El encuentro buscó analizar la propuesta del Colegio de Abogados sobre colegiatura obligatoria. Para ello, Derecho UC invitó a tres destacados abogados, quienes analizaron la propuesta y expusieron su postura y salidas ante la necesidad de regular el actuar de los profesionales en esta área.
El pasado 31 de mayo se desarrolló el primer encuentro del Ciclo de Coloquios: Debates en torno a la Profesión Legal, actividad organizada por nuestra Facultad en conjunto con la Consejería Académica Derecho UC y que tuvo como eje central de análisis y discusión de la Colegiatura obligatoria como herramienta de control ético de la profesión.
El encuentro, moderado por la vicedecana Carmen Elena Domínguez, contó con la participación de los profesores del Departamento de Derecho Procesal UC Nicolás Luco y Cecilia Latorre, junto a Pablo Fuenzalida, abogado e investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP). Contó, además, con las palabras inaugurales del decano Gabriel Bocksang, quien valoró esta instancia “que aborda un tema de especial delicadeza, que ha significado una importante atención por parte de nuestra comunidad jurídica, medios de comunicación e incluso, del país”, afirmando que tal relevancia está dada ya que “lo que discutamos en el ámbito jurídico marcará una cierta senda en torno al análisis general del rol de los colegios profesionales”.
El profesor Derecho UC y consejero del Colegio de Abogados, Nicolás Luco, fue el encargado de iniciar las exposiciones, exponiendo el proyecto del Colegio y enfatizando en que no hay dudas respecto de la existencia de un problema, dado por un aumento significativo del número de abogados en nuestro país, unido a la falta de control eficaz del comportamiento ético en su actuar profesional. Frente a ello y “luego de 15 años de instar e insistir en la tramitación del proyecto de ley de creación de tribunales especiales, llegamos a la conclusión de que era necesario ser realistas, porque el problema de la falta de control ético es real, grave y actual”, aseguró.
Antes de llegar a esta propuesta, señaló Luco, analizaron la experiencia comparada, donde existen tres sistemas: unos pocos países presentan colegiatura voluntaria, con resultados muy similares a los de Chile; otros en que el control ético se le encarga a un órgano del aparato estatal; y, por último, aquellos en que esta labor se encarga a los colegios profesionales y se establece la colegiatura obligatoria, siendo ésta última la que primó entre sus miembros, principalmente ante la situación actual y futura de Chile.
Explicó que la colegiatura obligatoria es la alternativa que se ha tomado en más de 30 estados de EE. UU. y en todos los países de la Unión Europea, salvo Malta. “Tiene riesgos evidentes, como el que un grupo adquiera el control del colegio profesional y entorpezca, por la vía disciplinaria, el ejercicio legítimo, libre e independiente de la profesión. Pero, la realidad muestra, que ese riesgo ha sido bien manejado y controlado”, aseguró.
En la propuesta del Colegio de Abogados se establece una garantía a nivel constitucional que asegure no sólo el libre acceso al abogado, como existe hoy, sino que, además, el libre e independiente ejercicio de la profesión; y, por otro lado, la posibilidad de que el legislador establezca la colegiatura obligatoria para los abogados y el control disciplinario por parte de los colegios de abogados. En este esquema, el sistema legal de colegiatura obligatoria y control disciplinario quedaría subordinado a la garantía constitucional al ejercicio libre e independiente de la profesión.
Finalmente, el profesor Derecho UC hizo un llamado a las escuelas de Derecho de nuestro país ya que, “junto con esta discusión, debe trabajarse intensamente por mejorar la calidad de la formación ética de los abogados. No sacamos nada con enfocarnos en un sistema represivo si no trabajamos con el mismo ahínco en dar una formación que en muchas escuelas, simplemente, no se da”.
Luego fue el turno de la profesora Cecilia Latorre, quien afirmó que “es evidente que tenemos un problema que solucionar. Tenemos más de 70 facultades de derecho, una cantidad impresionante de nuevos colegas cada año y, además, una ciudadanía mucho más empoderada y exigente respecto de la idoneidad de los profesionales a los que acude, no sólo en el área jurídica, sino que en todas”.
Sin embargo, fue enfática al señalar que siente temor ante la idea de entregar sus libertades. “Frente a la pregunta de qué te parece una colegiatura obligatoria en este minuto, mi tendencia y respuesta casi refleja sería que yo siento que no es ni prudente, ni ético, ni necesario”.
Afirmó que la actividad gremial y la asociación de pares es algo “fundamental y enriquecedor, pero no me parece que el control ético tenga que pasar por una obligatoriedad de pertenencia de asociación alguna y, además, estaríamos poniendo en nuestras espaldas una mochila que no nos corresponde, porque quien debe velar por el ejercicio ético e idóneo de la profesión es el Estado, más que respecto de cualquier otra profesión, porque nosotros los abogados no tenemos solo un título profesional, tenemos una investidura que nos confiere la Corte Suprema de Justicia y que nos entrega una determinada dignidad”.
En tal sentido, afirmó, son otras las medidas previas y más eficientes para lograr el fin buscado a través de la propuesta del Colegio, sin que llas impliquen en tranzar en una libertad básica.
Finalmente expuso el abogado e investigador del Centro de Estudios Públicos, Pablo Fuenzalida, quien desarrolló un repaso histórico de lo que ha sido la ética profesional de la abogacía en Chile, desde 1925, pasando por la Reforma Constitucional a la Ley N° 20.050 del año 2005, hasta nuestros días. Asimismo, planteó algunos problemas respecto de la regulación vigente, además de los desafíos para una eventual colegiatura obligatoria.
Fuenzalida explicó que existen dos graves carencias en la institucionalidad vigente: el problema que significa para los usuarios el no contar con información que sea fidedigna respecto de la idoneidad profesional de abogados y estudios jurídicos y hacer efectiva la responsabilidad profesional de éstos frente a su conducta antiética; y otro problema es el de las facultades de derecho, al no contar con un cuerpo normativo ordenado que les permita inculcar a sus estudiantes los correctos estándares de conducta profesional, para que, por compromiso o temor, el profesional del derecho adecúe su ejercicio profesional a dichos estándares.
Respecto de los desafíos, afirmó que existe un diagnóstico que es crítico y la situación evidentemente necesita un cambio. “Si el cambio va a ser la colegiatura obligatoria, me parece que primero tenemos que entrar en los detalles específicos de lo que eso va a significar, ya que por un lado estamos frente a la presión jurídica distinta a la del año 28, estamos hablando de una profesión que se ha masificado, diversificado y, por ende, no comparte un método único de lo que un buen abogado o abogada debiese ser”. Otros temas planteados fueron el de la representatividad de el o los colegios de abogados en Chile, la regulación nacional versus realidades particulares (densidad, órganos internos), la justicia de pares sin proteccionismo ni caza de brujas, además de otros intereses en juego como el de los consumidores, el Poder Judicial o las universidades, qué pasará con el resto de las profesiones, entre otros.
La actividad finalizó con una nutrida ronda de preguntas por parte de los asistentes, quienes pudieron seguir la actividad a través de Zoom y el Canal de Youtube de la Facultad.
