En la oportunidad el académico expuso sobre los derechos laborales de los trabajadores extranjeros: perspectivas desde la discusión de la nueva normativa migratoria chilena.

Desde el 15 al 20 de febrero se realizó el primer Congreso Internacional del Instituto Latinoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (ILTRAS), en el cual participaron importantes académicos de toda Latinoamérica y en la ocasión fue invitado el profesor de Derecho del Trabajo y Director de la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho UC, Rodrigo Azócar Simonet.

El académico expuso sobre los derechos laborales de los trabajadores extranjeros, entregando perspectivas desde la discusión de la nueva normativa migratoria chilena. De esta manera, presentó la vinculación existente entre el derecho del trabajo y la normativa migratoria y de extranjería, esgrimiendo que “el ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores extranjeros no sólo está determinado por la legislación laboral, sino también por la normativa migratoria y de extranjería del país. Además, está determinado por las políticas estatales que, en general, se refieran a los trabajadores o a las personas extranjeras; así como por las políticas focalizadas para los trabajadores migrantes, en especial por las que se refieran específicamente al ejercicio de sus derechos laborales.”

En su presentación, el profesor Azócar se refirió al proyecto de Ley de Migración y Extranjería, destacando las principales modificaciones que introduce y cómo se vinculan con el ejercicio de los derechos laborales. Además, comentó sobre el contexto nacional y mundial en que éste se gesta, los desafíos existentes en materia migratoria y los cambios respecto a la nueva institucionalidad y legislación sobre la materia.

Para culminar su participación, el académico precisó que resulta fundamental no sólo tener presente esta modificación legal -o cualquier otra que se realice en cualquier país-, sino considerar la implementación que se haga de ésta, así como el emprendimiento de políticas públicas concretas con miras a “contribuir al pleno y efectivo ejercicio de los derechos laborales de todos los trabajadores migrantes -regulares o irregulares-, mejorando así su situación jurídica laboral y su integración a la comunidad nacional”.