El Mercurio
Durante tres horas estuvo reunido el Pleno de la Corte Suprema ayer para debatir el informe aprobado por la Cámara de Diputados el jueves, que concluyó la existencia de responsabilidades administrativas y políticas respecto de la no entrega del estudio que da cuenta de abuso sexual en hogares y residencias de menores del Sename.
Estos antecedentes surgieron a través de encuestas anónimas a niñas y niños realizadas por jueces de familia en conjunto con la Unicef.
Una de las principales preocupaciones del máximo tribunal fue que la Cámara Baja también aprobó la responsabilidad constitucional y, por ende, política del ministro del máximo tribunal Héctor Carreño, quien hasta diciembre de 2013 era el encargado de apoyo de la Reforma de Familia.
Los 16 ministros presentes estuvieron por emitir una inédita declaración de 13 puntos. En los seis primeros abundan en las acciones del Poder Judicial para la protección de los menores y en las siete siguientes formulan críticas al actuar de los diputados, que califican de "inconstitucional".
El principal impulsor de las críticas fue el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz.
Cerca de las 14 horas fue la vocera, la ministra Gloria Ana Chevesich, quien leyó la declaración, pese a que ella fue uno de los cinco votos de minoría que no compartían íntegramente el comunicado.
"La Honorable Cámara de Diputados ha afectado gravemente el principio de separación de poderes, pilar fundamental en un Estado Democrático de Derecho, conforme al cual la función fiscalizadora de la referida Cámara se encuentra autorizada constitucionalmente respecto de los actos del Gobierno, pero en ningún caso del Poder Judicial", dijo el Pleno.
También sostuvo que la Cámara Baja tiene una inhabilidad para conocer el caso del ministro Carreño si es acusado constitucionalmente. Esto, porque declararon anticipadamente su responsabilidad política y constitucional al votar el jueves pasado este punto y han "emitido pre-juicio sobre el fondo, lo que con miras al debido proceso garantizado por la Constitución, le significa la inhabilidad para conocer de cualquier iniciativa que tienda a efectuar igual pronunciamiento".
Los supremos no desconocen que los magistrados pueden ser acusados constitucionalmente en juicio político, "pero nunca por la acción de una comisión investigadora".
En el acuerdo recalcan que guardaron silencio al "observar el quebrantamiento de nuestro orden constitucional reflejado en el obrar de la comisión especial investigadora y en su informe", hasta que hubiese un pronunciamiento de la Cámara en su totalidad, la que "tendría la oportunidad de rechazar en su integridad" el informe.
Como esto no ocurrió, según la mayoría del máximo tribunal, la Cámara de Diputados "se arrogó facultades de las que carece y que la Constitución de la República no le entrega".
La Corte Suprema cuestionó la falta de iniciativas legales de los parlamentarios pese a que conocían esta realidad y que "pretendan traspasar la responsabilidad de su inactividad a otras autoridades, las que han afrontado, con sus limitados recursos, una tarea que les excede".
Recuadro :
ALMUERZO
El presidente de la Corte Suprema y el ministro Héctor Carreño, por otras actividades, almorzaron con los presidentes de la Cámara y del Senado.
''La Honorable Cámara de Diputados ha afectado gravemente el principio de separación de poderes, pilar fundamental en un Estado Democrático de Derecho, conforme al cual la función fiscalizadora de la referida Cámara se encuentra autorizada constitucionalmente respecto de los actos del Gobierno, pero en ningún caso respecto del Poder Judicial".
PUNTO OCTAVO DE LA DECLARACIÓN DEL PLENO.
''Es una situación entre dos poderes del Estado respecto al cual el Ejecutivo no se puede pronunciar. (En el tema) Hemos hecho un análisis exhaustivo de cuáles son las situaciones que deben ser investigadas a través del Ministerio Público (...) para buscar y penalizar a los abusadores sexuales que han sido en algunos casos identificados".
JOSÉ ANTONIO GÓMEZ, MINISTRO DE JUSTICIA
Constitucionalistas coinciden con el Pleno del máximo tribunal
Dos abogados constitucionalistas coincidieron en lo inédito que es el conflicto que enfrenta la Corte Suprema con la Cámara Baja. Uno de ellos compartió los cuestionamientos a la inhabilidad que planteó el máximo tribunal y los dos a las atribuciones de las comisiones investigadoras como la del Sename.
Según Jorge Correa Sutil, la Cámara de Diputados "atribuyó una responsabilidad jurídica y política al ministro (Carreño) sin haberlo oído (en la comisión investigadora), lo que es contrario a la regla del debido proceso. No se puede atribuir una responsabilidad sin haberlo escuchado".
El constitucionalista coincide también con el máximo tribunal en una posible inhabilidad de la Cámara Baja, ya que la actividad fiscalizadora de las comisiones son para "actos de gobierno, y no atribuciones a órganos constitucionalmente independientes, como es el Poder Judicial. Por lo mismo, no pueden citarlos (a los ministros). Sin embargo, ya lo juzgaron, y le atribuyeron responsabilidad sin oírlo".
El constitucionalista Arturo Fermandois aseguró que los "obligados a comparecer a comisiones investigadoras son los integrantes de la administración del Estado en sentido amplio, incluidas empresas del Estado, pero no miembros de los tribunales superiores de justicia, no ministros de la Corte Suprema".
El abogado agregó que las comisiones investigadoras tienen "por objeto fiscalizar al Gobierno, no al Poder Judicial. El texto del artículo 52 de la Constitución es claro".
Aunque a su juicio, "más que resultar inconstitucional, no produce un efecto vinculante. Por el contrario, es importante que todos los órganos del Estado respeten la independencia de los magistrados (art. 76 de la Carta Fundamental). Naturalmente, esto no excluye el ejercicio de las facultades propias de la Cámara, cuando se ejercen formalmente mediante una acusación constitucional, que obviamente no ha sido aquí el caso".
El ministro Héctor Carreño
El miércoles 16 de abril, un día antes de que se votara el polémico informe en la Cámara, el ministro Héctor Carreño Seaman cumplió 70 años. Su carrera judicial partió en 1972 y llegó al máximo tribunal en diciembre de 2006, designado por la Presidenta Bachelet.
Es respetado y apreciado por sus pares, quienes lo califican como mesurado. Integra la Tercera Sala Constitucional.
Aún ministro de Corte de Apelaciones, en enero de 2001 fue nombrado por el máximo tribunal para investigar las inhumaciones ilegales en la cuesta Barriga de desaparecidos, en 1976.
En 2008 asumió como encargado de la Reforma de Familia en la Suprema, donde enfrentó el colapso de estos tribunales. En este cargo permaneció por cinco años y a fines de diciembre de 2013 renunció ya que acordó quedarse hasta que terminara la presidencia de Rubén Ballesteros.
Diputados de la comisión lamentan la declaración
Diputados DC protagonistas de la comisión investigadora lamentaron el camino adoptado por la Corte Suprema.
"Es lamentable que la Corte, en lugar de preocuparse del tema de fondo, que es la clara vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes en dependencias a cargo del Servicio Nacional de Menores, se dedique a cuestionar las conclusiones de una comisión que se dedicó intensamente a indagar sobre decenas de casos desgarradores; informe aprobado por unanimidad por la Cámara", indicaron los diputados René Saffirio y Ricardo Rincón, en una declaración conjunta.
Saffirio, quien ejerció la presidencia de la instancia fiscalizadora, defendió las facultades de la Cámara y recordó que el informe fue aprobado por unanimidad en cuanto a la existencia de responsabilidades administrativas y políticas al no difundir oportunamente el estudio, que daba cuenta de los abusos en hogares y residencias de Sename.
"La Cámara no se ha excedido en el uso de sus atribuciones, y los argumentos jurídicos que avalan nuestro proceder serán expuestos, en su debida oportunidad, al presentarse la acusación constitucional contra el ministro Carreño", recalcó.
El diputado Rincón garantizó el debido proceso si se hace efectivo el libelo, y añadió que están revisando esta posibilidad, "ya que obviamente no depende de uno o dos diputados".
La mesa de la Cámara desestimó referirse al tema, en espera de la reunión de comités que se realiza habitualmente los martes en la mañana.
La votación
El acta N° 52-214 recoge el pronunciamiento de 13 puntos sobre la actuación de la Cámara de Diputados. Al Pleno asistieron 16 ministros.
A favor de la totalidad de los puntos se manifestaron los ministros Sergio Muñoz (presidente), Segura, Ballesteros, Dolmestch, Valdés, Pierry, Silva y Aránguiz, y las ministras Maggi, Egnem y Sandoval.
A favor solo de los primeros seis puntos, pero sin suscribir los siete restantes, que cuestionan el actuar de la Cámara Baja, se pronunciaron los ministros Juica, Künsemüller, Brito y Blanco, y la ministra Chevesich.
