La Tercera
El pasado jueves 24 de octubre, Nicolás Frías, director del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Católica, asistió como uno de los expositores invitados por el pleno de la Corte Suprema a las jornadas de reflexión que organizan anualmente los titulares del máximo tribunal.
Ahí expuso sobre la propuesta de su casa de estudios en torno a la reforma del sistema de nombramientos, y también dialogó con los magistrados en torno a las demás iniciativas. Según su percepción, los jueces están muy receptivos y disponibles para implementar las modificaciones que se requieran. Sobre todo, como se ha mencionado, cuando aún enfrentan las consecuencias de una crisis que ya implicó la remoción de dos de sus integrantes.
¿Qué les preocupa a los ministros?
Los ministros quisieron escuchar sobre la propuesta de reforma al modelo de gobierno judicial que nosotros publicamos desde el Programa de Reformas a la Justicia, que está disponible en la página web. Explicamos los ejes de la misma e igualmente analizamos la propuesta del Ejecutivo y la que entregó el pleno de la Corte Suprema el 1 de julio de este año. Ahí hicimos un análisis y ellos están muy abiertos a ir abordando estos asuntos. de hecho, ya en su jornada de reflexión de hace 10 años, el 2014, habían mencionado la necesidad de hacer cambios. Se conversó sobre la extensión y alcance que tendría la Comisión de Nombramientos que propone tanto el Ejecutivo como también la propuesta de la universidad, y los demás puntos que aborda la reforma.
El presidente Ricardo Blanco manifestó que están atravesando una crisis. ¿Está de acuerdo?
Me parece que la referencia del presidente Blanco se refiere a este hecho inédito que ha implicado la destitución y remoción de dos integrantes de la Corte Suprema. Y acá yo creo que hay que ser muy cuidadoso en no generalizar. Yo no creo que estas prácticas que se han conocido, por las que salieron los dos ministros, implique que existe una suerte de crisis generalizada dentro del Poder judicial. Yo más bien rescato lo contrario. El hecho que la propia Corte Suprema haya reaccionado con la rapidez que reaccionó, demuestra que tenemos una solidez institucional, que las herramientas funcionan y que hay una capacidad de respuesta bastante sorprendente. Estamos muy lejos de estar en presencia de un sistema judicial corrupto.
Por la propia naturaleza del sistema de nombramiento, por la propia naturaleza de la gobernanza, se generó un espacio -que no se abordó adecuadamente con las reformas que se vienen proponiendo desde hace tiempo- para generar estas malas prácticas. Aunque, insisto, se están abordando institucionalmente de una manera bien adecuada.
Ha costado que la ciudadanía lo entienda así y, de hecho, el liderazgo de Ricardo Blanco recibió cuestionamientos.
A mí me parece que cumplió, que se dio respuesta de la manera que se podía hacerlo de acuerdo con la institucionalidad. Es decir, se ponderó su mérito, se aplicaron sanciones en la forma establecida en la Constitución y se ha avanzado con un proceso. Creo que manifestó una capacidad de respuesta frente a una crisis y, sin duda, también un liderazgo.
¿Y es suficiente o convendría también explorar otros caminos? El lunes pasado se anunciaron medidas en materia del nuevo Código de Ética y en torno a un nuevo sistema de gestión de causas.
Por un lado están las modificaciones legales, y por otro están las propuestas del pleno. Me parece un avance importante el trabajo en materia de ética y el hecho de generar algún tipo de control ético separado del control propiamente disciplinario. Eso es muy positivo y creo va a ir generando una mayor cultura sobre el buen actuar, sobre el buen comportamiento. en cuanto al sistema de gestión de causas, también me parece muy importante porque actualmente hay una disposición del Código Orgánico de Tribunales del cual se puede interpretar que existe cierta flexibilidad para las normas procedimentales, de orden de causas. Entonces, con la propuesta de sistema de gestión se abordará esa duda de buena manera. Son propuestas que contribuyen a hacer frente al problema.
Ahora bien, no son completas. Se debe avanzar en un sistema que se haga cargo de los nombramientos judiciales, sin duda hay que trabajar en el sistema de gobierno, y además de esto, me parece que es esencial avanzar en otros proyectos de ley que están en el Congreso Nacional, que son esenciales para que las personas sintamos una justicia más cercana, más oportuna. Ahí aparece la reforma procesal civil, que busca generar mayor cobertura de tribunales, aumenta la dotación de jueces, genera sistemas más expeditos y, entre otros aspectos, incorpora la figura de la mediación.
¿Cómo analiza la forma en que se presentaron y avanzaron las acusaciones constitucionales en contra de Sergio Muñoz y Ángela Vivanco?
La acusación constitucional por notable abandono de deberes debe ser interpretada de manera estricta y esto, a mi juicio, debe ser aun más latente en caso que se esté acusando a algún integrante del Poder judicial. ¿Por qué? Por la sencilla razón que se está interfiriendo en otro poder del Estado que es esencialmente independiente. Entonces, este estándar de notable abandono de deberes debe ser apreciado por el Senado, que lo aprecia como jurado, con una mirada suficientemente alta. Y lo segundo es que además hay un límite que jamás se puede transgredir, que es que la acción no puede considerar razones de naturaleza jurisdiccional del juez.
¿Qué riesgos se corren cuando eso no ocurre? Es que quienes estuvieron en contra de la acusación contra el ministro Muñoz deslizan que se le acusó más bien por sus fallos.
No me voy a referir al mérito particular, pero siempre hay que tener esos dos resguardos que mencionaba. El límite que no se puede traspasar es que algún juez, en su fuero interno -desde el punto de vista de su independencia-, pueda sentirse afectado por alguna consideración distinta que no sea la del mérito del caso.
¿Lo ocurrido podría fijar ciertos estándares con miras a eventuales nuevos casos? Se ha dicho que más jueces estarían vinculados con 'irregularidades' y relacionados con el abogado Luis Hermosilla.
Creo que cada caso se analiza en su propio mérito, pero me parece que la Corte Suprema ha dado una muestra de su capacidad, de tener una musculatura suficiente y una solvencia institucional para abordar y procesar estos temas de una manera, a mi juicio, rápida.
Esta situación aceleró una reforma al sistema de nombramientos judiciales de la cual se viene hablando desde hace años ¿Qué evaluación tiene del proyecto que ingresó el Ejecutivo?
Me parece positivo. Es un proyecto que busca abordar el problema, y que aúna todos los últimos proyectos que se han debatido. Saca de las labores jurisdiccionales aquellas administrativas para que los jueces estén únicamente centrados en conocer las causas que ingresan. Actualmente la Corte Suprema, en tanto entidad que está a la cabeza del Poder judicial, es la responsable última de cerca de 13.000 funcionarios, de los cuales 1.600 son jueces. Dentro de esa labor administrativa tiene que hacerse cargo de la administración del presupuesto, a través de la Corporación Administrativa, pero ellos, los ministros, están muy encima. Además, cada ministro integra una de las 11 comisiones en las cuales se estructura la corporación. Y además de todo eso, tienen que conocer de las causas, y solo a modo de ejemplo, el año 2023 ingresaron 250.000 causas a la Corte Suprema.
Entonces es derechamente inabordable esa cantidad de trabajo. Es imposible que un órgano pueda responder, de una manera solvente, en ambos frentes. Por lo mismo, creo que hay que tomar la crisis que hay y hacerse cargo de estos problemas.
¿Qué mejoras propondría respecto de esa iniciativa?
Que en la evaluación de los candidatos por parte del Consejo de Nacional de Nombramientos no se puedan hacer consideraciones a los fallos previos del postulante, en el caso que sea de un juez de carrera, y que además se pueda incorporar un tiempo máximo en el que el Senado se pueda pronunciar. Es decir, que se entienda 'aceptado' si en un plazo de 20 o 30 días, por ejemplo, no hay pronunciamiento.
Y en lo disciplinario, que si bien a mi juicio se establece de manera adecuada el rol preponderante de la Fiscalía judicial, creo que no debería tener una facultad reglamentaria. El proyecto del gobierno establece que puede dictar normas de buenas prácticas, normas de ética y al mismo tiempo que puede aplicar esas normas y luego sancionar por eso. Esa doble funcionalidad es compleja.
¿Y en cuanto a la integración del Consejo?
Me parece correcto que sea de integración judicial principalmente, eso es consecuente con las recomendaciones de la Comisión de Venecia y del relator de Naciones Unidas de independencia judicial, en eso hay consenso. También es positivo que se elijan por sorteo, porque así nadie podrá hacer campaña electoral. Pero sí hay un punto que se puede revisar, y es que habrá un integrante de la Corte Suprema. Creo que la Corte podría elegir a un integrante por consideraciones de mérito, pero no necesariamente a un ministro, ya que lo que se quiere es que estén abocados a las causas.
