Los académicos Patricio Zapata, José Francisco García, Constanza Hube y Sebastián Soto, trabajaron en el documento ‘Ideas para una Constitución que nos reúne’ el que sugiere aspectos que debería consignar una nueva Carta Magna.
Después de más de tres meses de trabajo, un grupo de 25 constitucionalistas o expertos en derecho público, terminó su propuesta constitucional preliminar con miras al proceso constituyente nacional.
El texto, de 16 páginas, se titula Ideas para una Constitución que nos reúne y fue firmado, entre otros, por los abogados de la Facultad de Derecho UC, Patricio Zapata, José Francisco García, Constanza Hube y Sebastián Soto, además de Francisco Zúñiga, Francisco Soto, Pamela Figueroa, Jorge Correa Sutil, Tomás Jordán, Elisa Walker, Lucas Sierra, Eduardo Aldunate, Sergio Verdugo, Salvador Millaleo y Gastón Gómez, este último en calidad de coordinador del grupo.
El texto señala que “Chile posee una larga y seria tradición republicana y democrática desde hace ya dos siglos, la que se ha construido desde vertientes intelectuales liberales, sociales y democráticas, en cuya construcción y definición han participado muchas generaciones. La tradición constitucional, o más bien podríamos hablar de tradiciones constitucionales, no ha de ser ritualmente santificada, asumiéndola como prohibición, sino fuente armónica de experiencias plasmadas en instituciones. Tomar en cuenta esas instituciones y experiencias es un signo de sabiduría, petrificarla un signo de necedad”.
El texto también recomienda un capítulo inicial que contenga valores, principios y definiciones ampliamente compartidos. Entre estos se sugieren, por ejemplo, la 'responsabilidad de quienes ejercen las funciones y cargos públicos'; el carácter de 'república' y de 'democracia' del régimen político; 'el papel central y gobierno de la ley como expresión de la voluntad ciudadana'; que 'los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos'; 'la separación o colaboración de poderes'; la 'soberanía popular y en la nación'; 'la distribución territorial del poder'; y la 'supremacía de la Constitución', entre otros.
Respecto de la discusión sobre derechos fundamentales, se explicitan libertades centrales como la de expresión, religiosa, desarrollar actividades de todo tipo, las que, agregan, deben ser compatibles con un catálogo fuerte de igualdades. Sobre el alcance de algunos derechos de propiedad especiales y sus cargas, se consigna que algunos integrantes plantean que se requiere discusión.
Asimismo, se proyecta que los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales han de ser incluidos en la nueva Constitución, sobre todo los más significativos: educación, salud y previsión; y que debería existir un reconocimiento a los pueblos indígenas —sus tradiciones, lenguas, creencias y derechos— y la valoración de las mujeres.
En el capítulo de forma de Gobierno, en tanto, se analizan los intentos para profundizar la democracia participativa en otros países y al respecto se concluye que “no se debe caer en democracias plebiscitarias”.
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