Mercurio Legal
Nos encontramos viviendo circunstancias excepcionales debido a la pandemia y emergencia sanitaria que afecta al mundo producto del Covid-19, y que nos ha forzado al cierre de ciertas reparticiones públicas, privadas y de la sociedad civil, impulsándonos a desarrollar una nueva forma de trabajar.
Es así, como se ha puesto a prueba la capacidad de muchas instituciones para seguir prestando servicios a pesar de las dificultades generadas por la contingencia. Muchas de estas labores son imprescindibles, y por ello no pueden detenerse, pues cautelan derechos y entregan servicios que son básicos para nuestra población.
Este es el caso de las Corporaciones de Asistencia Judicial y de las Clínicas Jurídicas del país, que están llamadas a entregar acceso a la justicia a las personas que no cuentan con los medios para acceder a una defensa pagada, y que hoy en día tiene a muchas personas privadas o restringidas de este derecho, por el cierre o limitaciones de gran parte de las Corporaciones y Universidades.
Sabemos que el acceso a la justicia es un derecho fundamental consagrado en numerosas disposiciones jurídicas, por ejemplo se encuentra consagrada de forma genérica en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Asimismo, se encuentra regulada en nuestra Constitución Política en el artículo 19 N°3 que señala en su inciso primero: “La Constitución asegura a todas las personas: La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos”, para luego explicar detalladamente en qué consiste este derecho y de qué forma se asegurará su aplicación y acceso a todos.
Es, además, un principio fundante de las bases del Estado de Derecho, pues garantiza que los ciudadanos tengan la posibilidad de ejercer sus derechos y/o solucionar sus conflictos por medio del Estado.
Es por ello que hoy más que nunca se deben implementar todas las medidas necesarias para asegurar el debido acceso y respeto de esta garantía constitucional, acercando y garantizando a todas las personas, en especial a los grupos más vulnerables, la entrega de soluciones efectivas a sus necesidades legales.
Debemos proponer soluciones concretas, innovadoras y pertinentes al contexto que vive la población que hoy ve debilitadas sus posibilidades de defensa, y emplear las herramientas disponibles para facilitar y seguir colaborando con el acceso a la justicia.
Por un lado, me ha tocado también observar cómo una de las Corporaciones de Asistencia Judicial de país, con presencia territorial en las regiones Metropolitana, del Libertador Bernardo O’Higgins, del Maule y de Magallanes y la Antártica Chilena, ha realizado esfuerzos para replantear su forma de atención, pasando de atender desde su canal de atención presencial clásico de Centros y Oficinas, a brindar la atención en forma remota completamente mediante correo electrónico, telefónico y WhatsApp, con todo el esfuerzo e implicancias que tiene.
Este cambio se aplicó para todas sus líneas de servicio, que incluye la orientación e información en derechos, promoción de derechos y prevención de conflictos, solución colaborativa de conflictos, atención de víctimas de delitos, representación judicial, y representación de niños, niñas y adolescentes.
De esta forma, desde el 20 de marzo a la fecha, esta Corporación de Asistencia Judicial -que se suma a los esfuerzos de la otras Corporaciones- ha intentado continuar con el ofrecimiento de sus servicios, realizando orientaciones e informaciones en derechos e ingresado casos a la línea de solución colaborativa de conflictos, así como el ingreso de causas ante tribunales y la asistencia a audiencias.
Por otro lado, como Clínica Jurídica Derecho UC, hemos buscado distintas vías para seguir entregando nuestros servicios y cumpliendo con nuestra misión de contribución al bien común. Desde abril que contamos con “Atenciones Remotas”, en las que hemos atendido a más de 200 usuarios nuevos contactándolos a sus teléfonos y computadores, muchos de los cuales continúan con una asesoría y representación judicial en sus problemas jurídicos. Asimismo, se ha mantenido la tramitación de nuestros más de 1.000 casos, haciendo las gestiones judiciales y asistiendo a las audiencias. Además, en conjunto con otras instituciones, en junio comenzamos un primer ciclo de seis “Charlas sobre Aspectos Legales en tiempos de Pandemia”, que busca difundir información práctica y en un lenguaje simple. Estas sesiones han desbordado nuestras expectativas, especialmente por las preguntas realizadas, la cantidad de asistencias y las visualizaciones posteriores de sus grabaciones (más de 10.000 en total).
Sabemos que el diseño e implementación de esfuerzos como los presentados tienen muchas dificultades y un alcance limitado en relación a los ciudadanos que necesitan de nuestra ayuda, por lo que, ahora más que nunca, animamos a todas las instituciones a redoblar los esfuerzos por ampliar la cobertura, y así contribuir con el acceso a la justicia en contexto de pandemia, en especial a los grupos más vulnerables.
