El Mercurio
El Ejecutivo mantuvo en suspenso su resolución sobre si recurrirá o no sobre la norma, la que dijo tendría vicios de inconstitucionalidad.
Una fuerte arremetida desplegó ayer parte de la oposición, para urgir al Ejecutivo por la pronta promulgación de la ley de no corte de servicios básicos de luz, agua y gas de red durante la pandemia para todos sus usuarios.
El Congreso despachó la iniciativa el pasado jueves, pero inmediatamente el Gobierno advirtió respecto de eventuales 'vicios de inconstitucionalidad', por lo que, dijo, analiza 'un curso de acción' sobre si recurrirá sobre parte de su contenido.
Una vez comunicada esa posibilidad, desde la ex Nueva Mayoría pidieron, por el contrario, promulgar ya la norma. En el Gobierno están de acuerdo con el fin de la propuesta, en el sentido de otorgar un beneficio a las personas que han visto reducidos sus ingresos por efecto de la emergencia sanitaria, pero no coinciden en la forma aprobada por el Congreso.
Uno de los más críticos ante la postura del Ejecutivo fue el senador PPD Guido Girardi. 'Necesitamos un gobierno para la gente que esté pensando en resolver los problemas de la ciudadanía y ayudar a que se puedan cumplir las medidas sanitarias que permiten cerrar la llave de los contagios, y no estar permanentemente defendiendo los intereses de las grandes empresas', dijo el integrante de la comisión de Salud.
Ante las críticas, el Ejecutivo ha reivindicado el acuerdo voluntario suscrito a contar de fines de marzo con las empresas del rubro, el que informan ha permitido llegar a más de 100.000 familias que lo requerían. Y resaltan que mediante el convenio por vía administrativa o a través de una ley, no existirían registros de personas con sus suministros suspendidos por no pago en la pandemia.
No obstante, el presidente del PS, Álvaro Elizalde, consideró 'inconcebible que el Gobierno dilate la promulgación de la ley que prohíbe el corte de servicios básicos y permite postergar su pago. Porque las familias lo están pasando mal ahora, es ahora cuando muchos de nuestros compatriotas no cuentan con los recursos necesarios para pagar estos servicios básicos; y por eso nos parece imprescindible que esta ley entre en vigencia a la brevedad posible. Emplazamos al Gobierno a asumir su responsabilidad con los chilenos'.
En defensa de su acuerdo con las compañías del sector, el subsecretario de la Segpres, Juan José Ossa, señaló, durante la última etapa de la tramitación del proyecto, que se optó anteriormente por esa alternativa porque 'era la forma en la que se respetara la institucionalidad constitucional vigente', junto con plantear que de esa manera era más rápido llegar con el beneficio a las familias.
En estudio
Mientras parlamentarios de oposición emplazan por una pronta promulgación de la ley, desde el Gobierno transmitieron ayer que se mantenían estudiando informes en derecho previo a resolver si recurrirán o no de su virtual inconstitucionalidad.
Junto a las críticas de la ex Nueva Mayoría, se reconoce que la decisión no es fácil, porque dependiendo de cual sea podría impactar directamente al Ejecutivo ante la ciudadanía; sin embargo, por otro lado, el no recurrir implicaría sentar un precedente en una materia que ha sido ampliamente defendida por el Ejecutivo, en cuanto al respeto a la Constitución vigente.
La decisión estaba pendiente hasta anoche, principalmente porque quienes deben adoptar la definición estaban dedicados casi totalmente a sellar el acuerdo en materia económica con la oposición ante la afectación de la pandemia en las personas.
Oficialismo
En Chile Vamos se registraron 10 abstenciones de parte del sector, en la votación del jueves en la Cámara Alta. Entre ellos se cuenta al senador Kenneth Pugh (Ind. en comité RN), para quien el 'Gobierno debe resolver lo antes posible su curso de acción, pero por el momento, lo más importante es que no se le ha cortado el suministro de servicios básicos de agua, luz y gas de cañería a nadie vulnerable'.
Además, el senador UDI Víctor Pérez añadió que 'es importante reconocer que sin ley, no se han cortado los servicios básicos a las personas por mora en sus cuentas. Y si se promulga la ley hay un riesgo, porque las empresas podrían demandar al Estado de Chile por los costos que el cumplir lo que está fuera del acuerdo voluntario les pueda generar. Ese es un riesgo que se debe revisar adecuadamente. Todos saben que el proyecto recoge gran parte de lo acordado'.
Son esos aspectos los que evalúa y estudia el Ejecutivo antes de adoptar una resolución en la materia, para lo que aún le resta tiempo hasta antes que expire el plazo para promulgar la ley.
El Congreso despachó la iniciativa el pasado jueves, pero inmediatamente el Gobierno advirtió respecto de eventuales 'vicios de inconstitucionalidad', por lo que, dijo, analiza 'un curso de acción' sobre si recurrirá sobre parte de su contenido.
Una vez comunicada esa posibilidad, desde la ex Nueva Mayoría pidieron, por el contrario, promulgar ya la norma. En el Gobierno están de acuerdo con el fin de la propuesta, en el sentido de otorgar un beneficio a las personas que han visto reducidos sus ingresos por efecto de la emergencia sanitaria, pero no coinciden en la forma aprobada por el Congreso.
Uno de los más críticos ante la postura del Ejecutivo fue el senador PPD Guido Girardi. 'Necesitamos un gobierno para la gente que esté pensando en resolver los problemas de la ciudadanía y ayudar a que se puedan cumplir las medidas sanitarias que permiten cerrar la llave de los contagios, y no estar permanentemente defendiendo los intereses de las grandes empresas', dijo el integrante de la comisión de Salud.
Ante las críticas, el Ejecutivo ha reivindicado el acuerdo voluntario suscrito a contar de fines de marzo con las empresas del rubro, el que informan ha permitido llegar a más de 100.000 familias que lo requerían. Y resaltan que mediante el convenio por vía administrativa o a través de una ley, no existirían registros de personas con sus suministros suspendidos por no pago en la pandemia.
No obstante, el presidente del PS, Álvaro Elizalde, consideró 'inconcebible que el Gobierno dilate la promulgación de la ley que prohíbe el corte de servicios básicos y permite postergar su pago. Porque las familias lo están pasando mal ahora, es ahora cuando muchos de nuestros compatriotas no cuentan con los recursos necesarios para pagar estos servicios básicos; y por eso nos parece imprescindible que esta ley entre en vigencia a la brevedad posible. Emplazamos al Gobierno a asumir su responsabilidad con los chilenos'.
En defensa de su acuerdo con las compañías del sector, el subsecretario de la Segpres, Juan José Ossa, señaló, durante la última etapa de la tramitación del proyecto, que se optó anteriormente por esa alternativa porque 'era la forma en la que se respetara la institucionalidad constitucional vigente', junto con plantear que de esa manera era más rápido llegar con el beneficio a las familias.
En estudio
Mientras parlamentarios de oposición emplazan por una pronta promulgación de la ley, desde el Gobierno transmitieron ayer que se mantenían estudiando informes en derecho previo a resolver si recurrirán o no de su virtual inconstitucionalidad.
Junto a las críticas de la ex Nueva Mayoría, se reconoce que la decisión no es fácil, porque dependiendo de cual sea podría impactar directamente al Ejecutivo ante la ciudadanía; sin embargo, por otro lado, el no recurrir implicaría sentar un precedente en una materia que ha sido ampliamente defendida por el Ejecutivo, en cuanto al respeto a la Constitución vigente.
La decisión estaba pendiente hasta anoche, principalmente porque quienes deben adoptar la definición estaban dedicados casi totalmente a sellar el acuerdo en materia económica con la oposición ante la afectación de la pandemia en las personas.
Oficialismo
En Chile Vamos se registraron 10 abstenciones de parte del sector, en la votación del jueves en la Cámara Alta. Entre ellos se cuenta al senador Kenneth Pugh (Ind. en comité RN), para quien el 'Gobierno debe resolver lo antes posible su curso de acción, pero por el momento, lo más importante es que no se le ha cortado el suministro de servicios básicos de agua, luz y gas de cañería a nadie vulnerable'.
Además, el senador UDI Víctor Pérez añadió que 'es importante reconocer que sin ley, no se han cortado los servicios básicos a las personas por mora en sus cuentas. Y si se promulga la ley hay un riesgo, porque las empresas podrían demandar al Estado de Chile por los costos que el cumplir lo que está fuera del acuerdo voluntario les pueda generar. Ese es un riesgo que se debe revisar adecuadamente. Todos saben que el proyecto recoge gran parte de lo acordado'.
Son esos aspectos los que evalúa y estudia el Ejecutivo antes de adoptar una resolución en la materia, para lo que aún le resta tiempo hasta antes que expire el plazo para promulgar la ley.
- "El Gobierno puede no recurrir y, a lo mejor, el día de mañana podríamos vernos frente a demandas internacionales. Ese es el riesgo que hay'. Víctor Pérez, Senador UDI
- "Necesitamos un gobierno que esté pensando en resolver los problemas de la ciudadanía (...) y no estar permanentemente defendiendo los intereses de las grandes empresas'. Guido Girardi, Senador PPD
- "Es inconcebible que el Gobierno dilate la promulgación de la ley que prohíbe el corte de servicios básicos (luz, agua y gas de red) y permite postergar su pago'. Álvaro Elizalde, Presidente del PS
- "El Gobierno debe resolver lo antes posible su curso de acción; pero lo más importante es que no se le ha cortado el suministro a nadie vulnerable'. Kenneth Pugh, Senador (Ind. en comité RN)
- Constanza Hube: 'Hay elementos de la propuesta que son inconstitucionales'
Para la constitucionalista y abogada UC Constanza Hube sería coherente que el Ejecutivo recurra sobre la eventual inconstitucionalidad del proyecto despachado a ley por el Congreso para prohibir la suspensión de los suministros básicos durante la pandemia.
—En el trámite del proyecto de no corte universal de servicios en la emergencia sanitaria se debatió respecto de su eventual inconstitucionalidad. ¿Estima que existe o no fundamento sobre la posible inconstitucionalidad de la propuesta?
—A mi juicio, hay elementos de la propuesta que son inconstitucionales, desde una perspectiva de afectación significativa al derecho de propiedad, la igualdad ante la ley y las cargas públicas y derecho a la libre iniciativa en materia económica.
—¿Comparte lo expresado por el subsecretario Ossa, de la Segpres, respecto de un eventual vicio de inconstitucionalidad y su alusión al derecho de propiedad?
—No conozco los alcances particulares del argumento del subsecretario. Sin embargo, al respecto la Constitución (y así lo ha ratificado el TC) permite al legislador disponer limitaciones y obligaciones al derecho de propiedad que deriven de su función social, pero esto no implica que los requisitos para afectar la propiedad no sean exigentes. Si el derecho de propiedad se afecta en su esencia, debe indemnizarse. Este proyecto busca alterar sustancialmente elementos esenciales de los contratos, por lo que a mi juicio es atendible el vicio de constitucionalidad.
Por lo demás, en situaciones extraordinarias como es el estado de catástrofe, es al Presidente (no al Congreso) al que se le permite establecer requisiciones de bienes y limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad y adoptar todas las medidas extraordinarias, con las correspondientes indemnizaciones.
—¿Debería recurrir al TC el Gobierno? ¿Lo sucedido con servicios básicos podría generar expectativas de despachar otras iniciativas de parte del Congreso en áreas en las que también se considere no tiene iniciativa?
—No me corresponde emitir un juicio respecto de si el Gobierno debiera o no recurrir al TC, sin embargo, si se ha señalado por parte de ministros y subsecretarios de Gobierno que las disposiciones vulneran la Constitución y por ende, el Estado de Derecho, lo coherente sería presentar un requerimiento.
- "Necesitamos un gobierno que esté pensando en resolver los problemas de la ciudadanía (...) y no estar permanentemente defendiendo los intereses de las grandes empresas'. Guido Girardi, Senador PPD
- "Es inconcebible que el Gobierno dilate la promulgación de la ley que prohíbe el corte de servicios básicos (luz, agua y gas de red) y permite postergar su pago'. Álvaro Elizalde, Presidente del PS
- "El Gobierno debe resolver lo antes posible su curso de acción; pero lo más importante es que no se le ha cortado el suministro a nadie vulnerable'. Kenneth Pugh, Senador (Ind. en comité RN)
- Constanza Hube: 'Hay elementos de la propuesta que son inconstitucionales'
Para la constitucionalista y abogada UC Constanza Hube sería coherente que el Ejecutivo recurra sobre la eventual inconstitucionalidad del proyecto despachado a ley por el Congreso para prohibir la suspensión de los suministros básicos durante la pandemia.
—En el trámite del proyecto de no corte universal de servicios en la emergencia sanitaria se debatió respecto de su eventual inconstitucionalidad. ¿Estima que existe o no fundamento sobre la posible inconstitucionalidad de la propuesta?
—A mi juicio, hay elementos de la propuesta que son inconstitucionales, desde una perspectiva de afectación significativa al derecho de propiedad, la igualdad ante la ley y las cargas públicas y derecho a la libre iniciativa en materia económica.
—¿Comparte lo expresado por el subsecretario Ossa, de la Segpres, respecto de un eventual vicio de inconstitucionalidad y su alusión al derecho de propiedad?
—No conozco los alcances particulares del argumento del subsecretario. Sin embargo, al respecto la Constitución (y así lo ha ratificado el TC) permite al legislador disponer limitaciones y obligaciones al derecho de propiedad que deriven de su función social, pero esto no implica que los requisitos para afectar la propiedad no sean exigentes. Si el derecho de propiedad se afecta en su esencia, debe indemnizarse. Este proyecto busca alterar sustancialmente elementos esenciales de los contratos, por lo que a mi juicio es atendible el vicio de constitucionalidad.
Por lo demás, en situaciones extraordinarias como es el estado de catástrofe, es al Presidente (no al Congreso) al que se le permite establecer requisiciones de bienes y limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad y adoptar todas las medidas extraordinarias, con las correspondientes indemnizaciones.
—¿Debería recurrir al TC el Gobierno? ¿Lo sucedido con servicios básicos podría generar expectativas de despachar otras iniciativas de parte del Congreso en áreas en las que también se considere no tiene iniciativa?
—No me corresponde emitir un juicio respecto de si el Gobierno debiera o no recurrir al TC, sin embargo, si se ha señalado por parte de ministros y subsecretarios de Gobierno que las disposiciones vulneran la Constitución y por ende, el Estado de Derecho, lo coherente sería presentar un requerimiento.
