El Mercurio
La propuesta de acortar las carreras es interesante, pero debe estudiarse y reflexionarse seria y profundamente, pues cualquier decisión tiene efectos muy significativos para la calidad de nuestra educación superior. Se habla mucho del sistema norteamericano, donde carreras profesionales como el Derecho tienen una duración inferior a la que tienen en Chile, pero se olvida que en todos esos casos las carreras son de posgrado, que los alumnos han debido anteriormente estudiar un bachillerato de cuatro años.
En Europa, el caso es parecido, pues si bien las carreras se acortaron por el Acuerdo de Bolonia, en la práctica, para poder trabajar, los alumnos deben tener estudios de posgrado, con lo que el acortamiento de las carreras es una ilusión.
Asimismo, cabe recordar que existen voces autorizadas que reclaman por una supuesta baja en la calidad de los abogados, por lo que cualquier reducción en los estudios de Derecho, de aprobarse, debe necesariamente ir acompañada de elementos que cautelen un nivel alto de preparación para el ejercicio profesional.
En segundo lugar, las universidades sienten que deben ocupar parte del tiempo de los estudios universitarios en suplir las deficiencias del sistema educacional secundario. No se ha abordado este tema crucial cuando se discute acerca del acortamiento de las carreras. En el caso concreto del Derecho, en Chile existen elementos adicionales que considerar, pues no se puede simplemente pedir a las universidades que acorten las carreras recortando contenidos. El Derecho es un "sistema", no un conjunto de normas y, por lo mismo, su enseñanza es compleja. Tiene una lógica, un lenguaje, una estructura, una forma de análisis, que requiere de tiempo para ser transmitido de profesor a alumno y eso se va repitiendo en casi todos los ramos. Por ello, no es tan simple discutir acerca de la disminución del tiempo de duración de la carrera. Es preciso preguntarse cuál es la mejor manera de preparar a los alumnos para poder desempeñarse adecuadamente como abogados y buscar, no solo las materias, sino también las metodologías y el nivel de exigencia requeridos para ese propósito en un espacio más reducido de tiempo. En tercer lugar, cualquier cambio curricular de esta naturaleza requiere de modificaciones legales al menos en dos ámbitos: respecto de las normas de la administración del Estado que regulan la asignación profesional (ya que exigen carreras de 10 semestres) y respecto de cómo recibir el título de abogado, especialmente en habilitación para litigar. Sin estos cambios legales, acortar las carreras perjudicará a los egresados.
Si ese fuera el esquema, habría que reconocer que el estudio de las especialidades y la profundización no pueden quedar al margen y deben, posiblemente, orientarse hacia los posgrados o la educación continua. La pregunta es si cualquier área de práctica profesional puede ser ejercida después de aprobados los cuatro años de estudio y pareciera que la respuesta es negativa.
Por último, de concluirse que sería conveniente acortar la licenciatura, habría que transitar hacia un sistema mixto que recoja las experiencias positivas del sistema norteamericano, pero reconociendo que entre nosotros existe una cultura distinta y, por tanto, que quizás sea conveniente transitar hacia un modelo que permita licenciaturas más específicas, con especialización profesional posterior y licenciaturas más generales con concentración principal en un área, como Derecho, que también conduzcan a esa especialización profesional. Ello requeriría dos correcciones a Bolonia: primero, permitir al licenciado, sin necesidad de realizar estudios de especialización profesional inmediatos, desempeñarse en el mundo profesional del Derecho en ciertos ámbitos y, segundo, aceptar la coexistencia de licenciaturas generales, que permitan también, en este caso, después de la especialización profesional, acceder a los títulos y habilitaciones respectivos para poder ejercer la profesión de abogado. De este modo, se lograría avanzar en licenciaturas más cortas de manera real, aunque sea más limitado que el que teóricamente se ofrece hoy con los cinco años.
