Junto un equipo multidisciplinario y bajo el apoyo del Centro de Políticas Públicas UC, se está llevando a cabo el proyecto titulado ‘Políticas para la implementación de una estrategia circular en la construcción’.
La economía Circular en el sector de la construcción; un diagnóstico de la situación actual en el uso de materiales y sistemas de construcción; el análisis de la experiencia internacional para generar una propuesta que ayude a dar un mejor uso a las materias; y las distintas alternativas de incentivos versus exigencias es el objetivo del estudio y desarrollo de políticas públicas en el que participa la profesora de Derecho UC Camila Ramos junto a un equipo multidisciplinario de profesores de diversas carreras de la UC, en donde se busca dilucidar cuál es la herramienta de política pública más adecuada para que se utilicen más materiales circulares en la construcción.
“Con el equipo que estamos haciendo esta investigación nos fijamos esta finalidad, en razón de los efectos perjudiciales que se han generado como consecuencia del uso indiscriminado de recursos. Este uso desmedido de recursos tiene efectos en materia de cambio climático y en la generación de cientos de vertederos ilegales que tenemos a lo largo de nuestro país”, destacó la académica.
En relación a las consecuencias en el uso de materiales y su posterior impacto a los diversos ecosistemas naturales, económicos y sociales, se relaciona con las categóricas conclusiones del último informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) donde se declaró que es inequívoco que la influencia humana ha calentado la atmósfera, el océano y la tierra. Se han producido cambios rápidos y generalizados en la atmósfera, el océano, la criósfera y la biósfera.
Ante esto, Ramos afirmó que para disminuir y evitar la generación de residuos es fundamental “la implementación de estrategias de eficiencia de residuos como sería la economía circular para abordar la sostenibilidad ambiental, una alternativa al modelo lineal en donde se obtienen recursos de fuentes supuestamente infinitas para producir cosas que, luego de ser utilizadas, son botadas a la basura”.
En este escenario, la profesora destacó su rol en el desarrollo del informe donde trabajó realizando un análisis de la normativa existente en materia de construcción y que tuviese relación con la sustentabilidad ambiental, así como buscar espacios normativos para incorporar armónicamente una política pública que permita incorporar más materiales circulares en la construcción.
“He tratado de darle una orientación armónica con nuestra economía, en el sentido de indagar si este problema de uso indiscriminado de recursos se debe a una asimetría de información; si existen externalidades negativas que no están siendo asumidas por quien debiera hacerlo y por tanto deben ser corregidas a través de la internalización de los costos sociales por medio de mecanismos como puede ser un impuesto tipo pigouviano o más bien sería conveniente un incentivo a que se movilicen la inversión de un negocio tradicional a otro que tenga ciertos parámetros de sustentabilidad ambiental”, afirmó.
En relación al impacto de esta iniciativa en el sector de la construcción, advierte que las empresas constructoras cuentan con un compromiso con el medio ambiente y con el cumplimiento de la normativa ambiental. Sin embargo, aclaró que existen vacíos legales donde las obligaciones no son claras
“Espero que en el marco de este trabajo se puedan realizar propuestas de política públicas que sean estudiadas y adoptadas por el sector público. Por otro lado, que las empresas se puedan informar sobre los materiales de construcción circulares y sus beneficios de manera que lo adopten dentro de sus estrategias, y por último que la ciudadanía sea consciente de la importancia en la eficiencia en la explotación y el uso de los recursos de manera de que a través de la sociedad civil desarrollen iniciativas en miras a ese fin y que exijan a las autoridades el desarrollo de ese tipo de políticas públicas”, reflexionó la profesora Ramos.
Como dato, y de acuerdo a un estudio sobre residuos del Ministerio de Ambiente, la generación residuos de la construcción y demolición entre 2001 y 2019 alcanzó los 122,5 millones de toneladas en Chile y donde la Región Metropolitana abarca el 31 por ciento de las emisiones, seguido por la Región de Valparaíso con un 7,1 por ciento, y la Región del Biobío con un 5,3.
De esta manera, se espera que la economía circular venga a aportar una nueva forma de concebir el destino final de los residuos de la construcción para darles un segundo uso y producir otros bienes y servicios amigables con la sociedad.
