La Tercera
La última encuesta mensual de Adimark mostró que la aprobación del desempeño del gobierno en las políticas de seguridad no superó el 10%; pésima evaluación en materias que aseguraba solucionaría y haría la diferencia. El desconcierto gubernamental es grande. Si bien la información de la encuesta nacional de victimización muestra que los niveles han disminuido en los últimos años, la ciudadanía siente temor y desconfianza en las instituciones que deberían estar a cargo de protegerlos.
Mucha oferta de castigo no ha funcionado. De hecho, parece que le ha jugado en contra a una coalición que ofreció acabar con la fiesta de los delincuentes y ponerle el candado a la puerta giratoria. En este contexto, los últimos anuncios de indicaciones al proyecto de ley sobre reformas al Código Procesal Penal muestran que los aprendizajes han sido limitados.
El gobierno continúa en la idea de proponer más facultades sin control judicial a las policías, con autonomía incluso de los fiscales que dirigen su actuación, restringir derechos ciudadanos y limitar aún más las facultades y discrecionalidad de los jueces a la hora de adoptar decisiones que afecten la libertad de las personas, impidiendo la efectiva protección de las garantías de los ciudadanos. Para todo esto, ¿se requiere un cambio legal o mejores y más efectivas estrategias policiales?
El ministro del Interior llamó a los diferentes candidatos presidenciales a apoyar estas propuestas, lo que nos parece no debería suceder. Avanzar en el diseño e implementación de políticas públicas de seguridad requiere una mirada multidisciplinaria y el reconocimiento de que el control es sólo una parte de la respuesta estatal, y generalmente la menos efectiva.
En Chile ambas instituciones policiales enfrentan serios desafíos para aumentar la cantidad de detenidos que son efectivamente acusados y luego condenados, para mejorar la calidad de la recolección de evidencia, para consolidar un trabajo pericial de alto nivel, pero también para mejorar la relación con la comunidad. De igual forma, el Ministerio Público debe avanzar en mejorar las estrategias de persecución penal inteligente, disminuyendo los niveles de archivo de casos y estableciendo políticas persecutorias claras, con foco evidente en las víctimas.
Hay que ser claros en que queda mucho camino para mejorar las estrategias policiales de investigación y control del delito, así como es posible que se requieran cambios legales para hacer el proceso más eficiente. Ambos son elementos de una estrategia nacional donde, por ahora, se extraña el componente preventivo y resocializador. Ofertar la reforma de la reforma puede ser una buena estrategia comunicacional electoral, pero en el muy corto plazo dejará más ansiedad y frustración que tranquilidad en la ciudadanía.
Estamos, entonces, frente a la oportunidad de limitar el populismo penal y por primera vez en la contienda electoral presidencial debatir una estrategia país para enfrentar los problemas de inseguridad y violencia que se viven diariamente en el país. Todo lo demás posiblemente desaparecerá tan rápido como la propaganda electoral.
