La Tercera
Señor director:
La infracción a la Constitución y las leyes junto a la violación a los derechos humanos en Venezuela es insostenible. No es sólo el clamor de esa población, sino que organismos tan respetados como Human Rights Watch y Amnesty International las han recientemente denunciado. Armar grupos paramilitares para exterminar a sus oponentes es un crimen de lesa humanidad (Estatuto de Roma), y se está produciendo ante nuestros ojos.
Por otro lado, la Conferencia Episcopal de Venezuela, el pasado 2 de abril, emitió un comunicado en el que señalaba que la "causa fundamental de la actual crisis es la pretensión del partido oficial y autoridades de la República de implantar el llamado 'Plan de la Patria', detrás del cual se esconde la promoción de un sistema de gobierno de corte totalitario". Continúa dicho comunicado "Los estudiantes y otros manifestantes pacíficos ejercen su legítimo derecho, previsto en la Constitución, y merecen, por tanto, todo respeto".
Todos sabemos que un gobierno puede tener un origen democrático, como el de Hitler, pero termina con ese carácter al violar el orden jurídico y especialmente los derechos humanos, y al tener grupos paramilitares propios que actúan impunemente. ¿Se puede realmente decir a estas alturas que se tiene la responsabilidad de defender a un gobierno elegido democráticamente, como el de Venezuela, cuando ese mismo gobierno se ha convertido en una dictadura?
