El Mercurio
Una mala noticia para Chile trae el nuevo informe sobre libertad religiosa en el mundo realizado por la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre (ACN). El estudio, que se presenta hoy, es bianual y se entrega desde 1999, y esta es la primera vez en que el país aparece entre aquellos en que las creencias religiosas y su práctica estarían siendo vulneradas.
“Chile se encuentra en el grupo llamado de observación”, categoría en que se ubican las naciones en las que se han manifestado factores de reciente aparición y que preocupan, porque podrían conducir a una degradación de la libertad de religión”, explica María de los Ángeles Covarrubias, presidenta de ACN Chile. En Iberoamérica y el Caribe están también en esta categoría Guatemala, Haití, Honduras y México.
Analizando el panorama regional, Paulina Eyzaguirre, abogada e investigadora del Centro Derecho y Religión de la U. Católica, indica que “varios países de Iberoamérica están inmersos en crisis sociopolíticas agravadas por la violencia debido a la ausencia de un Estado de Derecho, el tráfico de drogas, la corrupción y, para empeorar las cosas, la pandemia de covid-19”.
Chile no está entre las naciones donde es posible identificar hostilidad proveniente del Estado —como ocurre en Cuba, Venezuela y Nicaragua—, pero sí entre aquellas en las que se advierte una amenaza.
El informe escoge el chileno como “caso ilustrativo”, dando cuenta de la quema de iglesias durante la crisis social: “Fue durante estas manifestaciones, entre octubre de 2019 y octubre de 2020, cuando se denunciaron los saqueos y la destrucción de iglesias. Al final se cometieron actos vandálicos y daños en 59 iglesias de todo el país, 53 de ellas católicas y seis evangélicas”, indica el estudio.
Agrega que entre los actos de violencia se cuentan profanaciones del Santísimo Sacramento, interrupción de servicios religiosos y daños en puertas y verjas de templos, como también la quema de bancos y destrucción de imágenes para construir barricadas.
“Aunque las autoridades chilenas condenaron actos, no se ha abierto una investigación oficial completa, a pesar delas peticiones de la Iglesia para que se investigue (en algunos casos se sabe quiénes fueron los autores)”, sentencia el documento.
Respecto de Chile, el estudio releva una arista positiva: que el derecho a la libertad religiosa ha recibido el amparo de sentencias de tribunales superiores, como en Brasil, Costa Rica, Honduras, Jamaica y Colombia.
Laicismo y religión
El análisis advierte que en varios países de la región hay un creciente debate sobre el laicismo y el espacio de la libertad religiosa en la vida pública. Consultado por “El Mercurio”, Thomas Heine-Geldern, presidente ejecutivo de la Fundación ACN Internacional, plantea que un Estado laicista no tiene por qué ser visto como una amenaza para la libertad religiosa. “Al contrario, una clara separación de religión y Estado es lo que demanda la mayoría de las comunidades religiosas perseguidas.
El problema es que algunos piensan que todo lo referente a la religión debe desaparecer, es un Estado secular con separación entre Estado y religión, donde el Estado cumpla con su responsabilidad de mantener el espacio público abierto a todos”, precisa.
El papel del covid-19
El informe destaca que la libertad religiosa se vulnera de algún modo en un tercio de los países del planeta (31,6 %), en los cuales viven dos tercios de la población mundial. 62 países de los 196 existentes afrontan violaciones muy graves de esta libertad. El número de personas que vive en ellos se acerca a los 5.200 millones, pues entre los que más vulneran la libertad religiosa hay naciones populosas como China, India y Pakistán.
También se acusa que la epidemia de covid-19 ha atentado contra la libertad religiosa, por la limitación desproporcionada dela práctica y del culto; la estigmatización religiosa como causante de la pandemia en países como China, Níger, Turquía, Egipto y Pakistán; la negación dela ayuda humanitaria a minorías, y porque se ha visto un aumento del yihadismo en zonas sin control estatal Durante estos últimos dos años, los gobiernos autoritarios y los grupos fundamentalistas habrían intensificado la persecución religiosa, reduciendo a las minorías religiosas a “ciudadanos de segunda clase”.
