Durante un encuentro realizado en formato híbrido se expusieron los resultados obtenidos por el estudio titulado ‘Esencialidad del Derecho del Niño a ser oído. Dificultades de materialización en el contexto de crisis sanitaria’, liderado por la profesora Carmen Domínguez H.
El pasado jueves 2 de junio se realizó el seminario titulado Esencialidad del Derecho del Niño a ser Oído. Dificultades de Materialización en el Contexto de Crisis Sanitaria, actividad transmitida en vivo desde el Salón Aquiles Portaluppi de nuestra Facultad.
Esta instancia tuvo como objetivo exponer los hallazgos del estudio desarrollado por el Centro UC de la Familia, que buscó identificar cuáles son las mínimas condiciones que debiera tener el sistema judicial chileno para garantizar el ejercicio efectivo del derecho del niño de ser oído y cómo ellas se ven dificultadas en situaciones de confinamiento y emergencia. De este modo, durante este encuentro se presentó el primer borrador de resultados del estudio, que se enmarcó dentro del Concurso de Investigación Interdisciplinaria de la Dirección de Investigación de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Este trabajo fue liderado por la profesora Carmen Domínguez Hidalgo como investigadora responsable, junto a un equipo de investigadoras compuesto por la profesora de la Escuela de Enfermería UC, Angelina Dois; la profesora de la Escuela de Trabajo Social UC, Carolina Muñoz; la profesora Derecho UC y directora del Centro UC de la Familia, Carolina Salinas; y la investigadora del mismo Centro, Nicole Elizondo.
La profesora Domínguez fue la encargada de presentar los principales hallazgos de la investigación, que tienen que ver, por un lado, con la existencia de un desconocimiento sobre la participación y escucha de niños, niñas y adolescentes en los procedimientos de justicia. Por otro lado, surge la pregunta sobre si la audiencia reservada de forma telemática cumple con las exigencias de calidad que esta instancia requiere. A raíz de ello surgen muchos más cuestionamientos vinculados a la idoneidad de los medios digitales para conseguir los mismos objetivos que busca una audiencia reservada presencial.
Posteriormente tomó la palabra la profesora Carolina Muñoz, de Trabajo Social UC, quien señaló que el derecho a ser oído implica también un derecho a escuchar por parte de la justicia. “Se trata de una garantía vinculada al interés superior del niño para atender a sus deseos, características y necesidades propias del ciclo vital. Este derecho y su materialización depende directamente de las circunstancias en las cuales se escucha”, explicó. El estudio reveló que hay condiciones estructurales que se produjeron con la pandemia y otras que existían desde antes.
En este sentido, indicó que existen una serie de condiciones previas que son necesarias para ser oído en tiempos de crisis sanitaria, tales como la conectividad para acceder a la justicia, alfabetización, rol del curador ad litem como intermediadores, entre otros. Finalmente, “esto levanta una preocupación distinta y es que, en contexto de pandemia, se evidenció una desigualdad en el ejercicio de este derecho proveniente de un acceso que no es equitativo debido a la brecha digital entre las personas, el contexto previo y distintos aspectos de la justicia organizacional”.
Finalmente, la profesora Domínguez enfatizó en la necesaria estandarización y formación de un protocolo que asegure el ejercicio del derecho del niño a ser oído en todos los Tribunales de Familia del país. “Este protocolo debería incluir como elementos, al menos, los factores para evaluar correctamente si en un caso determinado es posible hacer una audiencia reservada de forma remota o presencial”.
Tras la presentación del estudio, fue el turno de las invitadas Nora Rosati, Jueza del Segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago y quién ha participado de forma activa en la formación, implementación y capacitación de la Ley Nº 21.057, también conocida como ley de entrevista videograbada. Luego tomó la palabra la profesora Fabiola Lathrop, directora del departamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Finalmente, fue el turno de la profesora Macarena Vargas, directora del departamento de Derecho Procesal de la Universidad Diego Portales.
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