La Tercera
La propuesta de colegiatura obligatoria para abogados y médicos no solo se opone a la libertad de asociación, a la libertad de trabajo, y a la libertad de contratación. Supone que algunos dirigentes gremiales tienen legitimidad para obligar a sus pares a pertenecer a su organización, y luego para juzgarlos y aplicarles sanciones. Los gremios profesionales son una mezcla entre organismos de lobby y club de colegas.
Por regla general, sus directivos son elegidos con criterios políticos. ¿Hay en un tribunal gremial suficientes garantías de independencia e imparcialidad? ¿Confiaría la ciudadanía, donde se encuentra el grueso de los clientes que se ven afectados por las faltas éticas de médicos y abogados, que será el propio colegio profesional el más indicado para crear y aplicar el listado de las conductas “no éticas”? ¿Quién revisará las sentencias? ¿Qué reglas de transparencia utilizarán? Sin duda, es necesario sancionar las malas prácticas profesionales, pero no podemos equivocarnos de lugar. ¿Podemos garantizar que el amiguismo y el coleguismo no afectarán las decisiones de los tribunales de ética, que no se utilizará para vendettas, o que no existirán llamadas y presiones para la proteger a los más cercanos? Aunque así fuera, la duda es plausible, y terminará mellando al sistema. Al buscar la tuición universal sobre una profesión, los colegios buscan en verdad convertirse en un tribunal de justicia, de esos que solo pueden ser creados por ley.
Y si sus “códigos de conducta” permiten la posibilidad de expulsar o inhabilitar temporal o perpetuamente a un socio para el ejercicio de la profesión (como generalmente sucede en este tipo de organizaciones), el mecanismo además estaría infringiendo las exigencias más básicas y universales del derecho penal (tipicidad, legalidad, etcétera). Y las dudas siguen: si la colegiatura incluye la obligación de pagar cuotas, tendríamos el primer impuesto específico creado y fijado por un gremio.
Por otro lado, ¿sería un monopolio? ¿o existirá la posibilidad de crear muchos colegios de abogados? Con todo, el argumento más fuerte es empírico. ¿Ha logrado el actual sistema de control ético del Colegio de Abogados (o del Colegio Médico) éxitos tan notorios entre sus miembros como para proponer la colegiatura forzada?, ¿vemos en ellos que tienen conductas de excelencia?, ¿nadie conoce faltas graves de sus asociados que hayan quedado en la impunidad? Es urgente impulsar las reformas que permitan la sanción efectiva de abusos y malas prácticas en ejercicios profesionales, pero también en muchos otros ámbitos de la vida nacional. Sabemos que parte del estallido social tiene que ver con eso. En tiempos convulsos como los que vivimos, los abogados debiéramos aportar moderación y cordura, así como recordar nuestros compromisos internacionales sobre derechos fundamentales, expresamente excluidos del proceso constituyente.
La propuesta de colegiatura obligatoria nos permite constatar que las diferencias entre las personas pueden ser más profundas de lo que habitualmente suponemos. No solo se dan en los planos de poder adquisitivo, belleza física, o capacidad intelectual, sino también en nuestras ideas de justicia y de los principios más básicos de la organización social.
