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Profesora María Elena 158x158

Desde el año 2000 que cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer; sin embargo, las agresiones no han hecho más que aumentar.

En ese contexto, y cuando casos como el de Antonia Barra y Ámbar Cornejo remecen a la sociedad, autoridades han reactivado la discusión para robustecer el sistema. Y no sólo buscando aumentar las sanciones, sino que también para hacer cambios estructurales.

Así, en el Congreso se busca avanzar en la ampliación de la Ley Gabriela, en la modificación del Código Penal para introducir lo referente al consentimiento, en la imprescriptibilidad de estos delitos, y en una ley integral para erradicar la violencia, entre otros. Asimismo, el Gobierno puso urgencia a la iniciativa que excluye del beneficio de rebaja de condenas a quienes cometan delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.

En estos tiempos 'no es posible que haya duda sobre si una mujer quiere o no tener sexo. No es posible que nos estemos relacionando sexoafectivamente de manera tan tóxica que pasarse de copas, por ejemplo, conlleve el riesgo de una violación', dijo la diputada Camila Vallejo, autora del proyecto sobre consentimiento.

En el mismo sentido, Gonzalo Fuenzalida (RN), quien presentó junto a sus colegas la denominada 'Ley Antonia', sostuvo que 'esperamos que nunca más un juez envíe un violador a su casa porque los delitos que investiga se olvidaron y silenciaron a las víctimas'.

Y es que el rol de los jueces es trascendental. Como plantea la abogada María Elena Santibáñez, profesora de Derecho Penal y Procesal Penal de la PUC, es necesario que a la hora de juzgar exista un enfoque de género y se valore de manera adecuada el material probatorio, atendiendo la fenomenología del crimen. 'Más pena es igual a más absolución. Si se obliga al juez a que en el evento de que condene tenga que poner una pena mayor, va a estar tentado a absolver', dice.

En el mismo tono, Claudio Uribe, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, indicó que la normativa funciona bien o mal dependiendo de quién la aplique. Y aunque pueden existir mejoras en cuanto a la negación de beneficios, dice que 'siempre hay un grado de discrecionalidad respecto del juez que resuelve. Uno aspira a que siempre tengan en primer lugar a la víctima, la protección de la sociedad y la naturaleza del hecho. Si eso se trabaja bien, la norma debería bastar'.

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