El Mercurio

Alejandro Vergara 158x158

Un total de 201 sentencias en una veintena de materias de Derecho Administrativo resueltas por la Corte Suprema el año pasado -aunque en tres de ellas no hubo fallos durante 2021- fueron analizadas por el Programa de Derecho Administrativo Económico (PDAE) de la Universidad Católica para describir la jurisprudencia del máximo tribunal ante casos idénticos.

Se trata de la cuarta versión del informe elaborado por el organismo que es dirigido por el profesor Alejandro Vergara, quien recuerda que en la primera investigación, que cubrió desde 2008 a 2018, 'mostramos una alta vacilación'; luego, en 2019, 'hubo una leve mejoría, quizás una reacción transitoria ante la publicación', pero en 2020 'hubo un claro retroceso'.

En el actual estudio, afirma, 'hay diversas reacciones en cada uno de los temas, modificando ligeramente el escenario jurisprudencial, tendiendo hacia la uniformidad en ciertos temas, pero manteniendo los zigzagueos en casi la mitad'.

Y aunque en ocho materias la Suprema mantiene criterios dispares, según el estudio, se destaca que dos 'altamente zigzagueantes en años anteriores, en 2021 encontraron uniformidad': funcionarios a honorarios y regularización de derechos consuetudinarios de aguas.

Aquellas con mayor vacilación son contratas, desviación de poder en las desvinculaciones de contratas -'se altera el comportamiento uniforme del año anterior, retomando lamentablemente el zigzagueo de la Sala', dice el académico- y protección como vía idónea, además de plazos fatales.

Sobre el comportamiento de los magistrados y los abogados integrantes, Vergara plantea que 'son pocos los que han enmendado su rumbo' y que en el caso de los ministros que se han integrado en los últimos meses al máximo tribunal, 'zigzaguearon notoriamente este año', lo que sería una consecuencia de que 'no hay sanción ninguna y lo que hacen los nuevos ministros es seguir el negativo ejemplo de varios más antiguos'.

'La Corte ha demostrado que no desea establecer, mediante su sistema de autogobierno institucional, una regla según la cual se regule el zigzagueo. Quizás habría que promoverlo como tarea para la Convención Constitucional', dice.

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