La Tercera
Ante los anuncios del ministro de Justicia de impulsar una reforma al Código Penal, para cuyo efecto se designará una comisión que prepare el proyecto respectivo, manifestamos desde ya nuestro amplio apoyo a la iniciativa, aun cuando no conocemos sus ideas matrices. Es evidente que dicho cuerpo legal promulgado en 1874 está atrasado, no obstante las numerosas reformas parciales que se han aprobado a lo largo de muchos años.
Sin embargo, hay que ser realista, teniendo presente la experiencia de numerosas iniciativas que se formularon en el pasado, entre las cuales cabe destacar el proyecto de Labatut-Silva en 1938, el de Código Penal Tipo para Latinoamérica en la década del 60 en que trabajó el jurista Eduardo Novoa durante más de 10 años, y el último anteproyecto de Código Penal del 2005 que preparó una comisión designada por el ministro Luis Bates e integrada por los mejores penalistas del momento. Durante el trabajo de esta última comisión (2003-2005), hubo deserciones y renuncias por no existir consenso en varias proposiciones, lo que revela la complejidad y dificultad de una reforma integral del Código Penal. Sus proposiciones no fueron impulsadas por los ministros de Justicia siguientes entre los años 2006 a 2010, sin que tampoco se ingresaran otros proyectos sustitutivos al Parlamento.
Si a esta experiencia se agregan las dificultades que tiene un proyecto de esta naturaleza para su tramitación legislativa -se prefieren las iniciativas de tipo económico, presupuestario o político-, la conclusión no puede ser más obvia: es imposible que se impulse en el Congreso un proyecto de alta complejidad jurídica, ya que ello tomaría tres a cuatro años.
Habría que recordar que el proyecto de nuevo Código Procesal Penal fue presentado en 1995 al Congreso, luego de varios años de trabajo previo, y sólo vino a ser aprobado definitivamente en octubre de 2000, no obstante la dramática urgencia de modificar sustancialmente el antiguo proceso penal inquisitivo.
Dentro de este complejo panorama, nuestra sugerencia sería que se preparara un proyecto de revisión del Código Penal en materias urgentes y relevantes. Paralelamente, tendría que funcionar una comisión para trabajar, a largo plazo, un proyecto de fondo que reemplace enteramente el antiguo Código Penal, tomando como base el anteproyecto de la Comisión del período de los años 2003 a 2005.
La incorporación de abogados parlamentarios o políticos en estas comisiones sería de suma importancia, porque ellos pueden visualizar mejor las posibilidades de éxito. Incluso, pudiese idearse un mecanismo que aceptara el Congreso para constituir una subcomisión especial sobre modificaciones al Código Penal.
Por último, y tal como aconteció con el anterior proyecto de Código Procesal Penal, es necesaria la conformación de equipos de profesionales que aporten su ciencia en algunas áreas y colaboren con la difusión de las ideas básicas de la iniciativa para que la población comprenda su importancia como tema socialmente necesario.
