El encuentro, que se desarrolló en el marco de la inauguración del diplomado sobre Contratación Administrativa y Compras Públicas, contó con la participación del Contralor General, el Fiscal Nacional Económico, el presidente de Tribunal de Contratación Pública y la directora de Chilecompra.
En el aula magna Manuel José Irarrázabal, y en el marco de la inauguración de la primera versión del diplomado sobre Contratación Administrativa y Compras Públicas que imparte la Facultad de Derecho UC, a través de su Dirección de Educación Continua, se llevó a cabo el seminario Contratación Administrativa y Compras Públicas, instancia que reunió a destacados expertos quienes realizaron una revisión institucional respecto de lo que ha sido el funcionamiento de las compras públicas del Estado durante los últimos diez años.
El encuentro, que fue inaugurado por el decano de la Facultad, Roberto Guerrero, contó con la participación del Contralor General de la República, Ramiro Mendoza; el Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal; el presidente de Tribunal de Contratación Pública, Álvaro Arévalo; y la directora de Chilecompra, Trinidad Inostroza.
La primera intervención, a cargo del Contralo General de la República, abordó los desafíos de las compras públicas, detallando los aspectos que contribuyen al perfeccionamiento del sistema. En ese sentido, el Contralor explicó que para mejorar el modelo es necesario entender que no basta con la transparencia, ya que sistémicamente ésta es una herramienta y no un fin. "La labor debe orientarse a avanzar hacia la calidad, la disponibilidad y la confianza", precisó, llamando también a entender que la corrupción se ha sofistificado y que el foco ahora está en las especificaciones de lo que se licita y en cómo se materializa su evaluación.
Aseguró que es preciso ampliar la cobertura de la ley de compra y avanzar a un estándar de provisión y adjudicación de la obra pública, es decir, "no basta que sea simplemente un repositorio de información de obras públicas, sino que tenemos que hacer que la obra pública entre al sistema de contratación pública", lo que significa pasar de una ley de compra a una de contratos de la Administración.
A continuación se dirigió a los presentes el Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal, quien abordó la colusión en las licitaciones, haciendo referencia a los cuatro aspectos más relevantes asociados a esta materia: qué son los carteles, qué es el concepto del ilícito exclusivo de colusión en licitaciones, algunas estrategias de detención relevantes para organismos estatales y algunos aspectos a mejorar.
Aseguró que este tema es de vital importancia porque "al menos unos diez mil millones de dólares se tranzan en este sistema y existen mucha evidencia de que la colusión se encuentra bastante extendida". Explicó que ésta es una de las preocupaciones fundamentales de la competencia moderna, ya que "la colusión es el cáncer de la economía", inhibe la posibilidad de que el Gobierno obtenga productos y servicios al menor precio posible y genera distorsiones en la eficiencia involucrando costos no productivos en su mantención.
Posteriormente, Álvaro Arevalos, Presidente del Tribunal de Contratación Pública, se refirió a la actividad del juez dentro del proceso de licitación, para luego dar paso a la Directora de Chilecompra, quien trató el tema Promoviendo la igualdad de oportunidades en el Mercado Público.
En su intervención de cierre, Trinidad Inostroza aseguró que las compras públicas también pueden contribuir a un desarrollo más inclusivo en el país. "Las modificaciones al reglamento de la Ley de Compras Públicas N° 19.886 dan más fomento a las pymes a través de la promoción de criterios de evaluación materias de alto impacto social, permiten que las micro empresas se asocien para un acceso más fácil a más de 17 mil licitaciones de más de 1.000 UTM y aumentan el umbral desde 1.000 a 2.000 UTM en garantías de seriedad de las ofertas".
Explicó que Chilecompra busca promover el acceso, la participación y la igualdad de oportunidades a aquellos oferentes que presentan alguna característica o grado de desventaja, buscando eliminar cualquier forma de discriminación al momento de proceder con un proceso de contratación pública.
