El Mercurio
No hay mejor juicio que el que se evita. Esa es una de las frases que se repiten en las primeras clases de las escuelas de Derecho del país. Se refiere a que prevenir un litigio y alcanzar acuerdos con la contraparte muchas veces es lo más conveniente para todos.
La consigna atañe también al sector agrícola, donde cada vez son más los abogados especializados, buena parte de los cuales se dedican principalmente a evitar que los conflictos se judicialicen, tanto a nivel nacional como internacional.
Por eso, entre las áreas que han cobrado más relevancia en los últimos años, en una consulta realizada por Revista del Campo a líderes, empresarios y productores de los distintos rubros del agro, sugieren los nombres de quienes se consideran como los abogados especialistas en este sector, lista que no constituye un ránking. Los mismos dirigentes y empresarios advierten que en casos de juicios de mayor complejidad -que abarcan distintas materias y a los que califican como "emblemáticos" para el rubro-, en muchos casos siguen recurriendo a los principales estudios de abogados del país.
Tradicionalmente entre los temas que requieren de asesoría legal del agro están, entre otros, el abigeato, el derecho de aguas y problemas con deslindes entre propiedades. Sin embargo, en los últimos veinte años -a la par con el despegue del sector en el comercio internacional y el desarrollo agroindustrial- se han sumado otras áreas que cada vez requieren conocimientos más específicos y, por lo tanto, a profesionales dedicados totalmente a eso.
En esos nuevos nichos sobresalen las asesorías en comercio internacional, especialmente para los exportadores de frutas y alimentos, quienes necesitan estudiar sus contratos, tomar seguros y estudiar requerimientos específicos de los mercados de destino. También la protección de variedades vegetales, ligada al área de propiedad industrial, donde hay expertos chilenos que asesoran a compañías de todo el mundo; y el apoyo en el área medioambiental, que en el sector definen como la más incipiente en cuanto a especialistas y la que crecerá con más fuerza en los próximos años, debido a los cambios en la legislación e institucionalidad y a la mayor preocupación y demandas ciudadanas por estos asuntos.
Las únicas cifras disponibles en el Poder Judicial que permiten dar cuenta de temas asociados al sector agrícola en el área civil y penal se refieren a derechos de aguas, abigeato, arrendamiento de predios, incendios forestales y destrucciones o alteraciones de deslindes. De ellos, 691 casos han llegado a las distintas Cortes de Apelaciones del país entre 2011 y los primeros nueve meses de 2014, y solo 65 han ingresado a la Corte Suprema en los últimos cuatro años, la mayoría asociados a temas de aprovechamiento y usurpación de aguas.
Araya, el estudio del área agrícola
Al consultar cuáles son los nombres más reconocidos de abogados relacionados con el sector agrícola, el nombre al que apuntan la mayor parte de los consultores, agricultores y gremios es Matías Araya y su estudio, Araya y Cía., el que desde hace 10 años está enfocado 100% en el agro. Incluso, desde hace cinco años presta servicios en Perú y este año constituirá una oficina allá, como empresa peruana especializada en asesorar al sector agroexportador.
Cuando partieron se enfocaron en el comercio internacional -el área donde son indicados como un referente para el sector- y en derecho de aguas, a lo que han ido sumando áreas especializadas en transporte, derecho laboral y tributario, litigios y medio ambiente, en conjunto con la consultora Greenland, todo dirigido a la agricultura. Además, en litigios de propiedad intelectual actúan como contraparte de los genetistas y viveros, representando a los exportadores y productores.
"Matías Araya es una voz conocida y respetada en el mundo legal-agrícola. Él se trata de diferenciar bastante en eso y, cuando necesitamos especialistas, él es tan reconocido que no necesito explicar su perfil", comenta Germán Sims, abogado de la consultora Utilitas.
El primer vínculo de Araya con el agro no fue legal, sino que al formar una empresa dedicada a controlar las cadenas de frío. "Con eso tuve la visión de conocer el negocio por dentro y darme cuenta de que era necesario contar con una asesoría legal especializada para el rubro agroexportador", recuerda el abogado.
Además, desliza una crítica a los profesionales que dicen "estar dedicados a todo", porque cree que la agricultura necesita de especialización. "La única manera de ser el mejor es tener masa crítica y cuando te especializas como nosotros, que trabajamos con más de 80 exportadoras chilenas y peruanas, conoces a fondo el negocio y sus problemas, porque una solución sirve para muchos, y yo creo que en el sector agroexportador existe esa demanda especializada, porque no es como cualquier otra industria", plantea.
Expertiseen variedades vegetales
La protección de las variedades vegetales, especialmente en frutales, es una de las áreas que más ha crecido en las dos últimas décadas, de la mano con el ingreso de nuevas especies y variedades desarrolladas en otros países, que buscan proteger su propiedad sobre ellas.
De hecho, es un ámbito donde actualmente hay una de las mayores ofertas de opciones de abogados especialistas dentro del agro, según plantea un representante gremial que pide mantener su nombre en reserva.
De acuerdo con el número de registros de variedades de frutales que figuran en los listados del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) -donde es frecuente que aparezcan inscritas a nombre de los estudios que realizan el trámite-, destacan estudios como Sargent & Krahn, que tiene más de cien variedades registradas a su nombre y fue destacado en el área de propiedad intelectual del ranking Chambers & Partners de este año; y otros como Villaseca, Alessandri y Juan Alberto Díaz Wiechers, también con más de 40 variedades a su nombre, en cada caso.
Sin embargo, el gerente de la Asociación Nacional de Productores de Semillas (Anpros), Mario Schindler, explica que la mayoría están dedicados a registrar las variedades, pero algo más especializado es enfocarse, por ejemplo, en la tramitación de la ley de propiedad intelectual vegetal.
En ese sentido, resalta el trabajo de Álvaro Contreras y Jorge Echeverría, del estudio Contreras y Moretic, quienes han acompañado a Anpros en el proceso de trámite del proyecto de ley en los últimos años y tienen un área dedicada especialmente al sector agrícola, con énfasis en la protección de semillas y cultivos, además de la industrialización y exportación de productos.
"Son personas que en el ámbito de propiedad intelectual vegetal tienen mucha experiencia y también saben de registro de variedades", precisa Mario Schindler.
El gerente de Anpros también destaca a Gabriela Paiva, a quien califica como "un referente en el tema de propiedad intelectual", al igual que Juan Alberto Díaz, quien está abocado totalmente al tema y ha publicado varios artículos. "Él lleva mucho tiempo en esto y también se puede mencionar como alguien especializado", recalca Schindler.
Medio ambiente, el tema que viene
Si bien representantes de gremios y otros actores del sector agrícola reconocen que esta es un área que está cobrando más relevancia en términos de asesorías legales y litigios, por lo que aún es incipiente, aseguran que es una de las que tendrá mayor desarrollo en los próximos años.
La razón que la impulsa es el cambio en la institucionalidad iniciado en 2010 y, especialmente, incluida la Superintendencia de Medio Ambiente -que tiene la facultad fiscalizadora y sancionadora- y la entrada en operación de los Tribunales Ambientales, lo que lleva a que exista un ámbito específico para la resolución de temas judiciales de orden ambiental.
Entre los temas que más atañen al agro en este ámbito están, por ejemplo el uso de energías renovables no convencionales (ERNC), la construcción de tranques y embalses de regadío, la producción orgánica, la eficiencia energética e hídrica y el manejo de residuos, tanto líquidos como sólidos y otros que puedan ser peligrosos.
El abogado de la consultora Utilitas Germán Sims plantea que, como es un tema nuevo y se necesitan realizar más evaluaciones de impacto ambiental en los proyectos, hay muchos profesionales que recién se están interiorizando en esta área.
"Además, mientras más grandes sean los proyectos, mayores son los requerimientos de la ley", asegura, y entre sus pares especialistas en el área ambiental enfocados en la agricultura destaca a Jorge García Nielsen, actual gerente de operaciones y jefe del área legal de la consultora Greenland Chile, y también jefe del área de medio ambiente del estudio Araya y Cía.
Como jefe del área de medioambiente del estudio Araya y Cía., García Nielsen representa a la Asociación de Agricultores de San Felipe, Quillota y Los Andes por el proyecto de la ampliación de la división Andina de Codelco, Andina 244, entre otros casos.
Sin embargo, la ambiental es un área que tanto abogados como actores del sector agrícola definen como en una que está "en pañales", y prevén que su desarrollo será muy relevante en los próximos años, cuando debiesen aparecer más profesionales expertos en asesorías. Eso, sin desconocer que ya hay varios que cuentan con la especialización, aunque no enfocada a temas vinculados con el agro.
Quiénes son los top
El grupo de abogados que destacan en el sector agrícola ha egresado de las universidades más prestigiadas del país. Como rasgos en común tienen que hablan a lo menos dos idiomas y cuentan con estudios de posgrado tanto en Chile como en el exterior.
La mayoría de ellos dicta clases en distintas facultades de Derecho y, aunque no responden a un parámetro común en cuanto a edades, coincide que comenzaron a ejercer en momentos en los que sus actuales especialidades cobraron mayor relevancia para los agronegocios, lo que ocurre especialmente con el comercio internacional, propiedad intelectual y medioambiente. Los especialistas creen que esta industria, que hasta ahora se ha visto como el "patito feo" en el mundo legal al compararlo con otras, tiene espacio para más especialistas y debiera consolidarse en los próximos años, de la mano con la profesionalización del sector.
Gabriela Paiva Hantke Propiedad industrial
(Habla español, inglés y japonés)
La abogada de la Universidad de Chileposee estudios de especialización en propiedad intelectual en Corea del Sur y ha sido profesora de esa área en distintas universidades nacionales.
Es consultora del Gobierno para APEC en materias de propiedad intelectual y solución de controversias a través de la Fundación Chilena del Pacífico, y ha trabajado en conjunto con distinta asociaciones de productores para promover las certificaciones de denominación de origen.
Su trabajo consiste en registrar variedades y marcas de empresas en Chile, y en definir una estrategia comercial para su desarrollo en el sector agrícola, además de establecer contratos de licencias.
Dice que su cercanía e interés por el área agrícola viene por haber crecido en la Región del Maule.
"Para Chile es un área igual de importante que la minería, por el potencial que tenemos para producir y exportar alimentos, por lo que es un área importante a desarrollar en términos de asesorías legales", analiza.
Juan Alberto Díaz Wiechers Propiedad industrial
(Habla español, inglés y alemán)
Su madre es mexicana, por lo que estudió en la Universidad Anáhuac de Ciudad de Méxicoy luego validó su título ante la Universidad de Chile. Tiene oficina en ambos países y se dedica exclusivamente a las variedades vegetales desde hace 18 años.
Es profesor de Variedades Vegetales en los diplomados de Propiedad Industrial de la Universidad Católica y Finis Terrae, y en la cátedra de Variedades Vegetales de la maestría en Propiedad Intelectual de la Universidad Anáhuac, en México.
"Este es un nicho sumamente chico, donde se requiere un muy buen nivel de inglés y el manejo de distintas legislaciones internacionales. La gente prefiere que estemos súper especializados y no pasar por otras personas, porque uno ya tiene redes de profesionales de confianza", comenta, y añade que está en contacto permanente con sus pares de Estados Unidos, Perú, Australia, Sudáfrica y la Unión Europea, donde trabaja especialmente con expertos holandeses.
Jorge García Nielsen Medio ambiente
(Habla español e inglés)
Es abogado de la Universidad Católica y cuenta con un diplomado en Recursos Naturales y Energía de la misma casa de estudios, además de un postítulo en Evaluación Ambiental de Proyectos y Derecho Ambiental de la Universidad Finis Terrae.
Se dedica principalmente a la asesoría legal en temas como la evaluación ambiental de proyectos, permisos ambientales y sectoriales, y dentro del área judicial al derecho de aguas, forestal, sanitario, minero, eléctrico y penal, con énfasis en el sector agroindustrial.
Es representante de empresas agroexportadoras en la Región de Atacama, contra el proyecto minero Caserones, de Lumina Copper; y de los agricultores de Catapilco ante el proyecto de instalación de una carretera eléctrica de la empresa InterChile -perteneciente al grupo colombiano ISA- en la zona de Zapallar, entre otros casos.
Matías Araya Varela Comercio internacional
(Habla español e inglés)
El socio de Araya y Cía. es abogado de la Universidad Católica y máster en Business Law de la Universidad Adolfo Ibáñez, especialista en derecho agrícola y comercio internacional.
Es un nombre reconocido por los exportadores chilenos y es el único latinoamericano árbitro del centro de arbitraje Fruit and Vegetable Dispute Resolution Corporation (DRC), que crearon Canadá, Estados Unidos y México cuando formaron el Nafta para la solución de controversias en materia agrícola.
"En diez años, lo que hemos ido notando es que ha habido una profesionalización enorme en este sector, ya que se está dando cuenta de que necesita especialistas también en lo legal para poder hacer un buen trabajo y disminuir sus pérdidas lo más posible, es decir, cometer pocos errores y estar seguros", asegura el abogado que encabeza el único estudio del país enfocado directamente en el sector agrícola, que actualmente tiene 16 abogados asociados.
Federico Mekis Martínez Comercio internacional de vinos
(Habla español, inglés, francés e italiano)
El asesor legal de Vinos de Chile es abogado de la Universidad de Chiley tiene estudios de convenios comerciales internacionales en la Universidad de Princeton, en la Woodrow Wilson School for Public Affairs.
Desde esa industria indican que es una voz autorizada, especialmente en las normas nacionales que afectan al vino -como el alza de impuestos de la reforma tributaria- y las internacionales relacionadas con tratados de libre comercio, propiedad intelectual, prácticas enológicas y certificados. En forma particular trabaja con Alma Viva, Concha y Toro y Emiliana.
Comenta que al día recibe entre cinco y diez consultas, de las cuales muchas son simples, aunque requieren los conocimientos específicos de las normas internacionales. "Ahí tengo una ventaja bastante grande, por la experiencia que tengo acumulada por muchos años... Además, creo que el tema vitivinícola está más separado en la agricultura", asegura.
Franco Brzovic González Derecho Tributario
(Habla español e inglés)
Es socio del estudio jurídico Pérez Donoso, abogado de la Universidad Católicay magíster en Derecho Tributario de la Universidad de Chile, y lleva más de 25 años enfocado en el sector agrícola, desde el ámbito tributario y de comercio internacional.
Es consultor del Fondo Monetario Internacional (FMI), miembro de la comisión tributaria de la Sofofa y presidente de la comisión tributaria de la Corporación de la Producción y del Comercio (CPC).
Aunque en el sector agrícola lo destacan desde el punto de vista tributario, Brzovic asegura que su especialidad va más allá, porque debe armonizar las normas aduaneras, tributarias y de Tesorería, además del derecho internacional. "Es una multitud de disciplinas que se tienen que conocer para dar una buena solución o asesoría, porque los distintos organismos hoy se interconectan", explica.
Su trabajo también se centra en dictar charlas y capacitar a sus ejecutivos, mandos medios y operarios en el ámbito tributario.
Alejandro Vergara Blanco Derecho de aguas
(Habla español, inglés y francés)
Este abogado de la Universidad de Concepción y doctor en Derecho de la Universidad de Navarra es reconocido en el sector como "un prócer" en materia de derechos de agua. Desde 2010 hasta este año ha sido destacado en el área de Energía y Recursos Naturales por Chambers & Partners.
Es socio fundador del estudio Vergara y Cía., donde es consultor de empresas y organismos públicos, además de otros estudios jurídicos, en temas relacionados con derecho de bienes públicos, derecho de aguas, eléctrico y minero, sobre lo cual ha escrito diversas publicaciones. También es profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Católica.
"Él es un maestro y, por su vasta experiencia, mucha gente lo considera como una voz autorizada incluso para realizar informes en derecho en los mismos juicios de aguas. Es alguien que desestabiliza la balanza, porque sabe mucho", aseguran desde el sector agrícola.
Los casos emblemáticos
Exportadoras batallan contra cobros del Sag
En 2009 se reunieron 123 empresaspara exigir que el SAG les devuelva los cobros realizados entre 2004 y 2008 por inspecciones realizadas para certificar que la fruta está libre de plagas y pesticidas, siendo el único organismo autorizado para eso. Las compañías reclaman que los cobros -que sumarían US$ 108 millones- son inconstitucionales y excesivos. El abogado Francisco González Hoch, socio de Enrique Barros y quien los representa, estima que la Corte Suprema podría emitir su fallo en marzo de 2015 y, de ser favorable para ellos, "saldaría solo parcialmente un cobro abusivo efectuado por más de 20 años por parte del SAG".
La disputa de Bauzá con Minera Hampton
Tras un juicio iniciado hace más de ocho años, la Corte de Apelaciones de La Serena rechazó en marzo las demandas de ampliación y constitución de servidumbres que había solicitado la minera australiana Hampton sobre terrenos de la pisquera Bauzá, representada por el abogado Jorge Marchant Santa María, en el valle del río Rapel, Región de Coquimbo. La Corte de Apelaciones determinó que las acciones de la minera no pueden prosperar debido a que en la época de notificación de la demanda, el terreno estaba plantado con frutales, lo que obliga a obtener la autorización del dueño del predio para realizar obras como las que considera el proyecto de esta mina a rajo abierto, en un conflicto sobre el uso del suelo y el subsuelo.
El fallo del TDLC por el Caso Pollos
Tres años después de que la Fiscalía Nacional Económica(FNE)acusara ante el TDLC a Agrosuper, Ariztía y Don Pollo de coordinarse, por medio de la Asociación de Productores Avícolas (APA), para limitar y controlar el volumen de producción, el tribunal determinó que sí acordaron limitarla para el mercado nacional. El fallo, al que apelaron al menos Agrosuper, Ariztía y APA, establece el pago de US$ 25 millones para esas dos empresas, y US$ 10 millones para Don Pollo, y ordena la disolución del gremio, representado por el abogado Felipe Vial Claro,quien también asesoró a SalcoBrand en el Caso Farmacias. Agrosuper es representada por el abogado Luis Eduardo Toro; Ariztía, por Álvaro Ortúzar; y Don Pollo, por Enrique Barros.
La demanda de los productores de leche ante el Tdlc
A fines de agosto, la Federación Nacional de Productores de Leche (Fedeleche) demandó a las empresas Soprole, Nestlé y Watt's ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) por presuntas prácticas anticompetitivas en el mercado de compra de leche cruda.
El gremio, asesorado por el economista Alexander Galetovich y el abogado y ex director de la Direcon Álvaro Jana, plantea que las compañías no han permitido que ese mercado funcione en forma competitiva, lo que habría impedido que subieran los precios, provocando daños por US$ 737,8 millones entre 2006 y 2014.
