El Mercurio / Cooperativa.cl / 24Horas.cl
La comisión de Constitución del Senado recibió de manera formal un informe de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica (PUC) sobre el proyecto que busca conceder indulto a los denominados 'presos del estallido', iniciativa que actualmente se discute en primer trámite.
Fue la comisión de Constitución la que solicitó el parecer a la PUC, así como a otras casas de estudios superiores en que la Católica del Norte fue la primera en responder, mientras el Instituto de Ciencias Penales pidió ser dispensado ante la falta de acuerdo interno para remitir un informe a la comisión.
En el caso de la PUC, el texto desarrolla su respuesta en torno a cuatro ejes, pertinencia legal y doctrinaria de la institución propuesta, naturaleza jurídica del beneficio que se consulta; experiencias comparadas similares y concepto de presos políticos y pertinencia de aplicarlo al proyecto individualizado.
Cierra el análisis una 'evaluación general del proyecto y conclusión', la que indica que se puede determinar que la 'institución de que trata el proyecto es impertinente respecto de los hechos que pretende regular', vale decir, se puede inferir que no es adecuada u oportuna. Si bien el informe lo firma el decano de la Facultad de Derecho de la PUC, Gabriel Bocksang, en su introducción aclara que la respuesta 'no representa institucionalmente a nuestra facultad, aun cuando he consultado a profesores de nuestros distintos departamentos académicos para su elaboración' y posterior envío.
El documento señala dos razones que 'podrían ser tenidas a la vista para afirmar que el proyecto no sería pertinente jurídicamente'. En primer lugar, 'existe una posible afectación al derecho a conocer la verdad sobre los delitos ocurridos. Es necesario indicar que el proyecto se refiere a delitos que han afectado a terceros que han sufrido afectaciones a su vida, integridad personal y patrimonio, entre otros derechos. Por lo tanto, una ley de indulto (amnistía) que detenga los procesos judiciales transgrediría de manera grave el derecho de las víctimas a conocer la verdad (...)'.
Y en segundo lugar, 'eventualmente podría haber una discriminación arbitraria al excluirse de manera genérica a los funcionarios públicos que participaron en el control de los desórdenes y delitos cometidos'.
Junto con el ingreso formal del informe de la PUC, ayer también fueron invitados a la comisión de Constitución de manera remota familiares de los llamados 'presos de la revuelta': De la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos, Jaime Fuentes; del Grupo Iniciativas por la Libertad de los Presos Políticos de la Revuelta, Raquel Torres, Verónica Verdugo, Carolina Oyarzún y Jorge Ulloa; y de la Agrupación Madres de la Plaza Colón, Marcela Mercado y Francis Espinoza, quienes dieron testimonio de los casos de sus parientes.
Para la sesión de hoy, en tanto, se espera la asistencia de los representantes de las víctimas y comerciantes de las llamadas zonas cero de Valparaíso, Santiago y Ñuble; y en otras dos sesiones se tiene programada la exposición de abogados de los familiares de los 'presos de la revuelta'. Solo después de eso el proyecto se pondría en votación en la comisión de Constitución, la que preside el senador Pedro Araya (ind.).
De acuerdo a ese cronograma, la Sala del Senado podría votar próximamente en general la propuesta. Para ese día, se deberá tener resuelto el quorum de votación, el que no está del todo claro si correspondería a mayoría absoluta (22 votos) o a 3/5, al incorporar una nueva facultad a tribunales.
