La Tercera
Estamos mirando permanentemente al oriente para ver si nuestra cordillera está nevada y revisamos con preocupación los pronósticos del tiempo para ver si llegan las lluvias. Según el Ministerio de Obras Públicas, este será uno de los años más secos de la historia, y las proyecciones de la Actualización del Balance Hídrico de la Universidad de Chile, para el periodo que va desde 2030 al 2060 puede haber una disminución de las lluvias de un 50%; además, según el informe ONU sobre calentamiento global, el norte y centro de Chile tendrá un alza de temperatura mayor al promedio del planeta. Es decir, en vez de encontrarnos en el fondo del abismo, tal vez estemos solo en el borde de él.
Frente a la escasez, solo se puede administrar el agua con que se cuenta, y para ello nuestra regulación no nos da muchas herramientas, porque solo permite a la autoridad restringidos instrumentos para poder limitar el ejercicio de los derechos de aguas ya otorgados, y casi nulas facultades para intervenir en la gestión de los titulares de dichos derechos.
Las leyes no pueden hacer llover, pero pueden generar instrumentos que permitan invertir en búsqueda de una solución. Un ejemplo de ello es el proyecto de ley sobre desaladoras que está en el Senado (Boletín N° 11.608-09), en el que se busca dar la calidad de bien nacional de uso público a las aguas que resulten del proceso de desalación y de otorgar una concesión a los proyectos de desaladoras.
La inspiración del proyecto de ley se interpreta más que nada como un mecanismo de restricción al uso de las aguas resultantes de la desalación y de generar más cargas a los desarrolladores. Sin embargo, creo que con algunos cambios al proyecto podría transformarse en una ley que sea un real incentivo a la construcción de nuevas desaladoras y una solución a la sequía. Entre esos cambios podrían estar la de dar seguridad jurídica a las desaladoras ya construidas y a las futuras a través de una protección sobre la nueva concesión, y que esta misma concesión tenga la fuerza para poder constituir servidumbres forzosas sobre los predios que serán gravados con los acueductos por los que se transportará el agua hasta los puntos de consumo (tal como se hace en materia eléctrica o minera).
Al ser un país tan delgado, Chile tiene una geografía ideal para utilizar las desaladoras como su más importante fuente de suministro de agua. Las empresas mineras que ya la tienen como su principal forma de abastecimiento tienen que cruzar todo el territorio a lo ancho hasta llegar a sus faenas en la cordillera. En cambio, para el suministro de agua para las ciudades o para riego, solo se tiene que llegar a la depresión intermedia en donde se encuentran los embalses. Es más, se puede utilizar energía renovable que tienen un menor factor de planta para impulsar el agua desde la costa hasta los embalses, ya que, a diferencia de la minería, no es necesario bombear en forma permanente.
Creo que una buena ley de desaladoras, en donde se fomente y se proteja estas inversiones, podría ser un primer paso para poder salir de la sequía que se avecina y nos haga mirar con tranquilidad hacia el poniente en vez de hacerlo con angustia hacia el oriente.
