La académica UC expuso temas relevantes de cara al eventual proceso constitucional y sobre los principales aspectos tributarios que debería incluir una nueva carta magna.
El pasado 1 de septiembre la profesora Derecho UC Sandra Ponce de León S. fue invitada a participar en la segunda sesión del Ciclo de Debates Constitucionales, iniciativa de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional y del Colegio de Abogados de Chile. En la oportunidad, junto a Ana María García, José Antonio Viera Gallo y Francisco Zúñiga, se analizó el reconocimiento constitucional de los derechos económicos y sociales y los desafíos futuros. Actuó como moderador del panel, el también académico Derecho UC, Arturo Fermandois.
En la oportunidad la profesora Derecho UC, se refirió a los derechos económicos sociales y culturales, agregando que su reconocimiento en el texto constitucional “implica, necesariamente, la existencia de un Estado activo, promotor del bien común y regulador del proceso económico. Dicho de otro modo, para que el reconocimiento sea realmente efectivo, se requiere que el Estado asuma la necesidad de brindar a la población un mínimo básico de bienestar que se compromete a entregar a través de prestaciones positivas o de hacer”.
Luego el martes 8 de septiembre, participó en los Coloquios Tributarios: Primer Diálogo ¿Qué Materias Tributarias Debe Incluir Una Constitución?, organizado por ICARE en el cual se debatió y dialogó, entre otros temas de interés, sobre las bondades o problemas que presenta el principio de reserva legal absoluta y relativa en materia tributaria y sobre el mecanismo de garantías reconocido para los contribuyentes, incluyendo una revisión de aspectos relativos a la consagración constitucional de la relación entre tributos y eficiencia del gasto público.
En su intervención, la profesora Ponce de León, se refirió a los principios tributarios reconocidos en nuestra Constitución, especialmente al principio de legalidad de los tributos y de cómo éste ha sido aplicado por el Tribunal Constitucional; también planteó la posibilidad de incorporar al texto constitucional el deber de contribuir al gasto público, “que se aplicaría a todas las personas y no solo a los contribuyentes, conforme a su condición económica”. Esta normativa, insistió, “contribuiría a generar un Estado en el que sean realmente compatibles los principios de subsidiariedad y el de solidaridad”.
Finalmente, planteó la idea de incorporar en la Constitución a un órgano autónomo que ejecute un rol de control de eficiencia del gasto público, y si se quisiera aprovechar para ello a la Contraloría General de la República, indicó que ello sería factible “en la medida que dicte la respectiva Ley Orgánica Constitucional referida en el artículo 97 de la Constitución, y se modifica su estructura, sus funciones y se le aseguren los medios suficientes para que pueda ejercer tal atribución. Se podrían incorporar también en la Constitución Política, los principios que guiarán al control de los programas públicos o gubernamentales”.
