La Tercera
Cualquiera que lea el informe Valech y se ponga en el lugar del otro entendería los motivos por los que un torturado podría querer que su caso no sea ventilado: proteger a su familia del suplicio que le causaría conocer el detalle de las torturas; impedir que un hijo sepa que su padre fue un violador; librar a sus familiares de una vida llena de odio; evitar la vergüenza de que se conozcan las múltiples violaciones sexuales sufridas; honrar la memoria de un familiar obligado a desarrollar actos sexuales con el torturado… los motivos son tantos como fue la originalidad de los atormentadores.
La Comisión de DD.HH. de la Convención Constitucional (CDH), emitió su propuesta de bases, principios y normas de derechos humanos, individuales, colectivos, ambientales y de la naturaleza. Algunas conclusiones de dicha propuesta son apreciables. Sin embargo, otras son crípticas, generan el desencanto de algún experto en Derecho Internacional, o dan lugar a más de alguna crítica. Una de las que más ha captado la atención, quizá por venir de un órgano llamado a pensar en las personas, es la propuesta de dejar sin efecto el embargo de 50 años de la información entregada a la Comisión Valech.
Dicha propuesta genera extrañeza porque cualquier víctima que quiera hacer público su caso puede hacerlo. También puede solicitar al INDH los antecedentes que ella hubiera entregado a la Comisión Valech, los que les serán entregados rápidamente. La CDH quiere más, quiere ir más allá de quienes voluntariamente hagan público su caso. Es cierto que la CDH afirmó: “Se reconoce el derecho de las víctimas a mantener el carácter secreto”. Sin embargo, la CDH busca invertir el sistema, de modo que las víctimas no estén automáticamente amparadas por el embargo. Así, quienes quieran mantener en secreto sus declaraciones deberán expresar su voluntad en ese sentido, mediante un trámite que puede ser complicado. ¿Qué pasará con el secreto de quienes ya han fallecido? ¿y con quienes no tengan la capacidad física de hacer el procedimiento o los recursos tecnológicos para tramitarlo por internet? ¿y con los que simplemente no hayan sabido de esta nueva obligación? ¿habrá presiones de ONG hacia quienes quieran mantener el secreto?
Esto puede explicar por qué casi todos los integrantes vivos de la Comisión Valech, así como el Presidente Lagos -que encargó dicho trabajo-, se manifestaron en contra de levantar el embargo. La coordinadora de la CDH, Manuela Royo, justificó la propuesta diciendo que fueron las mismas ONG de DD.HH. las que pidieron levantar el embargo (es curioso que lo hagan, pues si son representativas de las víctimas, podrían pedirles que hagan pública su información). Sin embargo, la CDH no es la portavoz de ONG que por intereses corporativos podrían olvidar el querer de los torturados concretos. Ella forma parte de un órgano del Estado; del mismo Estado que se comprometió con las víctimas, que les aseguró a modo de confidente que guardaría su secreto. Muchas víctimas confiaron, abrieron los siete sellos con que guardaban sus recuerdos, y por primera vez relataron a alguien los pérfidos detalles de sus tormentos. Si el Estado cambia las normas sobre el embargo puede congraciarse con ONG de víctimas anónimas, pero defraudará y revictimizará a muchos torturados, a personas concretas que volverán a sentir que un órgano estatal los despoja de su dignidad.
