El inicio de la tercera etapa de implementación de la norma implica una serie de medidas para evitar en lo posible la victimización secundaria en los niños, niñas y adolescentes durante los procesos penales.
Implementación de la ley de entrevistas investigativas videograbadas. Balances y desafíos. Ese fue el título del seminario que realizó, el jueves 10 de noviembre, el Programa de Reformas a la Justicia de Derecho UC, ocasión en la que su director, José Pedro Silva, explicó que la actividad se enmarca en el inicio de la tercera etapa de implementación de la ley 21.057, que regula las entrevistas grabadas en video, además de enmarcar ciertas normas de resguardo a niños, niñas y adolescentes (NNA), y a víctimas de delitos sexuales.
“Se trata de una política pública de gran importancia, pues, además de incluir una serie de herramientas que permiten una investigación y juicios más eficientes, supone un esfuerzo por humanizar el proceso penal para las víctimas menores de edad”, aseguró Silva.
En el primer panel participó la gerenta de la División de Atención de Víctimas de la Fiscalía Nacional y coordinadora nacional del Ministerio Público para la implementación de la ley 21.057, Érika Maira, quien la calificó “como la reforma más importante que se ha hecho al proceso penal”. Esto, aseguró, se debe a que “hay un verdadero circuito de cuidados para los NNA en todas las etapas y en todos los trámites que deben intervenir, desde la denuncia hasta la etapa de juzgamiento. El objetivo es prevenir la victimización secundaria y adecuar el derecho a ser oído en los procesos penales”.
Asimismo, se refirió a los artículos 20, 27, 28 y 30 de la ley, referentes a la habilitación de salas, del sistema tecnológico, almacenamiento y custodia, a la formación especializada de entrevistadores, al proceso de acreditación y a los procesos de capacitación y sensibilización; y a los principales aspectos de la implementación del sistema de entrevista videograbada y sus procesos de trabajo asociados.
A continuación, tomó la palabra el juez titular del segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago y coordinador nacional del Poder Judicial para la implementación de la ley 21.057, Nelson González. Durante su exposición, señaló que la norma ha representado para el Poder Judicial un doble desafío: el primero tiene relación con la implementación de una infraestructura necesaria para recibir a los NNA; mientras que el segundo desafío tiene estrecha dependencia con el recurso humano y con la especialización de los miembros del Poder Judicial como jueces y funcionarios, además de quienes intervienen en las diversas causas.
“Los integrantes del tribunal, con los cursos de formación básica sobre la ley, deben conocer sus alcances jurídicos y operativos, lo que implica una suerte de exigencia a los propios intervinientes del sistema. En concreto, los miembros del Ministerio Público y fiscales que se presentan en las audiencias de juicio deben llegar mayormente preparados con contenidos e insumos acerca de la situación del NNA que va a declarar para desarrollar adecuadamente su labor de intermediación”, afirmó González.
El segundo panel estuvo conformado por la profesora de Derecho Penal, Procesal y Práctica y Asistencia Legal de Derecho UC María Elena Santibáñez, junto al abogado asesor de la unidad especializada en Derecho Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, Maurizio Sovino.
En su presentación, la profesora Santibáñez se refirió a los desafíos y problemáticas asociadas a la ley de entrevistas investigativas videograbadas. En este sentido, destacó desde el punto de vista de las víctimas NNA que los jueces, fiscales, abogados e intervinientes en las causas puedan trabajar con mejores herramientas de carácter procesal para “disminuir la victimización secundaria”. Y agregó que “los casos de entrevista investigativa se han configurado como un instrumento validado, puesto que han entregado bastante peso a los tribunales al momento de dictar los fallos”.
Desde el punto de vista de los operadores del sistema, Santibáñez aclaró que ha significado una capacitación constante en la forma cómo tratar a los NNA y en la forma de realización de la entrevista videograbada. En cuanto a las medidas de protección asociadas a NNA, comentó que “me parece que existe un compromiso generalizado de todos los operadores de la ley en reconocer la importancia que tiene el tratamiento de los casos de NNA con todas sus garantías”.
Finalmente, Maurizio Sovino analizó los nudos críticos de la ley. En este sentido, sostuvo que entró en vigencia “sin recursos suficientes” y en un momento crítico socialmente, en medio del estallido social y luego la pandemia.
“Se ha hecho muy difícil levantar este gran edificio que tiene tantas obligaciones, roles y desafíos para reconocer a los NNA como sujetos de derecho en el ámbito penal”, reconoció Sovino.
Respecto al cuidado de las personas, afirmó que “existe una necesidad de tomar medidas institucionales de cuidado a entrevistadores, intermediarios y otras personas que ejercen roles asociales a la ley”. Sobre ese punto, indicó que recibir la información de las experiencias negativas sufridas por los NNA trae cargas para una persona “por lo que la ley y el sistema de justicia penal en su conjunto se debe hacer cargo”.
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