Pulso
Nuevamente el caso farmacias pasará a terreno del Ministerio Público. A menos de un mes de que el Séptimo Juzgado de Garantía visara el acuerdo entre la fiscalía y los ejecutivos, que en su conjunto debían pagar $ 255 millones y como castigo anexo asistir a clases de ética empresarial, apareció en escena la Corte de Apelaciones, entidad que no sólo echó por tierra el convenio, sino que puso en una postura delicada a la Fiscalía, órgano que consideraba que la mejor salida para el bullado caso pasaba por un acuerdo que llevará los alegatos a un juicio oral.
Según la directora del Centro de Libre Competencia de la Universidad Católica, María Elina Cruz, es poco probable que el Ministerio Público logre una condena en esta arista, debido a la conducta penal intachable de los imputados y a la debilidad del tipo penal que sanciona esta conducta.
La abogada experta en temas de libre competencia confirma un escenario poco alentador para el persecutor, a pesar de que la opinión pública tiene una postura de alta sensibilidad frente al tema y donde los criterios políticos pueden ser claves a la hora del veredicto.
"El caso Farmacias debió terminar en la arista administrativa. Está claro que en la arena penal las penas son son muy bajas. Además, por algo están los tribunales de Libre Competencia, donde el Estado ya invierte mucho dinero y dos sedes no se justifican", añade la especialista.
Entonces, a su juicio, el Ministerio Público no debió entrar nunca al caso?
- Creo que el caso farmacias debió haber terminado en la arista administrativa por la exclusiva razón de fondo que no está funcionando la delación compensada, sino fuera por este caso de las farmacias, y al Ministerio Público no se le hubiera ocurrido una arista penal, en este momento la delación compensado estaría funcionando y tendríamos miles de casos de colusión detectados en Chile y no necesariamente los tres que se detectaron al momento.
¿Considera que el acuerdo y el posterior juicio oral que se avecina son un mal precedente para la justicia ordinaria?
- La sanción es bajísima, son sólo unos días de cárcel, ya que la arista penal está fundamentada en un artículo que no fue diseñado para esto, y eso si es que los condenan, ya que es muy difícil que se cumplan los requisitos.
¿Es difícil llegar a una condena?
- El juez debe demostrar que se subieron los precios naturales, por ende el tribunal debería acreditar que hubo precios antinaturales. El problema es cómo se clasifica un precio de esta manera, por eso yo creo que es muy difícil que se llegue a una condena.
Una vez que se logró el acuerdo, muchos de los querellantes, parlamentarios dijeron que había que endurecer las penas, ¿qué opina de la postura?
- Yo he ido a muchas comisiones en el congreso y siempre quieren subir las penas, pero lo que no entienden es que para sancionar algo, primero tienes que detectarlo. Pueden subir las penas de colusión a 100 años, pueden crear nuevos tipos penales, pero eso no significará nada si no se detectan. Personalmente creo que es una vergüenza que se hayan detectado tan pocas colusiones, estamos al lado de países que de frentón no tienen legislación de libre competencia o que no tienen sistema de libre mercado.
La OCDE, hasta ese minuto, nos había criticado mucho como país, porque no teníamos casos de colusión sancionados y necesitábamos más pruebas y evidencias de que existían esos carteles. Chile adoptó la delación compensada, pero la introdujo como una ley muerta.
¿La delación compensada es la clave para detectar los casos?
- Es la clave que probablemente hubiera funcionado, así lo dice la experiencia internacional. ¿Qué tenemos ahora en casos relevantes? Detectados solo tenemos el caso pollos, buses y farmacias, este último que es bastante cuestionable como se hizo la sentencia.
¿Por qué no está de acuerdo con la sentencia del TDLC?
- Por ejemplo, en el TDLC no se abrió un expediente contra los laboratorios, que fueron claves en este caso de colusión, esto ya no se realizó por que se pasó el plazo en esta sede. Otro elemento que considero complejo en esta arista fue que en la sentencia de libre competencia se usaron antecedentes proporcionados por el Ministerio Público, eso ya es un poco delicado, no puedes tener dos casos corriendo de manera paralela y tomar de una sede lo que te sirve de otra.
¿A su juicio cuál es la estructura más funcional que debería tener la delación?
- Creo que hay dos soluciones, una ideal y una realista para nuestro país. Creo que gastamos mucho dinero invertido en un tribunal especializado, como es el de libre competencia, para que la justicia ordinaria conozca de estos temas, lo digo hasta por un tema de concordancia con el gasto público.
¿Y qué opinas de fortalecer las multas?
- Creo que idealmente deben haber multas personales a los culpables por casos de colusión, ya se ha demostrado en la OCDE que la mejor manera de disuadir este delito es a través de multas personales.
Considero que con una multa de US$2 millones por persona sería una disuasión ideal, con esa fórmula mandas a la quiebra a cualquiera que caiga en este delito. Esa es la solución ideal, pero ¿cuál es la solución para el país?
Yo lo he conversado en el Congreso, acá no hay voluntad de sacar la sanción penal, todos quieren sanciones penales para la colusión, y todos ellos dicen que sacarla es un suicidio político para los parlamentarios que los propongan.
Creo que la solución realista para el país pasa por extender la delación compensada a la arista penal, así se lograría de cierta manera el objetivo.
¿Y qué papel tendría la FNE en esta solución?
- Creo que el rol de la FNE debe ser más activo, debe asegurar la protección de alguien que entrega antecedentes.
Ahora se verá el caso Pollos, en ambas sedes, ¿cree se podría repetir el mismo efecto que el caso farmacias?
Es lo más probable. Eso sí, ahora la FNE tiene nuevas facultades, eso es importante, ahora la fiscalía es la que aportó la prueba dura y que puede evidenciar una conducta colusoria. En las farmacias, fue el Ministerio Público el que se las facilitó las pruebas. Pero actualmente creo que el problema que es hay motivaciones políticas. ¿A qué se refiere?
Con motivaciones políticas me refiero a que todos quieren sancionar la colusión, no se piensa en cómo detectarla. Todos quieren aparecer como que lo sancionan espacialmente en año de elecciones, recuerda que el caso farmacias también fue en año de elecciones. Es peligroso que se vean temas de libre competencia en año de elecciones.
