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En agosto recién pasado, salió a la luz pública el libro Activismo Judicial en Chile, ¿Hacia un gobierno de los jueces? editado por Libertad y Desarrollo (LyD) y escrito por José Francisco García y Sergio Verdugo.
En él se analizaba el rol que jugaban algunos jueces en ciertos casos de alta connotación y que les permitían aseverar a los autores que, como cita el libro, "hay un problema en el Poder Judicial hoy en Chile".
En esa línea, explican que "no sólo llama la atención la existencia de múltiples casos, sino también el hecho de que ellos se refieren a las materias más diversas (salud, educación, energía o seguridad pública) que gozan de enorme actualidad".
Entre los casos que recoge el libro pueden mencionarse las tomas de establecimientos educacionales; el Convenio 169 y el fallo en contra de las autopistas por las multas impagas del TAG, por mencionar algunos.
Sin embargo, particular preocupación plantea el libro respecto del área ambiental y la salud privada.
Respecto de lo primero y recogiendo el fallo de la Corte Suprema contra la instalación de la Central Termoeléctrica Castilla, plantea que "con la nueva jurisprudencia ambiental de la Corte, y especialmente tras Castilla, la incertidumbre regulatoria es alta y esto es precisamente una mala noticia para el desarrollo de proyectos energéticos que son fundamentales para alcanzar la demanda energética proyectada hacia el futuro", estableciendo como inicio de dicha práctica en 2009.
En segundo lugar, advierte sobre el activismo en el área de la salud, señalando que " la denominada judicialización de la salud ha llegado a niveles insospechados. En efecto, mientras en 2007, los recursos de protección contra las alzas en los planes de Isapres llegaban a 737, en 2008 a 5.193, en 2009 a 6.244, en 2010 a 7.368; en 2011 sumaron 21.497 y en 2012 se duplicaba esta última cifra a 43.407".
Frente a este tipo de situaciones, los autores señalan que "el activismo judicial es una realidad que comienza a consolidarse como una práctica, defendida intelectualmente por algunos jueces concretos".
Respecto de cómo enfrentar el tema, recomiendan que "debe presionarse por la generación de metodologías judiciales que hagan más rigurosas las sentencias, cuestión que debe ser promovida desde la Corte Suprema, controlada por ésta y también por el mundo académico".
