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Gobierno invoca Ley de Seguridad del Estado contra camioneros: Las sanciones legales de esta normativa
Abogados y expertos analizan los términos jurídicos de esta ley, abarcando sus orígenes y casos emblemáticos en los que ha sido utilizada.
El pasado miércoles, el Ministerio del Interior anunció la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado (interpuso 13 querellas) en contra de aquellos camioneros que se encuentran cortando rutas, a causa del paro por los precios de los combustibles. Esta normativa establece sanciones para delitos que no están en el Código Penal, con penas que podrían llegar incluso hasta los 10 años de cárcel.
“Es importante señalar que esta no es una ley que la puede invocar cualquier persona, sino solamente el Ejecutivo, y eso es lo que le da este carácter tan especial y simbólico. Por lo tanto, a diferencia de las otras leyes que sancionan delitos comunes, por graves que sean, y en que incluso el Ministerio Público puede iniciar una investigación de oficio, en este caso la ley no se puede invocar sino a solicitud del Ejecutivo, y en especial del Ministerio del Interior”, explica el abogado y académico del Departamento de Derecho Público de la Universidad Católica (UC), Máximo Pavez.
¿Qué establece la Ley de Seguridad Interior del Estado (LSE)? ¿En qué situaciones es aplicable?
De acuerdo con el abogado, Máximo Pavez, esta ley busca sancionar de manera severa a través de una legislación especial, a aquellas conductas que atenten contra “bienes jurídicos especialísimos” vinculados a:
- La seguridad interior del Estado
- El orden público
- La alteración de las actividades nacionales de ciertos servicios públicos, y que buscan establecer penas más severas, ya que son delitos que se relacionan con el normal funcionamiento, o atentar contra la soberanía nacional.
Según el abogado penalista y ex fiscal militar, Rodrigo Vera, esta ley tiene un fuerte componente político, entendido desde un sentido neutro, no político partidista, explicando que se da legitimación activa para iniciar los procesos a la autoridad política, y luego si se desiste, se extingue la acción penal, lo que no ocurre con el común de los delitos.
“Es decir, queda a criterio gubernamental decidir cuándo accionar penalmente. Esta ley establece un extenso catálogo de ilícitos que afectan a la seguridad exterior e interior del Estado, orden público, y normalidad de las actividades nacionales”, señala Vera.
Máximo Pavez explica que la LSE tiene una particularidad especial, y es que persigue conductas y delitos, pero en ningún caso ideas. En esa línea, asevera que en Chile no hay delitos de opinión y, por lo tanto, no existen personas que están perseguidas por lo que piensan, sino por conductas que atenten contra la seguridad interior del Estado.
El académico de la UC menciona que algunos ejemplos de delitos que contempla son: aquellos que se alzaren contra el gobierno constituido, aquellas personas que provocaren una guerra civil, aquellas personas que inclusive llegan a la profanación de la bandera nacional, los que inciten a la organización de milicias privadas, aquellas personas que interrumpen los servicios públicos o los servicios de utilidad pública.
“En el fondo, son delitos cuyas conductas inciden en el normal funcionamiento del Estado como tal, incluyendo algunos delitos que también concurren las Fuerzas Armadas, independiente del Código de Justicia Militar”, precisa Pavez.
Con respecto a los procedimientos para investigar estos hechos constitutivos de delitos, el académico afirma que sólo pueden ser iniciados por denuncia o querella del Ministerio del Interior o del Delegado Presidencial Regional.
¿Cuándo fue creada? ¿Ha sido reformada?
Según explica Rodrigo Vera, la ley tiene su origen en 1958, y es sucesora de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, también conocida como Ley Maldita de 1948, que, entre otras cosas, proscribió al Partido Comunista, “y ese origen, su historia, desde luego que influye en la percepción que sectores de izquierda siempre han tenido sobre la LSE”, manifiesta.
Además, el abogado indica que esta normativa ha sido reformada en diversas ocasiones, desde 1958, existiendo modificaciones en el gobierno militar y en democracia, pero en lo sustancial se mantiene su propósito.
“Hay mucho de mito con respecto a los poderes especiales que entrega la LSE, pues no da facultades adicionales, solo se limita a crear nuevos delitos, que deben ser investigados por la Fiscalía, como el común de los ilícitos y luego seguir el curso de cualquier proceso penal”, precisa Rodrigo Vera.
¿Qué casos emblemáticos de la aplicación de esta ley han habido en Chile?
Rodrigo Vera indica que ha sido aplicada en diversas ocasiones, en el país:
- Desde atentados en el contexto del conflicto político social mapuche
- Pasando por el paro de microbuseros en 2002
- Estallido social del año 2019
“La última vez que se invocó fue para los hechos del 18-O. Para ese entonces, había del orden de 300 querellas presentadas por el Ministerio del Interior, querellas que el actual Gobierno retiró porque es una facultad especialísima del Ejecutivo, y en particular del Ministerio del Interior”, precisa Máximo Pavez.
Antes del estallido social, el académico hace referencia a las movilizaciones por el alza del valor del gas natural en la Región de Magallanes, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, que llevó al Ejecutivo a invocar la LSE.
También, Pavez asegura que hay normas que nunca se han utilizado en esta ley, como aquellos delitos asociados a cuando hay estado de guerra, o cuando hay delitos de la soberanía, como divulgación de secretos militares o traición a la patria, cosas que también contiene esta ley. E indica que la normativa tiene algunas normas procesales especiales, pero que son bastante menores.
¿Cuáles son los efectos o incidencias de la aplicación de esta ley?
Rodrigo Vera señala que el efecto que se provoca (como en cualquier ilícito penal), es que la persona imputada, con evidencia suficiente puede ser formalizada por uno de esos delitos, y además, pueden solicitarse medidas cautelares personales respecto de ella, desde arraigo nacional hasta la prisión preventiva, y eventualmente ser condenada.
En torno a la efectividad de la aplicación de la LSE, el analista político y académico de la universidad de Valparaíso, Guillermo Holzmann, sostiene que esta recae en términos de los anuncios del Gobierno y su voluntad política de restablecimiento del orden público, ya que posteriormente queda en manos del sistema judicial, que determina las sentencias.
