El Mercurio
"Cincuenta años es bastante tiempo", dice. Llegó en la década de los sesenta al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y, desde el organismo, observó cómo se desarrollaron algunos de los capítulos más importantes de la historia judicial del país. Durante casi 30, ejerció como consejero, participando de las decisiones que marcaron innumerables procesos que comprometían -y comprometen- los intereses fiscales. Hace solo algunas semanas cumplió 75 años y por ley correspondía que dejara el cargo.
El ex consejero y presidente del comité penal, Eduardo Urrejola, hoy instalado en su oficina de Las Condes, aborda los cambios que ha tenido la institución, el cómo impactó en su trabajo la creación del Ministerio Público, y el problema que produce en ciertos casos el mandato legal que rige al organismo.
Su apuesta sobre el camino que debiese seguir el CDE: dar un mayor desarrollo a la defensa de asuntos medioambientales, tener una labor preventiva respecto de los contratos estatales, e intentar una representación más clara en la coordinación de juicios transnacionales que involucren al Estado de Chile.
De sus planes personales, en tanto, cuenta que intensificará el ejercicio privado de la profesión y que continuará haciendo clases en la Universidad Católica, porque -advierte- "yo no me jubilo".
El nuevo proceso penal impactó en las competencias del CDE. ¿Cree necesaria alguna modificación legal que sea útil a su trabajo?
-Hace falta una reforma que no deje radicadas solo en el fiscal las facultades de formalizar. En el nuevo sistema, el consejo actúa como querellante y no puede forzar una formalización, ningún querellante puede. Echo de menos una herramienta que permita proseguir el sostenimiento de la acción penal, aunque el Ministerio Público no impute cargos.
¿Hacia dónde cree que debería avanzar el Consejo en el futuro?
-Debiese dar un mayor desarrollo en la defensa del medio ambiente y buscar, aunque se requiere de una modificación legal, una representación más clara en materia de juicios transnacionales, porque es probable que la globalización haga más frecuente este tipo de conflictos. También lo veo en una labor de carácter preventivo más activa en el ámbito de los contratos del Estado. Muchas veces nos llegan problemas y bastaría con que se le consultara más.
¿Ha tenido el Consejo experiencia en esta materia?
-No, pero hay organismos fiscales que han contratado abogados privados como coordinadores en pleitos en el extranjero, no quiero nombrar casos, pero ha ocurrido y se gasta mucho en eso. Creo que ese papel le corresponde al Consejo y quedaría más institucionalizado si hubiese una ley que le diera esta representación.
"Hay apasionamientos naturales al defender la propia tesis"
El Consejo ha tomado decisiones difíciles, ¿se resienten las relaciones entre consejeros?
Al adoptar un acuerdo, opina cada uno de los 12 consejeros y las votaciones, sobre todo cuando hay disidencias, son fundadas. Hay apasionamientos naturales al defender la propia tesis, pero existe gran respeto por la opinión del otro. Es cosa de pensar en lo que pasa en el foro, los abogados peleamos en las salas (de los tribunales), y a la salida empezamos a contarnos historias. Una cosa es el litigio y otra las relaciones personales.
¿Quiénes "pelean" más? ¿Los penalistas, los civilistas?
-Creo que el tema penal apasiona más, lo que no significa que sean los temas más cuantiosos que se debatan. Por el contrario, en materia civil muchas veces las cuantías son muy superiores a las comprometidas en los delitos penales con incidencia económica, pero en lo penal hay otra motivación, porque el consejo no defiende solo la caja fiscal, sino que también la probidad funcionaria. En materia penal, de hecho, se interviene aunque sea poco o nada el dinero en juego.
Hay ciertas decisiones del Consejo que pueden parecer contradictorias, como ocurre en el accionar penal y civil en los casos de derechos humanos, o en los de funcionarios públicos involucrados en delitos que afectan a un particular. ¿Cómo se explica eso?
-Ese es un problema existencial, digamos. La ley nos dice, por una parte, que debemos accionar contra los malos funcionarios públicos que incurren en delitos con ocasión de sus funciones y, por otra, que debemos defender los dineros fiscales. Entonces puede producirse esa contradicción cuando se trata de funcionarios que incurren en delitos y, a su vez, causan daño a los particulares, de tal suerte que luego esos particulares pueden demandar al Estado, apoyándose muchas veces en que este mal funcionario incluso está siendo cuestionado penalmente por el propio consejo. La ley nos pone en esa situación.
"En materia de derechos humanos, el consejo si bien persigue penalmente a los responsables de un hecho, está al mismo tiempo obligado a exponer todos los aspectos jurídicos favorables para evitar un pago indemnizatorio y, por eso, si no alegara la prescripción, dejaría de cumplir con su deber".
"Se exige premura, pero el estudio de las causas atenta contra esa rapidez"
Mucho se ha hablado sobre quién pueda ser su sucesor, ¿tiene algún candidato para el cupo que deja en el Consejo?
-No he pensado en un candidato dada la libertad del Presidente de la República para designar a los consejeros, solo puedo decir que hay gente meritoria dentro del servicio que perfectamente podría ejercer el cargo de consejero con éxito.
Si tuviera que hacer una revisión crítica del CDE, ¿dónde diría usted que existe una deficiencia?
-Es difícil hacer una crítica, dicen que a veces los árboles no dejan ver el bosque, pero además creo que no me corresponde.
Pero ha habido críticas respecto del trabajo del Consejo en algunas causas; por ejemplo, se ha acusado pasividad en su accionar...
-Se exige premura, pero el estudio de las causas atenta contra esa rapidez. Reconozco que ha habido crítica, pero a veces se le critica porque no actúa con celeridad y, otras, porque lo hace y luego hay reveses.
¿Resienten en el CDE esta crítica cuando viene de la autoridad política o cuando se les interpela por su trabajo mediante la prensa?
-Eso ha ocurrido en todo tiempo, aunque no con demasiada frecuencia. Ha habido desinteligencia entre órganos del Estado y el Consejo, pero entiendo que siempre han sido suficientemente aclaradas, y eso ha hecho que no se resientan las relaciones.
