.
Otro sector que, permanentemente ha acusado a la Contraloría de pasar por encima de sus atribuciones es el de la construcción.
En este contexto, fuentes del sector inmobiliario cuentan que hace dos años hubo una seguidilla de sumarios y dictámenes de la Contraloría, en que se revisaron los instrumentos de gestión territorial y que, ante denuncias ciudadanas, se invalidaron varios permisos de obras ya cursados. Tras esto, se detuvieron obras que ya habían comenzado con autorización municipal.
El caso más célebre es el de los 'ghettos verticales' de Estación Central, en el que la inmobiliaria Placilla acudió al Tribunal Constitucional en 2019, con el objetivo de que este declarara 'arbitrario e ilegal' un dictamen del órgano fiscalizador, en el que se ordenaba detener un proyecto —que había recibido permiso municipal— debido a que no cumplía los límites de altura.
Bermúdez, que incluso se enfrentó a la mismísima Corte Suprema —que en 2018 le impidió destituir a la subcontralora Dorothy Pérez—, defiende su gestión y sus polémicas fiscalizaciones.
'Llama profundamente la atención el hecho de que los comentarios sobre una supuesta extralimitación de facultades vienen siempre en momentos en que la Contraloría ejerce sus potestades en determinadas materias. En todos los casos mencionados fue ratificado el criterio de la Contraloría', explican.
¿Cambio de modelo?
Una de las principales críticas de Bermúdez, que se ha enfrentado varias veces a él públicamente, es la alcaldesa de Providencia y precandidata presidencial, Evelyn Matthei.
Para ella, 'el contralor tiene mucho poder en Chile. No es aceptable que ese poder sea ejercido por una persona'.
Es una opinión compartida por varios abogados, que, más allá de la personalidad de quien lo dirige, creen que el organismo tiene facultades de un 'suprapoder', con potestades por sobre los otros poderes del Estado.
Asimismo, un conocedor de la interna del organismo explica que 'no hay nada que diga ‘los actos del contralor pueden ser revisados judicialmente mediante este instrumento'. No existe'.
En contraste, desde Contraloría dicen que 'el escenario cambió y la Contraloría tiene el deber de hacerse cargo de una demanda creciente de la ciudadanía por mayores estándares de probidad. Hoy se apunta con más energía a las áreas donde se concentran los mayores recursos financieros del Estado y que, al mismo tiempo, tienen un impacto directo en el bienestar social: Carabineros y Fuerzas Armadas; empresas del Estado, como Codelco, Obras Públicas, Sename, entre otras'.
En el Gobierno varios no están de acuerdo. Creen que el contralor actual no ha mostrado 'ni la prudencia ni la deferencia necesaria' en algunos casos delicados. Asimismo, hay algunos ministros que están muy molestos con él porque, según fuentes de Palacio, han recibido mensajes por tuiter —a través del símbolo del organismo, 'Contralorito'— advirtiéndoles que no pueden bloquear a sus seguidores en la red social.
Sin embargo, en La Moneda reconocen que es poco lo que pueden hacer, dado lo impopular que podría ser lanzarse públicamente en contra del fiscalizador. Asimismo, el hecho de que todos los decretos del Gobierno deban pasar por la toma de razón de Bermúdez los deja de manos atadas.
Por eso, algunos aspiran a que si en octubre gana el Apruebo por la nueva Constitución, se abra una discusión. Una en la que se establezcan con mayor claridad los límites de Contraloría, y, sobre todo, se debata sobre un cambio en el tipo de liderazgo, desde el estilo unipersonal de hoy a un modelo más parecido al del Consejo para la Transparencia.
Es algo que también ven con buenos ojos desde el Congreso. Aunque algunos parlamentarios, sobre todo en Chile Vamos no descartan, si es necesario, levantar una acusación constitucional contra el fiscalizador.
Algo que, dicen algunos, el contralor no teme. Mal que mal, según cuentan, considera que las peleas 'son parte del trabajo del fiscalizador'.
Y es que para muchos, la expresión, originalmente pronunciada por el abogado Ciro Colombara ante la Corte Suprema, en el caso entre Dorothy Pérez y el contralor Jorge Bermúdez, grafica perfectamente la nueva polémica —la última de muchas— protagonizada por el organismo fiscalizador.
Una sucesión de eventos que, además, tiene a La Moneda en alerta.
Cuando el pasado jueves 17, el contralor Jorge Bermúdez llegó a Palacio, para reunirse con el Presidente Piñera, ninguno de los dos, ni el visitante ni el dueño de casa, estaban contentos.
Por un lado, el mandatario estaba intranquilo por los efectos del sumario que el ente fiscalizador inició contra siete generales del Alto Mando de Carabineros, por su eventual responsabilidad administrativa en 12 denuncias sobre el actuar de la institución durante el estallido social. Una acción que ha sido calificada como algo que 'sobrepasa' las competencias de Contraloría.
En la vereda del frente, Bermúdez tampoco estaba feliz. No había esperado, dicen, que el Gobierno —sobre todo el Ministerio del Interior— diera tan temprano y tan abiertamente su apoyo a la policía uniformada.
En el Gobierno dicen que no hubo una 'llamada de atención'. Y cuentan que, en general, existe buena sintonía entre el Presidente y el contralor, principalmente debido a que los dos tienden a conocer al detalle todos los temas. Pero a la vez, se reconoce que la confianza está algo lesionada. Consideran que Bermúdez está 'estirando el elástico', más allá de sus prerrogativas. Noción que se vio fortalecida luego de la carta del excontralor Arturo Aylwin a 'El Mercurio', en la cual decía que en el último año de su gestión se estableció que 'la Contraloría General no podrá evaluar los aspectos de mérito o de conveniencia de las decisiones políticas o administrativas'.
Bermúdez, en cambio, siente que está cumpliendo con el rol que se le entregó. Y que lo que se califica como 'intromisiones' son parte de una evolución de la entidad que dirige.
Desde ahí cuentan que en este período Contraloría ha tenido varios logros. 'Las auditorías realizadas crecieron un 32%, las denuncias y sugerencias de fiscalización recibidas se incrementaron en un 249%, los requerimientos parlamentarios recibidos, un 17%; además emitimos un 44% más de pronunciamientos jurídicos', dicen.
Pero también ha tenido varios encontrones.
Seguidilla de conflictos
Para varios abogados consultados, el sumario contra los siete generales de Carabineros sería 'inédito'.
'La Contraloría está impedida de inmiscuirse —tanto en sede de control de legalidad como de fiscalización— en materias de mérito, conveniencia u oportunidad (artículo 21 b). Ello, a objeto de mantener su independencia en relación con las decisiones de la autoridad, pues de lo contrario —en caso de permitírsele— entrar al mérito de la decisión, a la postre se estaría inmiscuyendo en el ámbito propio de la administración activa (servicios públicos)', dice el profesor de Derecho Administrativo de la UC, José Luis Lara.
Otro punto que los expertos discuten es que Contraloría no habría considerado los procesos ya abiertos, en la misma policía uniformada y los tribunales, sobre los mismos temas. De hecho, según un exfuncionario de la entidad, la ley dice específicamente que 'la Contraloría debe velar porque todos los sumarios que están en trámite puedan ser llevados por una misma mano para que no haya resultados diferentes'.
Consultados al respecto, en la entidad responden que 'la facultad para perseguir responsabilidades administrativas en Carabineros se funda en el artículo 98 de la Constitución, que le encarga el control de legalidad de los actos de la administración y en el artículo 133 de la Ley 10.336, que sostiene que ‘el contralor, o cualquier otro funcionario de la Contraloría especialmente facultado por aquel, podrá ordenar cuando lo estime necesario la instrucción de sumarios administrativos''.
Pero el caso Carabineros es el último de una seguidilla de intervenciones del contralor que le ha costado estar enfrentado con varias instituciones importantes y le ha valido el mote, algo burlesco, de 'Robin Hood moderno', entre quienes no gustan de su estilo.
Quizás el más llamativo, y uno de los que más preocupa al Gobierno y al sector empresarial, es el proceso que lo enfrenta a Codelco, abierto en 2017.
Según cuentan fuentes desde la Corporación, ese año, varios auditores de Contraloría se instalaron durante meses en sus oficinas para hacer una investigación, tras la cual se emitió un sumario denunciando diversas 'irregularidades en contrataciones de Codelco'.
Ante esto, en la empresa estalló la molestia. Si bien reconocen la facultad fiscalizadora de Bermúdez, aducen que este basa sus conclusiones asumiendo que las operaciones de Codelco, al igual que todas las otras empresas del Estado, se regirían bajo la Ley de Compras Públicas. Algo que no sería cierto, pues, según explican, desde 2009 Codelco funciona bajo la Ley de Sociedades Anónimas, como una empresa privada, para aumentar su competitividad.
Es por esto que la empresa recurrió por el sumario ante los Tribunales de Justicia. Y si bien, en principio, estos le han dado la razón a Contraloría, en Codelco anuncian que acudirán ante la Corte de Apelaciones y, de ser necesario, ante la Corte Suprema.
Otro sector que, permanentemente ha acusado a la Contraloría de pasar por encima de sus atribuciones es el de la construcción.
En este contexto, fuentes del sector inmobiliario cuentan que hace dos años hubo una seguidilla de sumarios y dictámenes de la Contraloría, en que se revisaron los instrumentos de gestión territorial y que, ante denuncias ciudadanas, se invalidaron varios permisos de obras ya cursados. Tras esto, se detuvieron obras que ya habían comenzado con autorización municipal.
El caso más célebre es el de los 'ghettos verticales' de Estación Central, en el que la inmobiliaria Placilla acudió al Tribunal Constitucional en 2019, con el objetivo de que este declarara 'arbitrario e ilegal' un dictamen del órgano fiscalizador, en el que se ordenaba detener un proyecto —que había recibido permiso municipal— debido a que no cumplía los límites de altura.
Bermúdez, que incluso se enfrentó a la mismísima Corte Suprema —que en 2018 le impidió destituir a la subcontralora Dorothy Pérez—, defiende su gestión y sus polémicas fiscalizaciones.
'Llama profundamente la atención el hecho de que los comentarios sobre una supuesta extralimitación de facultades vienen siempre en momentos en que la Contraloría ejerce sus potestades en determinadas materias. En todos los casos mencionados fue ratificado el criterio de la Contraloría', explican.
¿Cambio de modelo?
Una de las principales críticas de Bermúdez, que se ha enfrentado varias veces a él públicamente, es la alcaldesa de Providencia y precandidata presidencial, Evelyn Matthei.
Para ella, 'el contralor tiene mucho poder en Chile. No es aceptable que ese poder sea ejercido por una persona'.
Es una opinión compartida por varios abogados, que, más allá de la personalidad de quien lo dirige, creen que el organismo tiene facultades de un 'suprapoder', con potestades por sobre los otros poderes del Estado.
Asimismo, un conocedor de la interna del organismo explica que 'no hay nada que diga ‘los actos del contralor pueden ser revisados judicialmente mediante este instrumento'. No existe'.
En contraste, desde Contraloría dicen que 'el escenario cambió y la Contraloría tiene el deber de hacerse cargo de una demanda creciente de la ciudadanía por mayores estándares de probidad. Hoy se apunta con más energía a las áreas donde se concentran los mayores recursos financieros del Estado y que, al mismo tiempo, tienen un impacto directo en el bienestar social: Carabineros y Fuerzas Armadas; empresas del Estado, como Codelco, Obras Públicas, Sename, entre otras'.
En el Gobierno varios no están de acuerdo. Creen que el contralor actual no ha mostrado 'ni la prudencia ni la deferencia necesaria' en algunos casos delicados. Asimismo, hay algunos ministros que están muy molestos con él porque, según fuentes de Palacio, han recibido mensajes por tuiter —a través del símbolo del organismo, 'Contralorito'— advirtiéndoles que no pueden bloquear a sus seguidores en la red social.
Sin embargo, en La Moneda reconocen que es poco lo que pueden hacer, dado lo impopular que podría ser lanzarse públicamente en contra del fiscalizador. Asimismo, el hecho de que todos los decretos del Gobierno deban pasar por la toma de razón de Bermúdez los deja de manos atadas.
Por eso, algunos aspiran a que si en octubre gana el Apruebo por la nueva Constitución, se abra una discusión. Una en la que se establezcan con mayor claridad los límites de Contraloría, y, sobre todo, se debata sobre un cambio en el tipo de liderazgo, desde el estilo unipersonal de hoy a un modelo más parecido al del Consejo para la Transparencia.
Es algo que también ven con buenos ojos desde el Congreso. Aunque algunos parlamentarios, sobre todo en Chile Vamos no descartan, si es necesario, levantar una acusación constitucional contra el fiscalizador.
Algo que, dicen algunos, el contralor no teme. Mal que mal, según cuentan, considera que las peleas 'son parte del trabajo del fiscalizador'.
