El Mercurio Legal
En junio de 2020, en pleno confinamiento nacional, se anunciaban los primeros avances en investigación hacia una vacuna y ya el Gobierno anticipaba la posibilidad de “expropiar” o “confiscar” la patente de un laboratorio. Al mismo tiempo, en la OMC, India y Sudáfrica proponían “limitar en forma temporal —hasta generalizar la cobertura de la vacunación a nivel mundial y lograr inmunidad para la mayoría de la población del mundo— las patentes de vacunas y tratamientos frente al Covid”.
Casi dos años más tarde es posible constatar que la gestión de las vacunas en países desarrollados y en los que aspiran al desarrollo fue eficaz y que algunas empresas farmacéuticas ayudaron a la comunidad facilitando una parte de su propiedad intelectual. Estos dos hechos permiten señalar que esas gestiones fueron más rápidas que las expropiaciones propuestas —incluso antes de que existiera una vacuna— lográndose una vacunación masiva de la población y una baja evidente de los contagios.
Semanas atrás el virus mutó y reconquistó al mundo con las variables Delta y Ómicron, lo que recuerda el frágil equilibrio entre salud y enfermedad, entre vida y muerte. Junto a estos rebrotes reaparecieron en redes sociales personajes que aprovechan el anonimato para abogar por el fin de los derechos de Propiedad industrial, abrazando banderas de bien común, igualdad y justicia social.
Sin embargo, en vez de bregar por expropiaciones, es momento de reforzar los derechos de propiedad y de propiedad intelectual, junto con establecer políticas estatales fuertes de fomento a la investigación y desarrollo, rebajas de impuestos para quienes logren unicornios, centauros, vacunas, producir hidrógeno verde, baterías de litio, en fin, soluciones para llevar a Chile al desarrollo.
¿Está todo por hacer en el campo de la innovación y de la propiedad intelectual o hay que comenzar de cero o refundar? La historia ha demostrado una y otra vez que la refundación no siempre lleva a buen puerto. La historia legislativa de Chile y comparada nos llevan a similar conclusión.
Al revisar la legislación nacional y los tratados internacionales suscritos por Chile se observa una Constitución que consagra el Derecho de Propiedad y el Derecho a la Propiedad Intelectual, leyes que establecen privilegios industriales como las patentes y los diseños industriales, leyes que hacen apropiable y, por ende, protegible los secretos industriales, una ley de fomento a la I+D, entre otras. Parecería que “lo tenemos todo”; sin embargo, además de no eliminar o debilitar estas instituciones, para acercarnos a los países escandinavos, Suiza u otros modelos a seguir, se requeriría profundizar algunos aspectos.
Primero, que la nueva Constitución establezca reglas claras consagrando el Derecho de Propiedad y el Derecho de la Propiedad Intelectual y, asimismo, normas excepcionales y diáfanas respecto del derecho del Estado a expropiar y otorgar licencias obligatorias, en casos especialísimos y contra pago real para sus dueños.
También se requiere una institucionalidad que comprenda el tema cabalmente y con visión de largo plazo y que asigne los recursos necesarios para examinar a fondo las solicitudes de patentes en plazos más cortos de los actuales, ya que la velocidad de desarrollo de la tecnología resta toda fuerza a la protección de las invenciones si tramitarla toma más de cinco años.
Otro punto es avanzar en una legislación que contemple rebajas y exenciones tributarias reales y alcanzables, y en una institucionalidad que no solo asista a quienes soliciten esos beneficios, sino que además controle de modo eficaz si hay méritos para otorgarlos. En el corto plazo implicará menor recaudación, pero en el largo plazo permitirá crear empleos, industrias, progreso y más riqueza para Chile.
Igualmente, debieran existir leyes que consagren penas pesadas para quienes “roben” tecnología y desarrollos y sanciones verdaderas para los que recurran a la competencia desleal.
Además, debieran establecerse leyes tributarias con rebajas y exenciones de impuestos reales y de largo plazo para inventores y desarrolladores de nuevas tecnologías y para quienes se atrevan a invertir en ellas para llevarlas a escala industrial.
La futura norma constitucional —que esperamos exista y no sea de la lista de las ausentes—, así como una ley fuerte de Propiedad Industrial en sintonía con las normas tributarias —hoy casi inexistentes en la materia—, son herramientas que, usadas correctamente, deberán llevar a Chile al desarrollo.
