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La historia es la siguiente: todo comenzó con la publicación de la ley 21.200 que da vida al proceso constituyente el 24 de diciembre del 2019, en donde se establecen las normas que rigen a la Convención Constitucional. Pero previo a esto, los partidos políticos sellaron el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución. Hoy, tanto abogados que integraron la Comisión Técnica -que elaboraron el escrito de la reforma constitucional que pavimentó el camino hacia una nueva Constitución- como actuales convencionales, hacen hincapié en que hay varios aspectos a considerar si se busca cambiar las reglas del juego, ya sea para aumentar el plazo de la Convención o para modificar la pregunta del plebiscito de salida.
Fue la propia presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, quien en uno de sus primeros puntos de prensa se refirió a los plazos del órgano: “Estamos avanzando para sacar el producto final (nueva Constitución). Sin embargo, si decidimos consensuar dentro del Pleno extender, pedir los apoyos del Congreso, tenemos que ver bien cuál va a ser el objetivo de esa extensión. Si es para la participación, por ejemplo, a mí me parece maravilloso, pero es una discusión que tenemos que dar como Pleno y constituyentes”.
Las convencionales Marcela Cubillos (independiente-UDI) y Katerine Montealegre (UDI), ambas en entrevista con El Líbero señalaron que si se planteaba la posibilidad de extender el periodo, se podría, entonces, revisar otros aspectos del acuerdo. Como por ejemplo, modificar la pregunta en la papeleta del plebiscito de salida.
La ex ministra afirmó que si se abría el debate de cambiar las reglas del juego que fueron “plebiscitadas, aprobadas y acordadas”, entonces que se analizaran otros puntos. “Algunos podrán querer aumentar el tiempo, yo puedo querer cambiar la pregunta del plebiscito, por ejemplo”.
Planteó en el Podcast Constituyente de El Líbero que si se rechazara la propuesta de la Convención, en vez de establecer que sigue rigiendo la actual, se podrían generar otras alternativas: “Uno podría decir que el Presidente envíe al Congreso un proyecto de reforma y que tendrá un año para despacharlo y eso se plebiscita al año siguiente. O votar dos proyectos, uno de mayoría y uno de minoría”, propuso.
En tanto, Katherine Montealegre al ser consultada sobre la posibilidad de extender el periodo, subrayó: “Si comenzamos a replantearnos el acuerdo del 15 de noviembre respecto del plazo a mí me nacen una serie de interrogantes: ¿Se debe aumentar el plazo? ¿De cuánto será esta extensión? ¿Será que ese plazo deberá ser plebiscitado? ¿Podemos modificar también las opciones del plebiscito de salida? ¿Podremos cambian la pregunta del plebiscito entre aprueba o rechaza por someter a votaciones dos o más propuestas de texto alternativos?
En la misma línea se encuentra el convencional Arturo Zúñiga (UDI), pero hace un punto y reflexiona: “Si es que no llegamos con la propuesta de nueva Constitución en el plazo que corresponde sería algo decepcionante para la ciudadanía”.
Sin embargo, agrega: “Si se abre la posibilidad de tener más tiempo, eso tiene que venir de la mano con otras propuestas. Si vamos a cambiar las reglas, que se haga de forma democrática a través de deliberación en el Congreso Nacional, pero esas nuevas propuestas sí tienen que incluir, por ejemplo, la opción de que en la papeleta de plebiscito existan otras opciones”.
Ante este escenario propone: “Si la presidenta de la Convención en conjunto con el Pleno acuerdan llevar al Congreso Nacional un aumento de plazo, esto tiene que venir de la mano con un cambio en la opción de papeleta del plebiscito donde se deje atrás la Constitución actual y se ponga una opción de minorías. En caso contrario, que dé la facultad para que el Presidente electo Gabriel Boric, en un plazo de 90 días, envíe un paquete de medidas de reforma constitucional para que sean tramitadas en el Congreso de acuerdo a lo que está pidiendo la ciudadanía”.
La convencional Rocío Cantuarias (Independiente-Chile Vamos) dice que es válido abrirse a todo, ya que “el principio de realidad superó las normas que están aprobadas”. Añade: “Si se va a abrir el plazo, lo primero a lo que hay que abrirse es a ponerse serios en la Convención. Si hay que abrir el debate que sea válido revisar otras cosas”.
Ruggero Cozzi: “El plazo debe mantenerse y nosotros acelerar nuestro trabajo”
Dentro del mismo sector de derecha en la Convención, quien no ve con buenos ojos la idea de postergar el periodo es Bernardo Fontaine (Independiente-RN): “Me parece que las reglas están claras y las fechas también. La Convención debe concentrarse en sacar adelante un proyecto de Constitución y uno bueno, que refleje cambios en libertad y con énfasis social”.
Tampoco es un hecho positivo para el convencional Ruggero Cozi (RN) quien advierte: “Hemos hecho un enorme esfuerzo para mantener a la Convención dentro del marco institucional y que las reglas se respeten. El país y la economía no resisten tanta incertidumbre. Creo que el plazo debe mantenerse y nosotros acelerar nuestro trabajo. Cualquier cambio a las reglas del proceso, a estas alturas, va a estar rodeado de cálculos oportunistas y eso no es sano para la legitimidad democrática del trabajo que estamos realizando”.
Marisol Peña y cumplir con el plazo: “Lo veo muy difícil”
El planteamiento de postergar el plazo nace debido a los atrasos de la Convención. En donde muchos afirman que transcurridos seis meses, aún no se entra en el debate de contenidos, y eso preocupa porque apuntan a que queda solo febrero y marzo para aquello. Pues a fines de abril comienza el proceso de armonización. Por lo que postulan que es difícil llegar en tiempo y forma.
A esto se suma el proceso participativo, que ha generado mucha exceptivas y se ve en la cantidad de iniciativas populares que se han presentado. “Para mí el tema es si están dadas las condiciones para cumplir el objetivo de tener la Constitución en el plazo del año. Y lo veo muy difícil, muy difícil. Por la mecánica de trabajo”, confiesa Marisol Peña, profesora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo y ex presidenta del TC.
No obstante, la abogada constitucionalista toma distancia ante el supuesto de modificar la papeleta. “Modificar la pregunta no es lo mismo que modificar el plazo. Modificar el plazo para cumplir el objetivo de una nueva Constitución sigue cumpliendo la voluntad popular, pero en cambio si modificamos la pregunta podríamos estar distorsionando la voluntad popular que hizo este proceso constituyente con estas modalidades y no otro”, concluye.
Desde la vereda de convencionales de izquierda se ve una postura distinta. Se muestran a favor de mantener los plazos. Uno de ellos, es el integrante del Colectivo del Apruebo, Luis Barceló: “No soy partidario de una solicitud de esa naturaleza, porque tenemos que respetar las normas que están absolutamente claras en la reforma constitucional que creó la ley 21.200″.
Barceló agrega: “Además, va generar incertidumbres económicas lo que no es bueno para el gobierno que viene, que es un gobierno progresista y que necesita la mayor cantidad de voluntades aunadas para poder cumplir su programa de gobierno”.
Por otro lado, Fuad Chahín (DC) señala que modificar los plazos es “jugar con fuego” y hace un llamado a la Convención: “Trabajemos por lo que nos encomendó la ciudadanía que es proponer una nueva Constitución dentro de plazo. Hay muchos voladores de luces que al final del día nos desconcentran de nuestra tarea. Yo los llamo a retomar el trabajo en función del objetivo”.
Y en una línea similar a Marisol Peña, el convencional Andrés Cruz (Colectivo Socialista) advierte: “Cualquier modificación en las reglas aplicables en el plebiscito de salida, preguntas y otros aspectos ya regulados constitucionalmente me parece que el problema es el mismo, además de poner en riesgo la legitimidad del proceso al modificarse las reglas que se le dieron a la ciudadanía en el plebiscito de entrada y la elección de convencionales”.
Ernesto Silva: “Si hay propuestas específicas se tienen que evaluar en su mérito”
Los abogados Arturo Fermandois, Sebastián Soto y Ernesto Silva participaron en el trabajo de conformar la Comisión Técnica que dio vida a la Ley 21.200 y que permitió el proceso constitucional. Pese a que ningún está de acuerdo en modificar los tiempos por hacerlo, sí entregan matices.
Para el académico en Derecho Constitucional de la UC, Sebastián Soto, no es conveniente extender el plazo ni modificar ninguna otra regla del proceso, debido que 12 meses no es poco.
“Debemos comprender que los momentos constitucionales son procesos siempre complejos que, por diversas razones, dificultan que se retome la política regular. En Chile necesitamos volver lo antes posible a la normalidad y un requisito para que ello ocurra, aunque no el único, es que la Convención termine pronto su trabajo y proponga un texto”, señala Sebastián Soto.
Mientras que Arturo Fermandois, abogado constitucionalista y académico de la UC, señala que alterar el marco es “fallar a la confianza” que puso la ciudadanía en lo que se plebiscitó. Asimismo, plantea que “no me parece adecuado que los plazos se prorroguen aun para una tarea importante como ésta, porque cuando se entra sin argumentos precisos, como fue el caso de postergación por razones sanitarias, no se sabe cómo se termina”.
Ernesto Silva, vicerrector de la UDD, señala: “No soy partidario de hacer esos cambios al menos ahora. La Convención tiene que avanzar en los contenidos y hacer una propuesta de nueva Constitución.
No obstante, recalca: “Las propuestas específicas se tienen que evaluar en su mérito, como por ejemplo, el hecho de cambiar la pregunta”.
