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Han pasado 131 días desde la instalación de la Convención. En este tiempo los constituyentes trabajaron en ocho comisiones transitorias para dar forma a cuatro reglamentos de funcionamiento interno, dieron inicio al debate constitucional, elaboraron su cronograma de trabajo y abrieron convocatorias a audiencias públicas en dos oportunidades.
Actualmente, los convencionales están organizados en siete comisiones temáticas para redactar las propuestas de normas para la Constitución.
Pero, además, hay otros cuatro órganos que han debido conformar estas semanas: las comisiones de Derechos de pueblos indígenas y plurinacionalidad, Participación popular, Transversalización y Promocional de ética y de buen vivir, y una instancia de Armonización que se debe constituir en abril.
En forma paralela, los convencionales han deliberado sobre la conformación de otros órganos en los que participan profesionales externos, como el Comité de Ética (cinco titulares y cinco suplentes), la Secretaría Técnica (cuatro integrantes), la Secretaría de participación popular (16) y del Comité de asignaciones (seis).
A ellos se suman la Secretaría de la Convención, que funciona con seis personas encabezadas por John Smok; cinco funcionarios del Senado y otros cinco de la Cámara de Diputados que ofician como secretarios de las comisiones, y aproximadamente diez abogados ad honorem como ayudantes en dichas instancias.
Por su parte, el equipo de comunicaciones de la Convención considera ocho personas. Además, hay alrededor de 12 funcionarios que trabajan en transparencia, administración y archivo, tres en informática, un prevencionista de riesgos, una enfermera y 11 funcionarios de apoyo en el Comité de asignaciones. Todos ellos se suman a 40 trabajadores de la Secretaría Administrativa (el enlace entre la Secretaría General de la Presidencia y la Convención).
A todo lo anterior se añade que, según el reporte de gestión de asignación "personal de apoyo" del comité encargado de gestionar dichas remuneraciones, entre el 1 de septiembre y el 28 de octubre, se tramitaron pagos a 373 personas naturales por diversas asesorías a convencionales.
Así, junto con los 155 convencionales (Rodrigo Rojas Vade no ha presentado su renuncia oficial), la Convención funciona actualmente con alrededor de 500 personas más, sin contabilizar a quienes realizan asesorías ad honorem, aunque estos no tienen acceso liberado al ex-Congreso ni al Palacio Pereira.
Un complejo engranaje que según un informe realizado por Claudio Fuentes, académico de la UDP y de la Plataforma Contexto, no es excepcional. Al igual que nuestro país, Nepal, Ecuador y Bolivia contemplaron asesorías pagadas en sus procesos constituyentes. Además, esos tres países junto a Venezuela, Sudáfrica y Colombia consideraron un staff de apoyo técnico.
En su análisis, el académico indica que "en términos comparativos, el caso de Chile muestra altos estándares en términos de transparencia en materia de asesoría técnica" y señala que "la exigencia ciudadana e institucional ha sido mucho más alta. Hay un elemento de control social respecto de este estándar".
"Parlamentarización"
En la sesión plenaria del 3 de noviembre, el exdiputado y convencional Renato Garín (ind.) recalcó que cada vez la Convención se parece más al Congreso, aunque con matices. Por ejemplo, mientras el Congreso tiene una semana distrital, tiempo para "incidentes" y se organiza en bancadas políticas, en la Convención tienen la semana territorial, los “temas emergentes” y funcionan en colectivos.
Marcela Peredo, profesora de Derecho Constitucional e investigadora de POLIS, Observatorio Constitucional de la U. de los Andes, plantea que la Convención es un órgano “deliberativo, que debe parlamentar en tanto escuchar, tolerar las discrepancias y llegar a acuerdos”, pero que "en el aspecto más jurídico, se ha complejizado esta Convención a partir de las mismas comisiones y subcomisiones". Y añade: "El asunto es que la Constitución debe ser una unidad y no ser dirigida a algunos problemas o temáticas, sino a proteger los derechos de todas las personas".
A Javier Couso, abogado constitucionalista de la UDP, no le parece que "para algo tan complejo como una nueva Constitución, sea sobrecomplejo que haya tal cantidad de comisiones temáticas con esas otras comisiones transversales". Añade que "la mayor cantidad de asesores especialistas, en el largo plazo, ayuda a simplificar, porque ven problemas a tiempo".
Ajustado cronograma
Mientras los convencionales terminan de afinar algunos de los órganos internos de la Convención, las comisiones temáticas están recibiendo audiencias públicas. Y es que los plazos siguen corriendo y habiendo transcurrido poco más de cuatro meses desde su instalación, recién esta semana se abrió el plazo para ingresar propuestas de normas.
El cronograma aprobado por el pleno la semana pasada (ver infografía en página 8) ya considera hacer uso de los tres meses de extensión de plazo que permite la Constitución vigente, pero igualmente, al interior de las comisiones, los constituyentes han mostrado su preocupación por los tiempos.
El coordinador de la comisión de Conocimientos, Ignacio Achurra (Frente Amplio), señaló en la sesión de este martes que "hacer este cronograma (de su comisión) ha significado un gran esfuerzo (...) para lograr hacer calzar en unos tiempos extremadamente exigentes por la cantidad de actividades, procedimientos y mecanismos que nos hemos autoimpuesto".
Ese mismo día, en la comisión de Sistema político, Francisca Arauna (Pueblo Constituyente) afirmó que "tenemos un problema que hay que enfrentar. En el flujo de construcción de norma no existe una consideración de los mecanismos de participación popular” y agregó que “estamos absolutamente contra el tiempo".
Al respecto, convencionales UDI elaboraron un documento donde afirman que algunas comisiones han establecido actividades en sus propuestas "que no respetan los plazos del reglamento ni del cronograma general" y solicitaron, a través de un oficio, que en la mesa "den certeza de los tiempos para la participación popular".
Constanza Hube (UDI) expresa que "está primando el voluntarismo por sobre el único principio que no está en el reglamento, que es el principio de realidad y en algo tan serio como es la participación ciudadana".
El plazo de ingreso de iniciativas populares de norma estaba planificado para el lunes 8 de noviembre, pero se pospuso hasta el 22 porque no se ha habilitado la plataforma necesaria.
Según el cronograma, las comisiones tendrán hasta marzo para terminar sus propuestas de normas que tiene que votar el pleno, pues a fines de abril se debe constituir la comisión de Armonización, que revisará la coherencia de lo aprobado antes de que el 28 de mayo se realice el eventual plebiscito dirimente.
Pero ese plazo también podría estar demasiado ajustado. Francisco Urbina, integrante del Foro Constitucional UC y coautor del documento "El camino hacia una nueva Constitución: tiempos y plazos de la Convención Constitucional chilena", señala que "tiene que haber un tiempo suficiente de armonización" que de acuerdo al informe debiese durar dos a tres meses, ya que en caso de que en la fase de elaboración las comisiones temáticas produjeran un "gran número de textos contradictorios entre sí, o si estos son poco representativos, pueden producirse bloqueos y retrasos de última hora".
