La Tercera
SEÑOR DIRECTOR
En su cuenta anual, la Defensoría Penal Pública presentó un interesante estudio realizado con Cadem sobre imagen y posicionamiento de la institución en la opinión pública, pero que además indagó sobre derechos y garantías de las personas.
El estudio destaca que un 63% de los encuestados cree que el sistema procesal penal no respeta ni garantiza los derechos humanos; que tendría en la inequidad social su principal falencia, lo que se manifiesta en que el 52% considera que los juicios y condenas dependen del origen socioeconómico de las personas, y que aquellas de ingresos altos tienen mayores posibilidades de enfrentar un juicio justo, afirmado por el 49% de los participantes. Más dramática aún es la opinión del 23% que considera que los pueblos originarios no tienen ninguna posibilidad de tener un juicio justo, así como el 16% que cree que aquello es imposible en el caso de los migrantes.
El desconocimiento de los derechos humanos (42%) y especialmente de los derechos de las personas durante una investigación penal (72%), se transforma en un factor fundamental a abordar para la verdadera democratización de los DD.HH., con una difusión que permita comprensión y ejercicio de ellos.
El estallido social, así como la gestión de la pandemia, han evidenciado y profundizado brechas y demandas insatisfechas, así como el débil compromiso de la autoridad con el reconocimiento y respeto de los DD.HH.
El proceso constituyente es una oportunidad para plasmar en la nueva Carta los derechos fundamentales de orden penal, que garantice a todas las personas el más pleno respeto de los derechos humanos.
