El Mercurio
Señor Director:
Recientemente se publicó en este medio un alarmante estudio de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) que advierte que el número de reclamaciones en espera de una sentencia en los tribunales ha ido en progresivo aumento desde el cierre de 2022, pasando de 32 causas a un total de 46 al cierre del primer semestre de este año, en el caso de la sede ambiental. Ahora bien, esta mayor acumulación de causas no tiene correlación directa con un aumento en la cantidad de reclamaciones, pues el promedio es de 13 ingresos por semestre en el mismo período.
Sin embargo, lo más grave es que esto se ha traducido en US$ 9.833 millones que no se están invirtiendo a junio de 2024.
Así, resulta imperativo que el debate actual en torno a la permisología le haga un zoom a estas cifras y considere estas variables, de manera de avanzar decididamente en reforzar los principios de eficiencia y de celeridad en los procedimientos que resuelvan reclamaciones tanto administrativas como jurisdiccionales; y contemplar sanciones —sea a los particulares o al ente público— cuando los tiempos de respuesta establecidos no sean cumplidos.
