El Mercurio
En una jornada de análisis tras el fallo dictado por la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), en el que se reconoció que el Silala es un río de curso internacional, tras la demanda presentada por Chile en 2016 contra Bolivia, un panel de expertos convocado por el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica (CEIUC) debatió sobre los alcances de la resolución, la importancia de que se establezca una mayor colaboración entre ambas naciones y cómo la demanda fue un acierto de la política exterior chilena.
'El fallo nos dio la certeza que nosotros fuimos a buscar a la Corte, y muestra que fue un acierto de la diplomacia chilena (...) que obligó a Bolivia a ir convergiendo con la posición de Chile', explicó Carolina Valdivia, exsubsecretaria de Relaciones Exteriores y coagente chilena del caso, parte del panel, compuesto, también por el senador José Miguel Insulza, el exembajador ante La Haya Hernán Salinas y Francisco Suárez, profesor de hidrología de la Escuela de Ingeniería de la UC, quien integró el equipo que analizó los aspectos hidrológicos del caso.
La disputa legal comenzó en 2016, después de que el entonces presidente boliviano, Evo Morales, amenazara con demandar a Chile ante La Haya por 'robar' las aguas del río y negó que fuese un río internacional. Ante esta alerta, el segundo gobierno de Michelle Bachelet decidió demandar a Bolivia ante la CIJ en busca de obtener certeza jurídica sobre el carácter internacional de las aguas del río. 'Morales, decía que le estábamos robando el agua, y cuando a un país le están robando algo, lo más probable es que haga algo para evitarlo y nosotros temíamos que, en pleno juicio por el tema del mar (la demanda marítima de Bolivia contra Chile para negociar una salida al mar), de pronto nos cortaran el agua del Silala', explicó el senador Insulza en su intervención sobre los motivos de iniciar el fallo. 'Cortar el agua del Silala es difícil, pero siempre estaba la posibilidad de que Evo intentara alguna maniobra de esa envergadura', agregó.
En el fallo emitido la semana pasada, la Corte de La Haya confirmó que el Silala es un río internacional —como sostenía Chile desde el inicio—, una postura que durante el transcurso del caso fue adoptada también por Bolivia, por lo que la entidad no vio necesidad de sentencia, y apuntó a que ambos países tienen derecho a su uso, 'equitativo y razonable'. Asimismo, desechó las contrademandas del país vecino, como el pago por el uso de las aguas.
'Esto da a ambas partes una muy buena oportunidad para que, en un espíritu de cooperación y buena vecindad, se puedan generar espacios para llegar a un acuerdo específico que de forma definitiva plasme esos principios a los que se llegó en el fallo', planteó el exembajador Salinas.
Los panelistas coincidieron en que ambos países deben sentarse a conversar para definir con precisión un acuerdo sobre este río internacional bajo el concepto de su uso 'equitativo y razonable', dictado por la Corte.
'Lo primero que hay que señalar es que no hay una regla, por ejemplo, para la división de las aguas, (...) y por lo tanto, corresponde a los países determinar cómo concretar efectivamente ese concepto, y eso es lo que ahora debería hablarse con Bolivia de manera bilateral', acotó la exsubsecretaria de Relaciones Exteriores.
Pero más allá de estas definiciones, para los expertos el fallo sí dejó una determinación clara, y es que, según Bolivia, existía un desvío 'artificial' de las aguas del Silala, de las que Chile estaba haciendo un uso ilegítimo y que debía compensar, lo que Bolivia determinaba como una 'deuda histórica', lo que según el profesor de la Universidad Católica Francisco Suárez se desmitificó gracias al trabajo de los expertos chilenos.
'Cuando Chile hace esta demanda, lo hace porque cree que Bolivia podía demandar a Chile bajo ciertos aspectos y para resolver estas dudas de la deuda histórica de las aguas, el país se apoyó fuertemente en un equipo científico conformado por científicos internacionales y chilenos, y lo que nosotros hicimos fue básicamente demostrar de una manera cuantitativa cómo éste era un curso de agua internacional', apuntó el hidrólogo de la Universidad Católica.
Otro aspecto que destacaron los profesionales fue que la demanda se trató como una política de Estado por el país. 'Aquí hubo tres gobiernos sucesivos que han estado a cargo de este caso: la expresidenta Michelle Bachelet, que tomó la decisión; el expresidente Sebastián Piñera y el Presidente Gabriel Boric. A cada uno le tocó una etapa distinta del proceso y todos siempre nos brindaron la confianza y el apoyo absoluto para seguir adelante, teniendo solamente un objetivo que era defender el interés de Chile. Creo que para los tiempos que corren, eso es una noticia muy positiva para el país', señaló Valdivia.
Consultada respecto de la posibilidad de denunciar el Pacto de Bogotá, como una forma de evitar nuevas demandas, la coagente consideró que no es una buena estrategia para el país y recordó que Colombia recibió dos demandas justo antes de que se terminara el año que se demorar un país en retirarse del acuerdo. Más allá de eso, planteó que para Chile ser parte del sistema de la corte trae más beneficios que no serlo: 'Porque cuando uno es parte de estos mecanismos te vas enterando de muchas cosas que no te enteras si es que tú estás fuera. Además, te permite participar en otras instancias, por ejemplo, lo que está discutiendo hoy en día en el caso de la corte por la Convención de genocidio —de la que Chile también es parte— a propósito del caso entre Rusia y Ucrania. Es decir, puedes intervenir y hacer ver tu visión respecto de los grandes temas que pasan hoy en día en el mundo… Los mecanismos del derecho internacional son beneficiosos para saber qué es lo que está pasando dentro, para dar una señal y porque no tenemos las espaldas de las grandes potencias'.
Durante la charla, se planteó la necesidad de que ambas naciones profundicen la colaboración, para abordar no solo este tema, sino que también otros como la 'migración, la coordinación fronteriza, la coordinación policial, el control del contrabando y el crimen organizado', y que se revitalice el 'intercambio comercial', donde 'hay potencial para el desarrollo económico entre ambos países', planteó Jorge Sahd, director del CEIUC, quien participó como presentador del encuentro.
